Desde hace cuatro años, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), a través de su Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), conoce de la situación presupuestal de estas importantes instancias, encargadas de llevar a cabo, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE), los procesos electorales locales con el objetivo de coadyuvar en el desarrollo de los mismos y, de ser el caso, a prevenir y alertar a las autoridades correspondientes de diversas problemáticas que pudieran implicar un riesgo para estos ejercicios democráticos.
En esta ocasión y con motivo del proceso electoral extraordinario por el se renovarán diversos cargos del Poder Judicial de la Federación, así como en 19 entidades federativas, otros tantos cargos de los Poderes Judiciales locales éste próximo domingo primero de junio, el INE firmó 19 Convenios, uno por cada una de las entidades que tendrán elección para personas juzgadoras del Poder Judicial local: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
En cada uno de estos Convenios se establecen los instrumentos de coordinación, las temáticas, compromisos entre las partes y, en su caso, los recursos económicos que cada uno de los OPLE deben aportar al INE para llevar a buen puerto este proceso electoral judicial.
Bajo este contexto, el pasado 15 de mayo, se presentó ante el Consejo General del INE, su máximo órgano de dirección, el “Informe sobre aportaciones de los OPLE, establecidas en los Anexos Financieros de los Convenios Generales de Coordinación y Apoyo de los Procesos Electorales Extraordinarios de los Poderes Judiciales Locales 2024-2025”.
De este Informe destaca que en los Anexos Financieros suscritos por estos 19 OPLE, se estipularon aportaciones por la cantidad de $513,837,176.00 millones de pesos para ser entregados al INE en el mes de abril, y la segunda, en mayo.
No obstante, con corte al 14 de mayo pasado, tres OPLE presentan un adeudo de la totalidad de la aportación comprometida para el mes de abril: Nayarit por $11,203,218.00 millones de pesos, Zacatecas con $18,302,601.00 millones de pesos, y San Luis Potosí de un monto $21,035,027.00 millones de pesos, solo ha aportado la cantidad de $925,320.00 mil pesos, es decir, apenas el 4.40%.
Consecuentemente, el INE tiene catalogado a estas tres entidades como de Alto Riesgo para llevar a cabo su proceso electoral para la renovación de sus respectivos Poderes Judiciales locales.
Llama la atención el caso del OPLE de Zacatecas que del monto total solicitado, 145.9 millones de pesos, le fueron otorgados únicamente 60 millones de pesos, por lo que como consecuencia este instituto electoral local se ha visto en la necesidad de pausar diversas actividades relativas a la organización de personas juzgadoras del Poder Judicial.
Asimismo, es de destacar que esta problemática presupuestal en el estado de Zacatecas se ha vuelto ya recurrente debido a los recortes que ha sufrido OPLE desde hace algunos años, dado como resultado la imposibilidad de cumplir con diversas obligaciones adquiridas incluso con este Instituto a través de los anexos financieros de los Convenios Generales de Coordinación y Colaboración en los procesos electorales ordinarios de 2000-2021, así como el correspondiente a 2023 y 2024.
Debo hacer énfasis en que esta elección judicial representa un gran reto para la autoridad electoral con actividades complicadas de ejecutar en plazos acotados y, como podemos observar, con presupuestos muy reducidos.
Esta problemática implica una afectación a la esencia de nuestro sistema democrático y en consecuencia podría poner en riesgo la organización y desarrollo de los procesos electorales judiciales, por lo que, desde este espacio, al igual que lo hice en la sesión pública del 15 de mayo del Consejo General del INE, hago un atento llamado a las autoridades locales para atender esta problemática presupuestal para poder realizar con éxito este ejercicio democrático judicial conforme a las normas constitucionales federal, locales y legales correspondientes.
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