Una de las facultades que el legislativo consolidó como una atribución exclusiva para el Instituto Nacional Electoral (INE) fue la de de fiscalizar el origen y destino de los recursos que utilizan las y los aspirantes, precandidatas, precandidatos, candidatas y candidatos, las personas candidatas independientes y los partidos políticos nacionales y locales durante los procesos electorales ordinarios y extraordinarios.
Esta facultad del INE se extiende no solamente al ámbito de las elecciones federales sino, a partir de la reforma constitucional de 2014, también a nivel local, es decir, para las 32 entidades federativas del país donde se realizan elecciones para la renovación de diversos cargos de elección popular a nivel local.
Consecuentemente, el INE por conducto de su Consejo General, su máximo órgano de dirección, vigila de manera permanente que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a la normativa electoral, por lo que los partidos políticos tuvieron la obligación de presentar sus informes de ingresos y gastos; en este caso respecto del periodo ordinario de 2023.
Así, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE revisó 528 informes de los 539 que se esperaban correspondientes a los siete partidos políticos nacionales y 84 partidos políticos locales. El INE atendió 266 consultas telefónicas, se dieron más de mil capacitaciones a lo largo y ancho de todo el país en materia de informes anuales y gastos programados.
En cuanto a los ingresos, en los proyectos presentados se da cuenta que se registró un importe total de 15 mil 58 millones, 246 mil 736.35 pesos, mientras que en lo correspondiente a egresos los sujetos obligados reportaron un monto de 14 mil 454 millones, 679 mil 601.18 pesos.
En este sentido, en sesión pública de su Consejo General, el INE aprobó imponer diversas sanciones a los partidos políticos tanto nacionales como locales por un monto preliminar global de casi 400 millones de pesos por las irregularidades detectadas en la revisión de los informes anuales de Ingresos y Gastos que corresponden al ejercicio de 2023.
De este monto casi 359 millones de pesos corresponden a los partidos políticos nacionales en tanto que poco más de 38 millones de pesos a los partidos políticos locales.
En cuanto a las conductas infractoras más recurrentes y por consiguiente con los mayores montos de sanción se encuentran, en primer lugar, el referente a egresos no reportados, seguida de los egresos no comprobados y aquellos sin objeto partidista. En estas tres conductas se concentra más del 71% de las sanciones.
Por otro lado, también destacan las cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año, las cuentas por cobrar con antigüedad también mayor a un año; no destinar el recurso para actividades específicas, así como no destinar los recursos respectivos para la capacitación, promoción, desarrollo político y liderazgo de mujeres; la obligación de reportar operaciones en tiempo real y el egreso sin destino partidista. Estas últimas conductas representan el 28% del total de sanciones.
Finalmente, en un hecho sin precedentes el INE determinó realizar una auditoría especial a los partidos políticos nacionales para verificar adeudos en materia de pago de impuestos de años anteriores o errores contables, con el objetivo de conocer los adeudos específicos y, de ser el caso, imponer las sanciones que correspondan.
La fiscalización es una herramienta fundamental del INE para asegurar que el origen, monto y destino de los recursos que utilizan los partidos políticos en periodo ordinario se aplique conforme a la normativa electoral, lo que permite generar un auténtico esquema de equidad, transparencia y rendición de cuentas propias de un auténtico sistema democrático.
Asimismo, los diversos partidos políticos tienen a salvo sus derechos para recurrir a la autoridad electoral jurisdiccional si así lo estiman conveniente.
En tanto, el INE continúa trabajando permanentemente con el único objetivo de ser un pilar de nuestra democracia.