Se debe fortalecer revisión de candidaturas y ajustar presupuesto del INE: Carla Humphrey
La Consejera Electoral Carla Humphrey señaló que algunas decisiones recientes adoptadas por mayoría en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) han significado una pérdida de fortalezas en los procedimientos de organización electoral, por lo que consideró necesario preservar las medidas que contribuyen a garantizar la legalidad, imparcialidad, autonomía y certeza de los procesos. Explicó que votó en contra de determinaciones relacionadas con las boletas sin dobleces, la verificación de que funcionarios de casilla no sean militantes de partidos políticos y que los observadores electorales no estén vinculados con programas sociales.
BOLETAS SIN DOBLEZ
Respecto de las denominadas “boletas planchadas”, indicó que en 2024 y 2025 se detectó un número importante de boletas sin dobleces, situación que incluso derivó en la anulación de cerca de 900 casillas. Consideró necesario contar con lineamientos claros para su tratamiento durante los cómputos distritales, de manera que dichas boletas sean separadas, se identifique la casilla de procedencia y el Consejo Distrital determine su validez mediante el procedimiento correspondiente. También señaló como una pérdida de fortaleza la eliminación de medidas de nivelación para facilitar la participación de personas en situación de vulnerabilidad como funcionarias de mesa directiva de casilla.
INICIO PEF 2026-2027
La Consejera destacó que el inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027 se desarrolla en un contexto marcado por la llegada de tres nuevas Consejerías, la asunción por parte del INE de funciones en materia de transparencia, tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas. Al respecto, sostuvo que este órgano no debería limitarse a recibir documentación, sino aprovechar sus atribuciones para verificar que las personas postuladas no estén vinculadas con actividades delictivas o con el crimen organizado. Subrayó que la primera responsabilidad de revisar a quiénes postulan corresponde a los partidos políticos, pero consideró que la comisión puede constituir un mecanismo adicional de verificación.
También consideró que la planeación electoral deberá considerar que el cierre del proceso federal y, eventualmente, elecciones extraordinarias podrían coincidir con el inicio del proceso para las elecciones del Poder Judicial, por lo que el Instituto deberá anticipar los trabajos y recursos necesarios para atender ambos procesos.
RENUNCIA DE TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA
En relación con la renuncia de la Secretaria Ejecutiva del INE, la Humphrey señaló que, aunque existen canales institucionales para garantizar la continuidad de los trabajos, la salida de quien constituye la única autoridad que el Consejo General puede nombrar directamente genera sorpresa e incertidumbre, particularmente por ocurrir un día antes del inicio del proceso electoral. Añadió que también ha señalado la existencia de numerosas renuncias y vacantes dentro del Instituto, situación que, a su juicio, representa una pérdida de capacidad institucional y una merma del servicio electoral.
Asimismo, cuestionó que no se hayan emitido los lineamientos para regular los procesos políticos internos y consideró necesario diferenciar las atribuciones del INE respecto de las correspondientes a los Organismos Públicos Locales Electorales. Precisó que, mientras el INE tiene a su cargo la elección federal para renovar la Cámara de Diputados, las elecciones locales —incluidas gubernaturas y congresos estatales— corresponden a los organismos electorales de cada entidad, por lo que éstos son los responsables de determinar posibles actos anticipados de campaña en esos procesos.
PRESUPUESTO INE
En materia presupuestal, recordó que fue la única Consejera que votó en contra del proyecto aprobado por el INE, al considerar que era excesivo y no estaba suficientemente sustentado. Señaló que el monto es 60 por ciento superior al de 2021, año en que se realizó una elección intermedia similar, y 40 por ciento mayor al de 2024. También cuestionó que sólo 0.13 por ciento del presupuesto se destinara a temas de igualdad sustantiva de género y planteó la necesidad de revisar contrataciones y adquisiciones, con mayor número de licitaciones públicas y menor recurrencia a adjudicaciones directas.
CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL
Humphrey consideró necesario diferenciar claramente los colores y emblemas del Instituto de los utilizados por partidos políticos. Explicó que anteriormente planteó registrar la imagen institucional para evitar que pudiera confundirse con la de una fuerza política, pero dicha propuesta no prosperó. Señaló que el nuevo manual de identidad gráfica fue aprobado por la Junta General Ejecutiva y que las consejerías no participaron en su aprobación, por lo que consideró necesaria una revisión para garantizar una identidad institucional estable y diferenciada de las fuerzas políticas.