Las decisiones del Consejo General están sustentadas en la Constitución y la ley

La Consejera Electoral Claudia Zavala confirmó que enfrenta un procedimiento administrativo, junto con otros dos integrantes del Instituto Nacional Electoral, derivado de su voto en favor de posponer temporalmente actividades relacionadas con la organización de la revocación de mandato, ante la falta de recursos presupuestales.

La Consejera explicó que en 2022 el INE recibió el mandato legal de organizar la revocación de mandato bajo estándares similares a una elección presidencial, sin que se le asignaran los recursos necesarios. Ante esta situación, seis consejeros votaron por aplazar temporalmente algunas actividades, mientras se resolvían recursos legales ante el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Actualmente, dijo, el caso ha sido turnado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que deberá determinar si hubo abuso de funciones. “El procedimiento en curso podría derivar en sanciones que incluyen multas, suspensión o incluso la inhabilitación para ejercer cargos públicos”, mencionó. 

La Consejera Zavala subrayó que el voto emitido fue fundado en razones constitucionales y legales, y advirtió sobre el riesgo que representa perseguir a personas funcionarias por sus decisiones colegiadas. 

«No voy a hacer eco de estos amedrentamientos. Bastará con dar razones fundadas en la Constitución y la ley para seguir cumpliendo con mi deber», concluyó.