Con la entrega de constancias de mayoría a las candidaturas que resultaron ganadoras de la elección de personas juzgadoras, que se prolongó por 18 días más de lo previsto originalmente, concluimos una etapa más de la primera elección federal de personas juzgadoras en México. Una elección inédita, desafiante y profundamente significativa en la historia democrática de nuestro país.
Desde la publicación del Decreto de Reforma Constitucional en septiembre de 2024 sabíamos que enfrentaríamos un reto sin precedentes. El diseño constitucional de esta elección, los tiempos acotados, la publicación tardía de la reforma legal y los recortes presupuestales impusieron condiciones adversas. A ello se sumaron suspensiones judiciales, incertidumbre jurídica y una presión institucional sin precedente.
Aun con este contexto, el INE asumió su mandato con responsabilidad democrática y logró sacar adelante cada etapa del proceso electoral. Esta elección nos obligó a repensar procedimientos antes rutinarios y a diseñar desde cero aspectos fundamentales, como el marco geográfico para armonizar la cartografía judicial a la electoral y el propio protocolo de entrega de constancias, lo que significó un trabajo técnico altamente complejo y en tiempo récord.
Uno de los desafíos más importantes fue el registro de candidaturas, etapa en la que se registraron múltiples deficiencias, desde el incumplimiento de la postulación paritaria de candidaturas y la inadecuada revisión del cumplimiento de requisitos de elegibilidad e idoneidad, hasta errores en el registro de los nombres y cargos de las personas aspirantes. Esta experiencia debería orillar a una reflexión sobre quién debe encargarse de esa función en el futuro para garantizar los altos estándares que exige una elección de estas proporciones.
La promoción de la participación ciudadana también deja lecciones. Aunque por ley esta función correspondía exclusivamente al INE, en una sentencia de la Sala Superior se autorizó que la campaña institucional conviviera con mensajes de otros poderes y personas servidoras públicas, lo que generó confusión sobre el origen y la neutralidad de la información según reportes de personas que hicieron observación electoral.
Hay múltiples lecciones que nos deja este proceso electoral, pero debe decirse que el INE organizó esta elección a contracorriente de la opinión pública, enfrentando críticas legítimas y otras infundadas, aun así, cumplió con su obligación constitucional de organizar las elecciones, y eso es gracias a que se trata de una institución autónoma que está sujeta al cumplimiento del principio de legalidad y responde a la confianza ciudadana que se ha construido a lo largo de los años.
2027 implicará mayores retos porque habrá elecciones judiciales federales y locales coincidentes con la renovación de la Cámara de Diputados a nivel federal y con elecciones locales ordinarias en todas las entidades federativas, por lo que hay que hacer una reflexión profunda sobre lo que se ha hecho y, sobre todo, lo que debe mejorarse.
Consulta el artículo en El Heraldo de México.