La confianza ciudadana se restaura rindiendo cuentas: Carla Humphrey

La Consejera Electoral Carla Humphrey informó que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) impulsa medidas para investigar presuntos actos de corrupción durante la gestión de Guadalupe Taddei, entre ellas auditorías externas, un sistema de denuncias anónimas para alertadores internos y una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quienes resulten responsables.

Explicó que propuso a sus colegas solicitar la revisión de todas las instancias competentes y crear un programa de Alertadores Internos para recibir información de posibles irregularidades en oficinas centrales y órganos desconcentrados del Instituto. También planteó abrir las licitaciones de adquisiciones a la participación internacional, con el propósito de evitar la concentración de contratos en un grupo reducido de empresas proveedoras.

Humphrey precisó que la investigación inicialmente propuesta comprendía el periodo de 2003 a 2006, pero posteriormente se planteó ampliarla a diez años, en atención a los plazos de prescripción de algunos delitos. Señaló que no tiene inconveniente en que se revise toda la actuación institucional, aunque advirtió que algunas conductas podrían haber prescrito y ya no generar consecuencias penales, pero permitirían fortalecer los controles administrativos y los procedimientos de contratación.

Sobre la denuncia ante la FGR, indicó que ya se contaba con un borrador en revisión por parte de las consejerías y que se contemplaba presentarlo ese mismo día o, a más tardar, al siguiente. Entre los posibles delitos identificados mencionó peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito y abuso de atribuciones, aunque aclaró que corresponderá a la Fiscalía determinar su tipificación y acreditación.

La Consejera también planteó revisar la relación del Instituto con las empresas proveedoras de documentación y materiales electorales, ante los señalamientos de posibles prácticas de concentración y acuerdos en los procesos de contratación. En ese contexto, cuestionó si los intereses de estas compañías podrían representar un obstáculo para incorporar nuevas tecnologías a la organización electoral, como el voto electrónico, las urnas electrónicas y la capacitación digital.

Respecto al futuro del INE, Humphrey consideró que los señalamientos contra una funcionaria no deben extenderse a toda la institución, al destacar que cuenta con un Servicio Profesional Electoral con más de 30 años de experiencia y una estructura nacional que continúa trabajando en la organización de los comicios. Recordó que, desde la reforma electoral de 2014, el organismo adquirió más de 70 atribuciones adicionales en los ámbitos nacional y local.

Asimismo, cuestionó la concentración de facultades que tuvo la expresidenta Guadalupe Taddei sobre las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, al considerar que debilitó la colegialidad y los contrapesos internos del Consejo General.

Humphrey sostuvo que la recuperación de la confianza ciudadana requiere transparencia y rendición de cuentas. “Hay que abrir toda la información, hacer que se revise toda la información, todos los contratos, todas las adquisiciones, ver en qué se ha gastado cada peso y cada centavo”, expresó.

Añadió que el INE debe concentrarse también en la organización del próximo proceso electoral, en el que estarán en disputa más de 20 mil cargos de elección popular. Como elemento de confianza institucional, destacó que el 99 por ciento de las personas de 18 años o más cuenta con credencial para votar, lo que, señaló, refleja la confianza de la ciudadanía en el Instituto para proteger sus datos personales y proporcionarles un medio de identificación.