Artículo de la Consejera Carla Humphrey publicado en La Silla Rota. Consúltalo aquí.

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Un fenómeno que irrumpe el pleno crecimiento, visibilidad y representatividad política de las mujeres ha sido la violencia política que se ejerce de múltiples maneras lo que genera, además, el rompimiento de directrices instauradas en la Constitución y las leyes para el cumplimiento de la paridad de género y la igualdad sustantiva.

En este contexto, y al ser la violencia de género un caso mundial, la ONU determinó en 1999 decretar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con la finalidad de visibilizar y combatir este terrible mal.

El #25N como se ha posicionado en últimas fechas tiene el objetivo de recordarnos, reflexionar y actuar, sobre la desigualdad estructural que persiste en ámbitos como el político, económico, cultural y social y se perpetra de múltiples formas, una de ellas que ha crecido exponencialmente en los últimos años ha sido la violencia digital.

Por ello, la ONU estableció un programa de 16 días de activismo contra la violencia de género que va justo a partir del 25 de noviembre y culmina el 10 de diciembre, fecha en que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, bajo el lema -en 2025- “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas”.

La propia ONU ha catalogado que la violencia contra mujeres y niñas afecta a una de cada tres mujeres en el mundo, por lo que constituye una emergencia mundial respecto de sus derechos humanos.

En el mismo sentido en el marco del 30º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la campaña ÚNETE se dirige a la violencia digital contra mujeres y niñas.

La violencia digital se registra a través del uso indebido de imágenes o intercambio no consentido de imágenes íntimas, ciberacoso, troleo, acoso o amenazas en línea, uso de la inteligencia artificial para falsificación de imágenes, discurso de odio, publicación de información privada en plataformas digitales, suplantación de identidad, entre varias más.

En México, de acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) de 2024 y publicado en julio de 2025 a cargo del INEGI, establece que el 22.2% (alrededor de 19 millones de personas) de la población femenina de 12 años y más usuaria de internet sufrió algún tipo de acoso cibernético. Resalta el dato que el 36% de este segmento de la población que sufrió ciberacoso se hizo a través de identidades falsas.

En el terreno de la representación política la violencia digital desalienta la participación de las mujeres; difama su honor y credibilidad; afecta su salud mental, silencia voces; limita su libertad; interrumpe su crecimiento no solo político, incluso hasta personal, entre otros.

Es por ello que, para el caso de la representatividad de las mujeres en la esfera política, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha creado diversas herramientas como lo son Protocolos y Planes de Seguridad que permiten que las víctimas puedan denunciar y, además recibir medidas de protección; Manual de Autocuidado Digital que expone recomendaciones importantes a mujeres públicas tales como el registro de contraseñas fuertes, autentificación doble, etcétera; realiza campañas de sensibilización para buscar hacer conciencia de las repercusiones de la violencia digital; contiene una base de datos con las sentencias sobre violencia digital; analiza y expone los resultados de monitoreos sobre violencia digital mediática, entre las principales.

Estas acciones tomadas por el INE se basan en diversa normativa como la Ley Olimpia que reconocen y sancionan este tipo de violencia.

En lo personal desde mi posición como Consejera Electoral de la máxima autoridad electoral administrativa del país, seguiré advirtiendo e impulsando acciones para abatir este cáncer que tristemente se ha instalado en nuestra democracia en contra de las mujeres.

Consulta el artículo en La Silla Rota.

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