El 3 de julio de 1955 fue un día histórico para nuestro país ya que, por primera vez en una elección federal, las mujeres mexicanas pudieron ejercer su derecho al voto y que la ciudadanía pudiera, también, votar por ellas. En esta elección en la que participaron más de tres millones de mujeres, solo cuatro fueron electas diputadas federales: Aurora Jiménez de Palacios, María Lavalle Urbina, Carmen Castañeda y Dolores Jiménez y Muro; sin duda, un paso significativo hacia el camino de una mayor visibilidad de las mujeres.
70 años después de ese hecho histórico muchas luchas han librado las mujeres por lograr un objetivo común: una sociedad igualitaria en derechos para alcanzar una paridad de género en la representación política y la igualdad sustantiva.
El lento camino para lograr este propósito fue abriendo algunos espacios, por ejemplo, en la legislación de 1993 se “recomendó” a los partidos políticos promover una mayor participación política de las mujeres con acciones afirmativas. Posteriormente, vinieron a finales de los 90 y principios del año 2000, las llamadas cuotas de género que establecieron para los partidos políticos una obligación de postular 70%-30% dejando a las mujeres en desventaja y, posteriormente elevando este porcentaje a un 60%-40%.
Fue hasta el año 2014 cuando el Legislativo, gracias a la exigencia de diversos colectivos de mujeres, materializó un paso importante hacia dicha igualdad de derechos cuando determinó elevar a rango constitucional el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas para el Congreso de la Unión y los congresos locales.
En 2019 se da vida, luego de una serie de reformas a diversas leyes a la normativa denominada “Paridad en Todo” que impulsó la paridad no solo en los cargos de elección popular, sino en la integración de todos los poderes y niveles de gobierno, así como en los órganos autónomos y en los sistemas normativos indígenas. Con estas legislaciones la paridad tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados y Diputados es una realidad y, para las últimas elecciones en 2024, se ha avanzado en la paridad de los poderes ejecutivos locales con 13 mujeres al frente de sus estados, casi el doble del número de gobernadoras desde la primera en 1977, hasta las elecciones de 2018 y, por supuesto, la primera presidenta de nuestro país en 2024.
Sin embargo, a mayor visibilidad de las mujeres, desafortunadamente un fenómeno también ha ido en crecimiento: la violencia política contra las mujeres en razón de género. Es decir, por un lado, la paridad de género ha permitido una mayor representatividad de la mujer en la esfera pública, pero, por otro lado, este fenómeno se ha incrustado como un cáncer que afecta no solo la representatividad de las mujeres, también, revela que aún vivimos en un estado patriarcal que combatiremos solo a través de un nuevo enfoque e impulso de una nueva cultura cívica.
Bajo este contexto, la paridad de género en la representación política es una realidad en el Congreso de la Unión y en los congresos de las entidades federativas. Sin embargo, por ejemplo, a nivel municipal las mujeres al frente de una presidencia municipal apenas representan el 30%; este es uno de los niveles de representatividad donde debe trabajarse en los próximos años y en el que claramente se violenta más a las mujeres.
Por consiguiente, mucho hay por hacer para lograr una paridad de género no solo cuantitativa sino también cualitativamente; no basta con tener una presidenta si no se materializa una igualdad de oportunidades; no basta con que haya una nueva legislación en materia de igualdad sustantiva si existen acciones que van en sentido contrario como los partidos políticos que no asignan el porcentaje respectivo de su financiamiento público al fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres; o que la violencia de género siga incrementándose.
Se necesita voluntad política para que las determinaciones de las autoridades electorales tengan el respaldo de diversos actores políticos para caminar hacia la paridad de género y, por supuesto, a una igualdad sustantiva que generaría una sociedad más plural, con garantía de ejercicio efectivo de derechos para todas las personas y con agenda propia para la construcción de un México incluyente e igualitario.
No esperemos a ver resultados dentro de otros 70 años, nuestra sociedad exige un cambio hoy, no mañana.
Consulta el artículo en El Universal.