El INE es un órgano de legalidad y no puede ir más allá de las atribuciones que la ley le confiere
Tras la aprobación en el Consejo General del acuerdo que determinó que no existen elementos para afirmar que los recursos económicos recibidos por Pío López Obrador de manos de David León se usaron para las campañas de Morena, el Consejero Electoral Jaime Rivera explicó que, cuando el INE recibió las quejas y denunció los hechos, se inició la investigación y dio vista a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales.
Al solicitar las carpetas de investigación, esta instancia se negó a entregarlas, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su entrega al INE. Sin embargo, éstas no contenían evidencias ni conclusiones que aportaran al expediente de la autoridad electoral.
Asimismo, el INE solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Unidad de Inteligencia Financiera, pero debido a que se trataba de dinero en efectivo, no se encontraron operaciones financieras inusuales por parte de los implicados.
Con base en la información recibida por el INE, el Consejero Rivera afirmó que la autoridad electoral no tuvo pruebas jurídicas suficientes para asegurar que el dinero en efectivo llegó al partido, pues incluso los videos conocidos son clasificados como pruebas técnicas que, generalmente, sirven como indicios fuertes, pero en este caso la Fiscalía concluyó que no eran prueba suficiente porque tenían signos de haber sido editados.
“Habría sido una investigación más sólida si todas las autoridades con competencia para un asunto como este se hubieran conjugado para esclarecer la verdad, cada una con sus atribuciones. Eso habría conducido a otro resultado”, afirmó el Consejero Electoral.
Resaltó que, debido a que el INE es un órgano de legalidad, no puede ir más allá de las atribuciones que la ley le confiere y en sus investigaciones tiene que atenerse a pruebas jurídicamente válidas. Agregó que la investigación concluyó porque los procedimientos que realiza el INE, una vez que se inician, tienen una duración máxima de cinco años y este caso vence en una semana.