INE garantiza transparencia, legalidad y certeza en la emisión del voto
La Consejera Electoral Carla Humphrey informó que el próximo 10 de septiembre iniciará formalmente el Proceso Electoral Federal 2026-2027, conforme a lo previsto en la legislación electoral. Explicó que esta fecha marca el arranque de las actividades institucionales para la organización de los comicios, entre ellas la integración de los consejos locales y distritales, el despliegue de tareas de organización y capacitación electoral, el registro del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero y la coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL) y autoridades de seguridad.
Precisó que la jornada electoral se celebrará el 6 de junio de 2027 y será concurrente, ya que se renovará la Cámara de Diputados federal, 17 gubernaturas, 31 congresos locales —con excepción de Coahuila—, así como ayuntamientos y alcaldías, para un total de más de 20 mil cargos de elección popular. Añadió que el Instituto continuará implementando medidas para ampliar el ejercicio del voto, como el sufragio desde el extranjero, el voto anticipado y el voto de personas en prisión preventiva. Indicó que estas estrategias se revisan y modernizan en cada proceso para tener “al punto el día de la jornada electoral”, con el propósito de fortalecer la transparencia, la legalidad y la certeza en la emisión del voto ciudadano.
PROCESOS POLÍTICOS INTERNOS DE PARTIDOS POLÍTICOS
Respecto de las actividades partidistas previas al proceso electoral, la Consejera Humphrey señaló que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha validado desde 2023 los denominados procesos políticos internos de los partidos, estableciendo que no constituyen, por sí mismos, procesos electorales formales. Indicó que, conforme a esos criterios, corresponde a los organismos electorales locales determinar, en los casos de elecciones locales, si determinadas conductas constituyen actos anticipados de precampaña o campaña, mientras que el INE es la autoridad competente para la fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos.
La Consejera expuso que, desde marzo de este año, ha impulsado junto con otras Consejerías la aprobación de lineamientos para monitorear y fiscalizar las actividades desarrolladas en esos procesos internos; sin embargo, señaló que dichas propuestas no han sido aprobadas por la mayoría del Consejo General. Consideró que el Instituto debería contar con reglas claras para supervisar los recursos utilizados en estas actividades antes del inicio formal del proceso electoral, a fin de fortalecer la certeza y la confianza ciudadana.