La observación es una vía con que cuenta la ciudadanía para acompañar cualquier elección. A través de ella, miles de personas se convierten en los ojos que vigilan el buen desarrollo de todas o algunas etapas de los comicios. Esto fortalece los procesos electorales libres, equitativos y confiables, atendiendo los principios de certeza, transparencia y rendición de cuentas de los procesos democráticos, así como de las autoridades que los implementan y aspirantes a los cargos de elección popular.
Particularmente, la observación electoral toma relevancia en los procesos inéditos o que incluyen alguna novedad, como es el caso de los comicios para renovar el Poder Judicial. Por ello, no es de extrañarse que ante la puesta en marcha de nuevos procedimientos se presente una amplia inquietud de las y los ciudadanos por participar.
Al igual que otros elementos característicos de cualquier elección organizada por el Instituto Nacional Electoral, la observación electoral en los comicios para renovar a los encargados de la función jurisdiccional se implementó en un contexto diferente. Ante la prohibición de participación de los partidos políticos en la elección por mandato constitucional, se incrementaron los riesgos de que esta figura se usará para fines distintos a su origen.
La observación electoral es resultado de la demanda ciudadana de tener elecciones acordes con los principios democráticos. De tal forma que su objetivo es vigilar que el desarrollo de los comicios se lleve en el marco de la legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia y, en su caso, detectar áreas de oportunidad y mejora en aspectos operativos, logísticos, de promoción y difusión para futuras ocasiones.
De acuerdo con la ley electoral y el reglamento de elecciones del INE solo se podrá acreditar como persona observadora electoral a quien: I) esté en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; II) no sea ni haya sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de organización o partido político (tres años antes); III) no sea ni hayan sido persona candidata a puestos de elección popular (tres años antes), y IV) asista a los cursos de capacitación que impartan las autoridades.
Sin embargo, en alcance a las particularidades de estos comicios, en la convocatoria se adicionaron los requisitos de no ser persona servidora pública vinculada con programas sociales y no ser representante o militante de partido político. Asegurando que este mecanismo se mantenga fiel a sus fines y metas.
Al cierre de la convocatoria el pasado 7 de mayo, se presentaron 316 mil 430 solicitudes para observar la jornada y cómputo de votos del proceso electoral del Poder Judicial, las cuales tuvieron las siguientes características: el 99.7% fueron individuales; el 61% correspondió a mujeres; el grupo etario con mayor interés fue el de 21 a 40 años con el 48%; el 3% de las personas solicitantes indicó pertenecer a una comunidad indígena y el 19% manifestó su interés en observar la modalidad de voto anticipado. Esta es una cifra histórica que sobrepasó, por ejemplo, en más del 800% las recibidas durante el pasado Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, pues en promedio, entre el 1 de marzo y el 7 de mayo, se presentaron 4 mil 615 solicitudes por día.
Todas estas solicitudes, al igual que en otros procesos electorales, fueron revisadas a fin de constatar que cumplieran con los requisitos para poder acreditarse como persona observadora electoral. Procedimiento que se lleva a cabo por las Juntas Ejecutivas del INE, tanto Distritales como Locales, mediante el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales y que consiste en la verificación de los documentos presentados y la realización de cruces con cinco bases de datos:
1. de representantes generales y de casilla de los partidos políticos y candidaturas independientes,
2. de precandidatos y candidatos,
3. de funcionarios de mesa directiva de casilla seccionales,
4. de los funcionarios ligados a programas sociales y
5. de militantes de partidos políticos.
En un plazo de cinco días por solicitud, el funcionariado de las Juntas Ejecutivas del INE verificó y aseguró que quienes fueron acreditadas como personas observadoras electorales contaran con el perfil necesario para desempeñar esa función. Como resultado de estos esfuerzos, se identificaron 143 mil 688 casos en los que no se cumplió con algún requisito de ley, lo que representó el 45.4% del total de solicitudes presentadas.
Ahora bien, del total de personas no acreditadas por los Consejos Locales y Distritales, 47 mil 612 estaban registradas como militantes de partidos políticos, candidatas o servidoras públicas vinculadas a programas sociales. Ello representa el 33% del total de no acreditaciones y tan solo el 15% de las solicitudes presentadas. Esta es una muestra de la labor detallada y minuciosa que realizó el INE al momento de acreditar a las personas observadoras electorales a fin de cumplir lo ordenado por la Constitución.
A la par de la labor de verificación de requisitos, el Instituto también se encargó de brindar la capacitación necesaria a las personas solicitantes a fin de que tuvieran los conocimientos necesarios para desempeñar sus funciones. De esta forma se impartieron 180 mil 168 cursos de capacitación, destacando que el 96% se realizó de manera virtual. Asegurando de esta forma, que quienes desearan observar la elección conocieran sus derechos y obligaciones, como, por ejemplo, el no interferir en la secrecía y libre emisión del voto o la posibilidad de presentarse en una o varias casillas.
Los Consejos Distritales y Locales acreditaron a 170 mil 360 personas observadoras electorales. El 61% de éstas correspondieron a mujeres, el 14% a jóvenes de entre 21 y 25 años; mientras que las entidades con más acreditaciones fueron el Estado de México, la Ciudad de México y Chihuahua, siendo Colima el estado con la menor cantidad a nivel nacional. Todas y todos ellos, tuvieron la oportunidad histórica de participar analizando lo que sucedió en la primera jornada electoral en que se eligió por voto popular a los integrantes del Poder Judicial y el conteo de los votos en los Consejos Distritales.
El pasado primero de junio, el 62% de las más de 83 mil casillas contó con la presencia de personas observadoras electorales individuales, mientras que el 10% fueron provenientes de alguna agrupación. En comparación con el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, en el cual 43 mil 653 casillas de 170 mil 62 tuvieron la presencia de observadoras y observadores, existe una diferencia de más de 8 mil casillas más en la elección del Poder Judicial.
Una de las facultades de la observación electoral de mayor importancia para el órgano electoral es la presentación de un informe, documento voluntario que permite conocer incidencias y áreas de oportunidad. Las y los observadores electorales tenían hasta el primero de julio para hacer llegar esta información al Instituto, periodo en el que se recibieron un total de 4 mil 583 textos. Cantidad que representa un incremento del 159% con respecto al Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, donde se recibieron tan solo mil 771 informes. También es importante destacar que el 57% fueron remitidos por mujeres, mientras que en el pasado proceso fueron en su mayoría realizados por los varones.
Estos datos iniciales sobre el desarrollo de la observación electoral permiten mostrar el importante esfuerzo institucional que se hizo para mantener el espíritu de la figura en un proceso electoral novedoso. El presunto mal uso de esta herramienta ciudadana por las diversas fuerzas políticas merece investigarse y atenderse en la medida de las pruebas con que se cuente, sobre todo ante futuros ejercicios y tomando en cuenta que la acreditación actualmente consta de un riguroso proceso de revisión en el que se vierte la totalidad de las capacidades del Instituto.
Una vez concluidas la mayoría de las etapas de la elección del Poder Judicial de la Federación, seguramente se presentará el informe final sobre el proceso de observación electoral, el cual nos permitirá conocer las incidencias reportadas y mejoras por realizar. Esta será una información muy valiosa no solo para el INE, sino para la ciudadanía; por lo que será objeto de otro análisis en este espacio.
Por lo pronto, continuarán los esfuerzos de análisis e introspección para conocer sobre la organización de este proceso inédito e histórico.
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