Un principio fundamental de nuestra democracia es que todas y todos participen en los procesos electorales que se registran a lo largo y ancho el país, así como que todos los sectores de la población tengan una representatividad en el poder público.

Por ello, la adopción de acciones afirmativas como medidas especiales de carácter temporal forman un pilar en la democracia electoral participativa.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha defendido estas medidas que buscan visibilizar y dar voz a la población que históricamente ha sido discriminada, por lo que ha emitido desde el 2018 diversos acuerdos en los que se han aprobado criterios para la postulación, en primer término, de candidaturas de personas de la población indígena y, a partir de 2021, para personas afromexicanas, personas con discapacidad, de la diversidad sexual y migrantes residentes en el extranjero.

El objetivo es claro: garantizar el principio constitucional del derecho al sufragio tanto activo como pasivo de todas las personas y por ello, las acciones afirmativas resultan medidas necesarias para la incorporación de estos grupos a los espacios públicos y reforzar así los estándares de nuestra democracia.

El INE ha adoptado diversos acuerdos que dan vida a las acciones afirmativas en las elecciones federales. En 2018, el INE adoptó las primeras acciones afirmativas para personas de pueblos y comunidades indígenas. En 2020 aprobó criterios para implementar acciones afirmativas en el proceso electoral federal 2020-2021. En ese proceso, los partidos políticos debieron postular un total de 30 fórmulas para personas indígenas -21 de mayoría relativa y, por primera vez, 9 de representación proporcional-; 8 fórmulas para personas con discapacidad (6 de mayoría y 2 de representación proporcional); 4 fórmulas de personas afromexicanas (3 de mayoría y 2 de representación proporcional); 3 fórmulas para personas de la diversidad, y 5 fórmulas de representación proporcional para personas migrantes y residentes en el extranjero.

Para las elecciones locales de 2021-2022 que se desarrollaron en 6 entidades federativas, se implementó el voto en prisión preventiva con la finalidad de garantizar que las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria pudieran ejercer su voto. En la elección local de Coahuila se aprobaron múltiples acciones afirmativas para personas de la diversidad sexual, migrantes jóvenes, con discapacidad, indígenas y afromexicanas, adultas mayores, personas víctimas o defensoras de crímenes de lesa humanidad, así como personas con pertenencia a cualquier grupo en situación de vulnerabilidad.

Para el proceso electoral concurrente 2023-2024 se implementaron de igual manera acciones afirmativas: 54 fórmulas para la Cámara de Diputadas y Diputados: 34 para personas indígenas (25 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional); 4 fórmulas para personas afromexicanas (3 de mayoría relativa y 1 de representación proporcional); 8 fórmulas para personas con discapacidad (6 de mayoría relativa y 2 de representación proporcional); 3 fórmulas para personas de la diversidad sexual (2 de mayoría relativa y 1 de representación proporcional), y 5 fórmulas para personas migrantes residentes en el extranjero (todas de representación proporcional).

Para este mismo proceso electoral, por primera vez en la historia de nuestra nación se implementaron acciones afirmativas para el Senado de la República: 5 fórmulas para la población indígena (4 de mayoría relativa y 1 de representación proporcional); 1 fórmula para personas afromexicanas (por mayoría relativa); 1 fórmula para personas con discapacidad (de representación proporcional); 1 fórmula para personas de la diversidad sexual (por mayoría relativa), y 1 fórmula para personas migrantes (de representación proporcional).

A nivel local, 18 entidades federativas en la elección de 2024 implementaron acciones afirmativas que garantizaron que personas en situación de discriminación pudieran acceder a candidaturas de elección popular.

Desafortunadamente, para las elecciones del Poder Judicial ni la reforma constitucional ni la legal previeron acciones afirmativas ni la garantía del derecho al voto para las y los mexicanos residentes en el extranjero y, frente a las impugnaciones presentadas, la Sala Superior resolvió que no estaban previstas en las reformas y, por tanto, el INE no podía aprobarlas para las elecciones de 2025.

Las acciones afirmativas electorales se consolidan como un componente fundamental de un sistema saludable democrático y el INE seguirá trabajando para buscar su mayor participación con miras a las elecciones políticas programadas para 2027 y las elecciones judiciales concurrentes en ese mismo año.

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