Por décadas, la transparencia en el uso de recursos públicos ha sido una aspiración constante en nuestra democracia y la columna vertebral de la equidad en las contiendas. En México, uno de los pilares fundamentales para garantizar elecciones libres, auténticas y equitativas es, sin duda, la fiscalización electoral.
La fiscalización que desde 2014 realiza en todo el país el Instituto Nacional Electoral (INE) busca conocer el origen y destino de los recursos que utilizan las y los aspirantes, precandidatas, precandidatos, candidatas y candidatos, las y los candidatos independientes, así como la de los partidos políticos durante los procesos electorales tanto federales como locales, así como de los ejercicios e participación ciudadana que se desarrollan a lo largo y ancho del país.
No obstante, ante el análisis de los recientes dictámenes presentados por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, es válido cuestionar: ¿realmente estamos ante un proceso riguroso que disuade las malas prácticas observadas en las elecciones y consecuentemente las sanciona proporcionalmente?
Este año hubo elecciones locales de 2024 en los estados de Durango y Veracruz y también las inéditas elecciones del Poder Judicial a nivel federal y en 19 entidades federativas, y el INE presentó 167 proyectos de resolución sobre procedimientos administrativos sancionadores y de queja; 37 de ellos fueron declarados fundados, lo que implicó sanciones por irregularidades en el uso de recursos; la mayoría —99 casos— se declaró infundada por falta de pruebas, y otros 31 asuntos fueron desechados o sobreseídos por diversas razones técnicas o de competencia, muchos de ellos porque éstas ya estaban en seguimiento y revisión en los informes de gastos personales de campaña de las y los candidatos al Poder Judicial, respecto de los que se presentaron 96 proyectos de resolución de quejas en las elecciones del Poder Judicial, o bien, de los procesos en ambas entidades.
Así también se presentaron los Dictámenes Consolidados y Resoluciones respecto los procesos electorales en Veracruz y Durango y los referentes al Poder Judicial Federal y locales.
Esto nos lleva invariablemente a una reflexión: las herramientas poco adecuadas del sistema fiscalizador, más allá de la voluntad de sus operadores, podrían estar generando un incentivo perverso para que partidos y candidaturas sigan burlando, ocultando o esquivando la ley, con la probabilidad de ser sancionados con consecuencias que no son en realidad graves y no sirven para cumplir con el objetivo central de las sanciones que es inhibir las conductas antijurídicas.
Asimismo, las irregularidades detectadas no son menores. Se reportaron aportaciones prohibidas por la ley, gastos no reportados, y omisiones en la entrega de informes de campaña. La gravedad de estas prácticas radica en que atentan directamente contra la equidad de la contienda electoral y, sobre todo, la confianza ciudadana.
Especialmente en el estado de Veracruz, se identificaron rebases de topes de gastos de campaña; en Durango, incluso se documentó la posible contratación de un call center para verificar la asistencia de representantes en casilla, lo cual levanta sospechas sobre mecanismos utilizados de control paralelos, ajenos a los cauces institucionales, para lo cual se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso.
La fiscalización, sin duda, es un componente esencial para garantizar la integridad electoral de cualquier proceso electoral, pero debe ir acompañada de mecanismos y las herramientas más eficaces para detectar y sancionar la opacidad, así como de una auténtica voluntad política para respetar los límites legales.
De nada sirve al INE contar con un sofisticado sistema de monitoreo, si las sanciones son menores o si la normatividad es ambigua y permite a los partidos políticos naveguen con cierta impunidad ante lagunas legales.
Hoy más que nunca, en un contexto de creciente desconfianza institucional y ante la anunciada reforma electoral, urge repensar y redefinir el modelo de fiscalización con el objetivo de generar la certeza, equidad y transparencia en los procesos electorales federales y locales que se registran a lo largo y ancho el país.
Necesitamos reglas claras, criterios homogéneos y tecnología alineada con la realidad, fiscalizar el siglo XXI con herramientas del siglo XX ya no es opción, hoy respondemos con hechos, con dictámenes documentados, con evidencia, con visitas de verificación, como dije en la sesión pública del Consejo General, con requerimientos al SAT, CNBV y plataformas como Google y Meta. Pero el desafío no termina aquí, apenas comienza, por eso es urgente la reforma reglamentaria la cual hemos trabajado a la par del proceso electoral judicial y que en breve término se presentaría ante las Consejerías Electorales y los Partidos Políticos.
En un país donde el uso indebido de recursos públicos ha sido una constante y donde las campañas se convierten en escaparates de derroche opaco, la fiscalización debe dejar de ser un simple requisito técnico y convertirse en una verdadera herramienta de justicia electoral para poder sancionar con efectividad las prácticas ilegales que solo irrumpen los principios democráticos establecidos en nuestra Constitución y leyes.
La fiscalización debe ser el instrumento que sirva efectivamente para la transparencia y la rendición de cuentas que logre recuperar la confianza de la ciudadanía en su sistema democrático.
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