l Instituto Nacional Electoral (INE) es una de las instituciones del país que guarda una óptima confianza de la ciudadanía como consecuencia de su trabajo y los resultados entregados, independientemente de las personas que, a la conclusión de las elecciones federales y locales obtengan el triunfo electoral.
A finales del mes de mayo de 2024, como preámbulo de la elección más grande que ha tenido nuestro país, y de acuerdo con una encuesta publicada por El Financiero, cerca del 60% de la ciudadanía encuestada manifestó que tiene mucha o algo de confianza en el INE.
Obtener este nivel de confianza no es fácil, sobre todo si consideramos que el INE, a partir de la reforma constitucional en materia electoral, obtuvo más de 70 nuevas atribuciones en comparación con el otrora Instituto Federal Electoral (IFE). Así, entre las principales responsabilidades del INE se encuentran la de organizar y desarrollar las elecciones federales y, en coordinación con los Organismos Públicos Locales electorales (OPLE), las elecciones locales a lo largo y ancho del país.
En el mismo sentido, el INE tiene la responsabilidad de llevar a cabo la fiscalización de los recursos públicos que utilizan las personas aspirantes, precandidatas, candidatas, así como los partidos políticos tanto a nivel federal como local.
El INE es el encargado de emitir los criterios y lineamientos generales para la correcta conducción de los principales procedimientos en materia electoral, para la generación de sistemas informáticos, sobre las directrices con relación a la urna electrónica y el voto por internet, entre otras.
Estas y múltiples actividades más se han desarrollado con éxito gracias principalmente a dos pilares fundamentales de la Institución: su personal de la rama administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional. Ambas ramas constituyen la columna vertebral de la institución.
Sobre la especialidad en materia electoral, el Servicio Profesional Electoral es el cuerpo de funcionarias y funcionarios probados que organiza y desarrolla las elecciones y que se encuentra permanentemente capacitado.
Para pertenecer a este servicio es necesario cumplir con diversos requisitos, entre los que destacan el contar con los niveles académicos adecuados, la aprobación de diversos exámenes especializados en la materia electoral, exámenes psicométricos; el perfil adecuado para el puesto al que se concursa, así como entrevistas que permitan demostrar que el aspirante cuenta con las aptitudes requeridas para el puesto, en particular reacciones de trabajo bajo presión, trabajo en equipo, adecuada toma de decisiones; no encontrarse entre los supuestos a los que se refiere el artículo 38, fracción VII de la Constitución, conocido como 8 de 8, entre otras.
Esta misma esencia debería seguir permeando en el INE para la designación de las y los altos funcionarios que dan atención a cada una de las áreas nodales de la institución, es decir, sus direcciones ejecutivas y sus unidades técnicas, ya que tienen a su cargo la operación de las diversas disposiciones legales y de los Acuerdos y supervisión que el Consejo General aprueba para su adecuado cumplimiento a través de sus Comisiones.
No debe ser pretexto que, a diferencia de otros años en que se privilegiaba la colegialidad, la reforma constitucional al Poder Judicial haya servido de pretexto para desmembrar esa colegialidad y determinar la facultad de la presidencia del INE para realizar la designación de “ …. Los directores ejecutivos y demás titulares de las unidades técnicas del instituto”, normativa que, además se encuentra controvertida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que esperamos pronto pueda resolverse.
El INE debe retomar el camino del consenso constructivo, las mayorías colegiadas y el entendimiento mutuo con base en las necesidades reales de la institución.
Esto resulta por la reciente designación del titular del área de Transparencia del INE, primer nombramiento directo realizado por la presidencia del INE e impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exponiendo, entre otros argumentos, la falta de experiencia en la materia.
Ante este panorama e independientemente de lo que resuelva el órgano jurisdiccional electoral, debemos retomar en el INE el camino del diálogo y del consenso para no perder el ingrediente principal que ha sostenido a esta institución en la organización de elecciones: la confianza ciudadana.
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