Hoy en día la reflexión sobre el financiamiento de los partidos políticos nutre la discusión pública en nuestro país, y alrededor del mundo, sobre el cómo garantizamos un piso parejo mínimo que asegure la equidad en la contienda. En el debate sobre el financiamiento público para los partidos políticos definitivamente estoy a favor a que reciban recursos para realizar sus actividades, realicen sus campañas, promuevan la participación ciudadana acompañado de un robusto marco legal que nos permita analizar y fiscalizar el uso de esos recursos

En México, tenemos establecido en la ley un modelo de generoso financiamiento público para partidos políticos nacionales y locales que tiene como base, dos elementos siempre al alta; el padrón de electores y la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

En esta entrega, por un lado, repasamos las reformas político-electorales que han dado forma a nuestro modelo de financiamiento público. Por el otro, explico la propuesta de modificación de la fórmula, considerando el porcentaje de participación ciudadana como base para el cálculo para su distribución del 50 % de manera equitativa a todos los partidos con registro vigente y restante 50% de manera proporcional con base al porcentaje de votos obtenidos para gastos de campaña.

La reforma electoral de 1977 que dio a los partidos su reconocimiento constitucional, se les otorgaron prerrogativas indirectas como el acceso a los tiempos de radio y televisión o el servicio postal, sin que se previera un financiamiento directo público, privado o mixto.

El financiamiento directo de los partidos políticos nació propiamente con la reforma electoral de 1987, con una fórmula que tenía como variables el costo mínimo de una campaña electoral para diputado federal, el cual se multiplicaba por el número de candidatos a diputados de mayoría relativa. El 50% de esa bolsa se repartía acorde con el número de votos válidos obtenidos en la elección de diputados federales y el otro 50% en función de las curules obtenidas.

En las sucesivas reformas de 1990, 1993 y de 1996 se adicionaron más variables como los costos mínimos de campaña electoral de las senadurías y de la presidencia, así como el índice nacional de precios al consumidor, el número de diputados y senadores a elegir, el número de partidos políticos representando en las Cámaras del Congreso de la Unión, el número de diputados a elegir por el principio de mayoría relativa, el número de días que dura la campaña para diputados y para presidente de la República. Estas modificaciones a la fórmula generaron un incremento exponencial de los montos a distribuir. 

Con la reforma electoral de 2007-2008 se estableció la fórmula que actualmente se utiliza, la cual contiene dos elementos que están en constante incremento: el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral y el 65% del valor de la Unidad de Medida y Actualización (antes salario mínimo). Si bien se ha simplificado la fórmula, ésta tiene importantes repercusiones en los montos asignados. 

El padrón electoral se ha duplicado desde 1996 a la fecha, pasando de 51 millones 212 mil 482 personas a 101 millones 321 mil 253. Por su parte la UMA desde 2016 al 2025 se ha incrementado en 40.1 pesos, de $73.04 a $113.14. Es decir, el financiamiento de partidos políticos con esta fórmula no se encuentra en condiciones de detener su incremento o disminuir los montos que se le otorgan.

Por ello, ante las actuales condiciones de la democracia mexicana y las demandas ciudadanas es importante preguntarse si debe continuarse con este modelo de permanente incremento o si podemos encontrar nuevas formas para que los partidos políticos tengan los recursos necesarios y suficientes para sus actividades. 

Mi postura en este debate es propositiva: un ajuste a la fórmula actual, donde el 65% de la UMA se multiplique por el total de personas ciudadanas que votaron en la última elección de diputaciones federales. De esta forma el monto variaría dependiendo de la participación de la ciudadanía y la inflación, eliminando el factor del incremento constante derivado del natural desenvolvimiento del padrón electoral. 

Este planteamiento implicaría, por un lado, la promoción activa de la participación ciudadana, por el otro, un ahorro de hasta el 40% con respecto al financiamiento que los partidos políticos recibieron para este 2025; mientras que para el próximo año en vez de destinar un aproximado de 7 mil 368.1 millones de pesos a los partidos, se distribuirían 4 mil 420.9 millones de pesos considerando la participación del 60% en la pasada elección del Congreso de la Unión.

Esta fórmula además de detener el incremento constante de los montos conllevaría que los partidos políticos tengan como incentivo lograr mayores niveles de participación mediante una oferta política más atractiva. Asimismo, permitiría cambiar los porcentajes de distribución de la bolsa, de tal forma que el 50% sea de manera igualitaria entre todos los partidos y el resto acorde con la votación obtenida. 

Estas son algunos diálogos que como ciudadanía debemos tener para fortalecer la democracia y los derechos político-electorales de la ciudadanía. El diálogo y el contraste de ideas es indispensable para mejorar no solo las instituciones, sino la dinámica entre actores políticos y ciudadanía.

Consulta el artículo en La Silla Rota.