Estamos de frente a un proceso electoral extraordinario novedoso, inédito por el que se renovarán diversos 881 cargos del Poder Judicial de la Federación: 9 cargos de ministras o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 2 cargos de magistraturas para la Sala Superior y 15 de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 5 cargos de magistraturas para el Tribunal de Disciplina Judicial; 464 cargos de magistraturas de Circuito, y 386 personas juzgadoras de Distrito.
A nivel local 19 entidades federativas estarán renovando sus Poderes Judiciales locales que resultan en 1,787 cargos de personas juzgadoras.
Bajo la responsabilidad que el Legislativo le otorgó al Instituto Nacional Electoral (INE) como responsable de la organización y desarrollo de este ejercicio democrático, la autoridad electoral ha impulsado diversas acciones con el objeto de llevar a buen puerto esta elección judicial, máxime ante el arranque de las campañas judiciales, el pasado 30 de marzo.
En este sentido, la responsabilidad cívica que tienen las personas candidatas a juzgadoras de rendir cuentas a la ciudadanía es fundamental para generar esa confianza mínima indispensable no sólo en la elección, sino también, en las personas que eventualmente queden al frente de tan alta responsabilidad. Son ellas y ellos quienes decidirán sobre la aplicación justa de las leyes y, en consecuencia, sobre nuestros derechos.
Por ello, es de vital importancia que las candidatas y los candidatos sean claros, transparentes y responsables con las obligaciones que adquirieron al postularse; así como que la ciudadanía cuente con toda la información para emitir un voto razonado.
La transparencia e integridad han sido ejes rectores tanto en la planeación institucional como en el actuar del INE.
Bajo este contexto, desde que formo parte del Consejo General de la Institución, su máximo órgano de dirección, he hecho hincapié que la rendición de cuentas y la transparencia son necesarias para garantizar la certeza de los resultados electorales a la ciudadanía.
Por lo anterior, manifesté mi beneplácito por la iniciativa que ha tenido a bien posicionar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y Transparencia Mexicana; y desde luego, me sumo al llamado para exhortar a las y los candidatos que, durante 60 días de campaña estarán comunicando sus propuestas y visión sobre el poder judicial, a hacer pública su declaración 3 de 3, que incluye su declaración patrimonial, fiscal y de intereses.
Este ejercicio no es un simple trámite, es un mínimo democrático, un compromiso con la ley y un acto que fortalece nuestra democracia; además de que servirá para prevenir, detectar, investigar y, en su caso, sancionar casos de corrupción.
No omito mencionar que, en el INE, desde la Comisión de Fiscalización que tengo el honor de presidir, se creó el Mecanismo Electrónico para la Fiscalización de Personas Candidatas a Juzgadoras, MEFIC, que dentro de los requisitos que establecimos al aprobar en el Consejo General los Lineamientos para la fiscalización de los Procesos Electorales del Poder Judicial, Federal y Locales, debían registrar:
– Declaraciones de situación patrimonial y de intereses en versión pública presentadas en los últimos dos años;
– Declaraciones anuales de los dos últimos años conforme a las obligaciones fiscales correspondientes; así como,
– Informe de capacidad de gasto.
Con ello, aseguramos conocer el origen, monto, destino y correcta aplicación de los ingresos y egresos de las candidaturas para prevenir actos de corrupción o conductas prohibidas.
Finalmente, la ciudadanía tiene el derecho a exigir una oportuna y verdadera rendición de cuentas a sus candidatas y candidatos, con lo que también aseguramos una mejor y mayor participación ciudadana.
Y como dice el dicho: “El buen juez o jueza por su casa empieza”.
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