La idea de elegir a las personas juzgadoras mediante el voto popular partía de una aspiración válida: acercar el Poder Judicial a la ciudadanía, pero este Proceso Electoral del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) reveló que las condiciones normativas para implementarlo nos alejaron del ideal.
La Jornada Electoral del 1 de junio puso a prueba no sólo la capacidad institucional para organizar una elección en tiempo récord y con recursos restringidos, sino también la viabilidad del modelo mismo. Por disposición constitucional, la ciudadanía se enfrentó a un nuevo diseño de boletas, con un listado extenso de candidaturas, y con una forma más compleja para allegarse de información para emitir un voto informado.
La complejidad técnica del proceso no puede pasarse por alto. Se organizaron elecciones sin legislación secundaria, en medio de múltiples impugnaciones, con un recorte presupuestal severo y sin financiamiento público para campañas. El INE tuvo que implementar una elección sin precedentes, sin contar, -en muchos momentos-, con condiciones mínimas de certidumbre normativa.
Lo anterior, sin lugar a dudas contribuyó a que la participación ciudadana fuera sólo de 13%, en contraste con las elecciones de 2024, en donde se registró una participación de 61.04%. Desde luego que hubo también quienes decidieron conscientemente no participar porque simplemente no estuvieron de acuerdo con la reforma y su no participación les parecía un acto de congruencia, pero quisiera centrarme en quienes sí quisieron participar y encontraron un modelo complejo, porque, como en cada elección, es importante reflexionar sobre cómo mejorar los procesos electorales.
Para quienes sí acudieron a votar, el ejercicio no fue fácil. A pesar del esfuerzo institucional para difundir información -—con cápsulas, redes sociales, stands públicos y el sistema “Conoce, Práctica y Ubica”—, el cambio en la forma de hacer campañas y el desconocimiento de las funciones que se realizan desde los cargos que se sometieron a elección fueron factores que impidieron generar una conexión real con las candidaturas. Eso explica el campo fértil que se encontró para difundir los famosos “acordeones”, y también puede ser un factor que explique los altos porcentajes de votos nulos en cada elección, los cuales oscilan entre 10.8% para la SCJN y 14.9% para la elección de Tribunales Colegiados.
Reflexionar sobre estos puntos no significa descalificar el esfuerzo institucional ni el compromiso cívico de quienes participaron, sino reconocer que en democracia ejercer el voto es un ideal que se construye, no se decreta.
Esta primera implementación de una elección judicial nos hace ver que el modelo necesita replantearse y reconocer que se requiere un cambio en las condiciones materiales para garantizar un ejercicio auténticamente libre e informado.
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