“Gravísimo precedente”, iniciar un procedimiento para sancionar la valoración jurídica de un órgano colegiado

El proceso administrativo en contra de consejerías del INE por una votación de hace cuatro años, respecto de la consulta de Revocación de Mandato, sienta un «precedente gravísimo», pues buscaría «sancionar la valoración jurídica» de un órgano colegiado y su independencia, afirmó la Consejera Dania Ravel.

Explicó que recientemente el Órgano Interno de Control del INE inició un procedimiento de responsabilidades administrativas en contra suya y de otras consejerías y ex consejerías, por una decisión colegiada y aprobada en diciembre de 2021, sobre la Consulta de Revocación de Mandato.

En aquel año el INE se vio forzado a posponer temporalmente algunas actividades de la organización de la consulta debido a un «recorte presupuestal bastante severo”, lo que dejó al Instituto sin los recursos necesarios para instalar el mismo número de casillas que en la elección presidencial anterior, como exigía la legislación.

La Consejera enfatizó que la decisión de posponer temporalmente algunas actividades se tomó hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera la controversia constitucional o se generaran las suficiencias presupuestales. Esta cautela era necesaria, dijo, ya que realizar la consulta sin cumplir expresamente con la directriz del número de casillas habría significado una violación al principio de legalidad.

La Consejera Ravel destacó que la SCJN, al analizar el tema, determinó que el INE actuó de manera eficaz y eficiente, y que quien pudo poner en riesgo los derechos político-electorales de la ciudadanía fue la Cámara de Diputados al ejecutar un recorte «arbitrario» al presupuesto del Instituto.

Explicó que el procedimiento administrativo en contra de ella y otras Consejerías se originó de una queja presentada por el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, entonces representante de Morena ante el Consejo General del INE, en diciembre de 2021.

En este sentido, la Consejera manifestó su profunda preocupación por el momento en que se activa la queja, cuatro años después, argumentando que no ha ocurrido nada «superveniente», desde 2021-2022, que justifique el inicio del proceso en este momento.

Para la Consejera Ravel este procedimiento sienta un «precedente gravísimo», pues buscaría «sancionar la valoración jurídica» de un órgano colegiado al emitir un voto fundado y motivado en una sesión pública. Advirtió que perseguir a las y los miembros de un órgano colegiado por sus valoraciones jurídicas atenta directamente contra la independencia de las decisiones y tiende a inhibir el ejercicio libre de sus votos.

También aclaró que este no es un procedimiento sancionador impuesto por el propio INE, sino por el Órgano Interno de Control (OIC), cuyo titular es designado por la Cámara de Diputados y Diputadas y goza de autonomía.

Finalmente, la Consejera expresó su preocupación ante la calificación de la posible infracción administrativa «grave». Esto, de confirmarse, podría llevar a que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa imponga sanciones que incluyen la suspensión o destitución del empleo, una sanción económica o la inhabilitación temporal para desempeñar cargos en el servicio público. De prosperar este antecedente, dijo, se estaría presenciando una «merma a la autonomía del Instituto Nacional Electoral».