La reforma de 2014 reconfiguró el sistema nacional electoral con el INE como ente rector
En México, las reformas electorales han respondido históricamente a circunstancias políticas y sociales muy concretas, buscando atender los retos del contexto político, electoral y social del momento.
Si pensamos en las últimas reformas constitucionales en materia electoral, tenemos que la reforma de 1996 tuvo por objeto la ciudadanización y plena autonomía del entonces IFE; la de 2007, estableció el acceso permanente y gratuito de los partidos políticos a tiempos en radio y televisión y prohibió la compra de espacios con fines electorales.
La reforma de 2014 reconfiguró el sistema nacional electoral con el Instituto Nacional Electoral como ente rector, se crearon los Organismos Públicos Locales Electorales y, por primera vez, se reguló constitucionalmente la obligación de los partidos políticos de postular paritariamente a las candidaturas a los cargos legislativos locales y federales, entre otras modificaciones.
En la actualidad, después de la implementación de la primera elección del Poder Judicial Federal, existen múltiples áreas de mejora, por lo que resulta inminente y necesaria una Reforma Electoral que perfeccione su organización. No obstante, después de cada proceso electoral, quienes operamos las normas electorales tenemos nuevas lecciones y oportunidades para mejorar.
También a lo largo de los años se advierten problemas recurrentes que afectan a las autoridades administrativas electorales como la falta de presupuesto para hacer frente a las tareas elementales, así que una manera de fortalecer su autonomía sería garantizándoles recursos mínimos indispensables para el cumplimiento de todas sus funciones constitucionales y legales.
La elección federal de 2024 también nos trajo un tema novedoso: los llamados procesos políticos inéditos que a la postre fueron avalados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que previendo que estos se conviertan en una práctica recurrente deben regularse para que no se den al margen de la ley.
Existe otro tema fundamental al que México no puede seguir ajeno y que tiene que ver con estrategias de desinformación o manipulación con la intención de influir en el voto del electorado; por ejemplo, la difusión masiva a través de plataformas digitales de “fake news”, el uso de granjas de bots y los riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial que atentan directamente contra el derecho de acceso a la información y la libertad del voto, prácticas que deberían ser sancionadas cuando los partidos políticos las hayan realizado u orquestado.
Un proceso de perfeccionamiento en la materia electoral con miras a la garantía y expansión de derechos debe priorizar que todas las voces sean escuchadas y que las propuestas de todas las fuerzas políticas, de personas académicas, expertas y organizaciones de la sociedad civil, sean analizadas con seriedad. Sólo así se fortalece la legitimidad de las reglas del juego democrático.
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