Las elecciones que tienen verificativo en nuestro país de manera ordinaria implican múltiples desafíos, uno de ellos es que las acciones permanentes de las instituciones políticas, así como la competencia electoral entre partidos políticos y personas candidatas se desarrollen con estricto apego a la normativa electoral que incluye, entre otras disposiciones, la transparencia del uso de recursos, generando así un auténtico sistema de rendición de cuentas.
Para ello, el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la responsabilidad legal de fiscalizar el origen, monto y destino de recursos que utilizan quienes participan en los procesos electorales tanto federales como locales, así como en ejercicios novedosos como la pasada elección judicial.
No obstante, con el paso de los años, la normativa electoral en esta materia ha quedado rebasada y desactualizada para poder contar con una fiscalización acorde a lo que demanda nuestro sistema democrático.
La fiscalización es un componente esencial para garantizar la integridad de las elecciones y, ante la presencia de recursos en efectivo, lavado de dinero en las campañas, triangulación de recursos, empresas fachada, así como del crimen organizado que ha incursionado en algunas elecciones y que pueden comprometer la integridad en las contiendas electorales, resulta indispensable que, ante el análisis de la Reforma Electoral que se está llevando a cabo, se consideren una serie de propuestas que, de manera general presento a continuación.
Sería oportuno que la legislación estableciera un cambio hacia un modelo proactivo y no reactivo de fiscalización que no solo le permita al INE sancionar determinadas irregularidades, sino que prevenga el mal uso de fondos a través de establecer controles más estrictos y medidas para mitigar los riesgos.
Entre estos controles estaría la adopción de tecnologías avanzadas como la inteligencia Artificial y el análisis de datos, que le permitirían al INE advertir anomalías o patrones de comportamientos financieros sospechosos o inusuales; la regulación de plataformas digitales para dar seguimiento en tiempo real a los gastos de las campañas electorales y que tengan representación legal en nuestro país, entre otras.
Sería fundamental que, con base en lo que el Legislador determine en la normativa electoral establecer un enfoque más riguroso en la aplicación de sanciones, asegurando plena efectividad en las multas impuestas evitando con ello la simulación o la disuasión. Esto conlleva no solo a aplicar sanciones a partidos políticos, también a las personas candidatas que incumplan la regulación del financiamiento. Las sanciones deben preverse para personas servidoras públicas que no proporcionen al INE información requerida en tiempo y de forma completa y que sea inoponible ante el INE el secreto ministerial, con el que las fiscalías siguen negando al INE el acceso a información en las carpetas de investigación, en deterioro de la transparencia y rendición de cuentas.
El INE debe llevar a cabo auditorías que no solo se enfoquen al financiamiento de campañas, también al uso de recursos públicos, garantizando la veracidad y legalidad de los recursos utilizados.
Para estas propuestas resultará indispensable que el Legislador establezca en la Ley una colaboración obligada y oportuna de diversas instancias como la UIF, la FGR, la CNV, el SAT, entre otras, así como la interoperabilidad de los sistemas para que el INE pueda contar con información en tiempo real.
Una propuesta más que he planteado en distintos foros, es la implementación del voto electrónico, por ejemplo, el uso por internet tal cual está establecido como un mecanismo de votación para recibir el sufragio de las y los mexicanos residentes en el extranjero. La propuesta sería que, a través de la instrumentación de voto anticipado, el voto por internet se lleve a cabo en aquellas zonas de riesgo de seguridad para las y los electores, con conocimiento de presencia del crimen organizado o en aquellos lugares que, de acuerdo con los antecedentes del INE y del Órgano Jurisdiccional Electoral se tengan antecedentes de violencia, irrupción de elecciones, entre otras.
Esta propuesta permitiría no solo inhibir la presencia del crimen organizado, también, la efectividad del voto de las personas electoras y muy probablemente incentivaría la participación ciudadana.
Todas y cada una de las propuestas aquí planteadas serían fundamentales para detectar e impedir los recursos ilícitos, la injerencia del crimen organizado, eficientar la confianza ciudadana a través de un auténtico modelo fiscalizador que genere transparencia a través de la rendición de cuentas y fortalecería nuestro sistema democrático.
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