Dos columnas que sostienen y fortalecen nuestra democracia en los diversos actos que se desarrollan en las elecciones es que sean transparentes no solo para cumplir la ley, sino como un auténtico ejercicio de rendición de cuentas que trae como consecuencia la confianza de todas las instituciones políticas que participan en una contienda electoral, así como del principal componente de la sociedad: la ciudadanía.
Por ello, el Legislador le otorgó al Instituto Nacional Electoral (INE) desde la reforma constitucional de 2014, la atribución de fiscalizar el origen, monto y destino de los recursos que utilizan las y los aspirantes, las y los precandidatos, las candidatas y los candidatos, las personas candidatas independientes, así como los partidos políticos durante el desarrollo de los procesos electorales tanto federales como locales.
Gracias al proceso de fiscalización, el INE ha comprobado a lo largo de estos años que las personas aspirantes, precandidatas, candidatas y partidos políticos, cumplan con la ley y los lineamientos que, al efecto, determina la autoridad electoral. No obstante, la fiscalización ha revelado también diversas inconsistencias, mal uso de los recursos públicos, ocultamiento de información y otras infracciones a la ley por las que ha emitido diversas sanciones que hace públicas para que la sociedad las conozca.
En esta ocasión y motivo de la elección extraordinaria del poder judicial por la que se renovaron 881 cargos del Poder Judicial de la Federación y 1800 cargos en 19 entidades federativas, de acuerdo con lo que las disposiciones legales establecen, el INE es la instancia responsable de realizar la fiscalización de esta inédita edición.
Para ello, el INE, basándose en la legislación electoral emitió los Lineamientos para la Fiscalización Electoral del Poder Judicial, Federal y Locales que, avalados por el órgano jurisdiccional electoral, que señala que el INE, por conducto de su Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), revisará la información comprobatoria de las operaciones, el origen, monto y el destino de recursos utilizados en la elección que las personas candidatas debieron registrar en el Mecanismo Electrónico para la Fiscalización de Personas Candidatas a Juzgadoras (MECIF).
La UTF de manera específica revisa y audita el origen, monto y destino que las personas candidatas a juzgadoras, utilizaron para gastos personales, viáticos y traslados en el desarrollo de sus campañas; verificará que no se hayan utilizado recursos de origen público, privado de terceros de manera directa o indirecta; que no se hayan recibido recursos públicos, ya sea en efectivo, en especie; que no se hayan rebasado los topes de gastos de campaña; revisará los resultados de las verificaciones realizadas en los foros de debate, mesas de diálogo o encuentros; que no hayan participado los partidos políticos en esta elección; se analizarán los monitoreos relacionados con la propaganda tanto en redes sociales como en la vía pública, entre las principales.
Para el óptimo uso del MECIF, el INE estableció un Centro de Ayuda que ofreció apoyo permanente a las personas candidatas juzgadoras, así como se dio la capacitación respectiva.
Es de advertir que las personas candidatas a juzgadoras, así como personas físicas o jurídicas colectivas, organizaciones de observación electoral, partidos políticos, y las agrupaciones políticas nacionales se sujetarán al Procedimiento Sancionador en caso de que incurran en conductas indebidas que van desde una amonestación pública, multa de hasta cinco mil veces la Unidad de Medida de Actualización vigente o, incluso, la cancelación del registro de su candidatura si la gravedad de la falta lo amerita.
Resulta relevante señalar que el proceso de fiscalización concluye una vez que el Consejo General del INE, su máximo órgano de dirección aprueba los dictámenes y resoluciones correspondientes, lo cual ocurre semanas después de la jornada electoral, incluso después de haber entregado a las personas que obtuvieron el mayor número de votos, las constancias de mayoría. En esta ocasión, la sesión del Consejo General se llevará a cabo el 28 de julio.
Bajo este contexto, la fiscalización es el elemento más importante de transparencia y rendición de cuentas y que sus resultados darán probidad al Poder Judicial de la Federación y fortalecerán nuestra democracia.
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