Gracias, Presidenta.
En cumplimiento al Acuerdo del INE 2499 de 2024, estamos aquí reunidos en esta fecha.
El original resolutivo séptimo de ese documento, decía a la letra, “se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración a que realice las gestiones necesarias para solicitar una ampliación presupuestaria ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que este Instituto esté en posibilidad de dar atención al Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, así como las presiones de gasto que correspondan con motivo del ajuste presupuestal y se someta a la aprobación de la Junta General Ejecutiva”.
En aquella recordada sesión de este colegiado, iniciada el 30 y finalizada el 31 de diciembre a las 04:00 de la madrugada, más o menos, del año pasado, consideré que era una redacción genérica, ligera y abstracta, no tenía mandato alguno sobre la manera y los tiempos para elaborar dicha solicitud de ampliación, y menos, sobre su contenido y alcances. Además, a mi juicio, pretendía pasar por alto las atribuciones específicas en materia presupuestal de este Consejo General.
Afortunadamente, este Consejo General pues aprobó algunas observaciones que hicimos el Consejero Faz y yo a una redacción conjunta del artículo quinto, que hoy señala que “en el marco de la normatividad aplicable en materia electoral y presupuestal, que se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que realice un dictamen respecto a una solicitud de ampliación presupuestal, el cual deberá ser presentado dentro de los 15 días posteriores a la publicación del presente acuerdo”, y en cuanto a esta solicitud de ampliación, que deberían presentarse ante la autoridad competente, “debidamente fundada y motivada y con toda precisión, exhaustividad y claridad, con el objetivo de contar con la suficiencia de recursos para dar cabal cumplimiento a los mandatos, constitucionales y legales vigentes relativos al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial y garantizar adecuadamente los derechos políticos y electorales de todas las y los mexicanos”.
Esta redacción contiene ahora, no sólo un mandato claro y ordenado, que dispone los plazos para la elaboración y reglas para los contenidos y la presentación de la solicitud, sino también, la obligación de estar debidamente fundada y motivada, junto con la necesaria elaboración de un dictamen como soporte técnico, argumentativo y financiero.
Quiero reconocer la seriedad de ambos documentos, nos ofrecen claramente una expresión más de las más ricas, de antiguas tradiciones y convicciones de decisión colegiada y seriedad presupuestal de esa institución electoral nacional.
La solicitud en especial, precisamente a partir de lo estudiado y resuelto en el dictamen, explica y justifica adecuadamente las cifras de lo que esta autoridad requiere para atender de mejor manera el nuevo modelo de votación, a su vez, consecuencia de las reformas constitucional y legal en la materia de, me refiero concretamente a la elección del Poder Judicial, pero también, del recorte presupuestal a distintas áreas y proyectos, que supuso esto a la propuesta original de este Instituto.
Al igual que en ella y, en el supuesto subsecuente acuerdo de recorte, no estamos solicitando recursos para ocurrencias, ni caprichos, ni para programas superfluos o suntuarios, de ninguna manera, lo estamos haciendo con responsabilidad hacendaria y vocación y austeridad republicana, pero también, con la idea de garantizar de mejor manera la autenticidad de nuestros comicios, los derechos políticos y electorales de las y los electores de este país y, sobre todo, el derecho a votar por sus autoridades judiciales, pues es un mandato expreso que el artículo constitucional 41 garantiza y asigna a este Instituto la obligación de organizar.
De la solicitud de ampliación quiero rescatar en particular tres componentes que en conjunto implican un poco más de un tercio del total, casi 641 mil millones de pesos, 641 millones de pesos.
La primera tiene que ver con la contratación por 130 días de 500 personas supervisoras y tres mil 555, perdón, tres mil 055 personas capacitadoras, adicionales a las que ya habíamos presupuestado.
Se nos ha hecho el énfasis de para qué estaríamos requiriendo estos recursos adicionales y me parece que es necesario aclararlo. Esto sería justamente para la contratación de 130 días de 530 personas supervisoras, tres mil 555 capacitadoras adicionales en todo el país, para incrementar el número de casillas seccionales de 73 mil 850 hasta 86 mil. Esto es, un incremento del 16.5 por ciento.
La siguiente, consistente en contratar 22 mil 500 auxiliares de cómputo por 15 días para optimizar los tiempos de cómputo y contar con resultados de la elección, al menos de la Corte, de ministras y ministros, la misma noche de la Jornada Electoral.
Y la tercera, ampliar el periodo de contratación por un mes a seis mil 134 personas para la atención de programas para 57, proyectos que atienden justamente esta elección judicial, las elecciones de Durango y Veracruz, y la constitución de nuevos partidos, credencialización y otras actividades ordinarias de este Instituto.
Esa es la naturaleza y alcance y dimensión de las preocupaciones institucionales: servir de mejor manera al propósito para el que ésta institución fue creada en 1990, elecciones íntegras, libres, directas, con todas las casillas posibles y con los procedimientos de capacitación y asistencia electoral, escrutinio y cómputos tan cercanos a la ley como las condiciones fácticas lo permitan.
Por ejemplo, en materia de boletas, para esta elección estamos hablando de más de 600 millones de boletas electorales, las que tendremos que imprimir, si bien algunas tamaño carta y otras tamaño media carta, frente a cerca de 317 millones, con 10 millones adicionales, por una reimpresión del año pasado, todas ellas tamaño carta; es decir, un incremento casi del 100 por ciento.
Ofrezco datos adicionales sobre el costo de las casillas seccionales. Dicho costo se puede plantear de la siguiente manera: el costo de los materiales con los que se instala una casilla en los que se tiene un estimado de cuatro mil 500 pesos.
¿A qué me refiero con estos materiales? Mesas, sillas, mamparas, marcadoras, urnas, líquido indeleble, el costo de la capacitación por cada o para cada una de estas casillas: 29 mil 626.58 pesos; es decir, personas, obviamente capacitadores electorales supervisoras, pero, también, las y los funcionarios de estas casillas seccionales, que da como total 34 mil 126.58 pesos, que es lo que cuesta instalar cada una de estas casillas seccionales.
El costo de todo el proceso de integración de las mesas directivas de casilla, es decir, ya con CAE, supervisores y capacitación y toda la logística, pasa con 73 mil 850 casillas de un costo promedio, como ya lo dije de cuatro mil 500 pesos, ese costo total era de 332 millones 325 mil pesos. Y con este aproximado de 36 mil casillas que estaríamos incrementando con esta ampliación presupuestal, pasaría a 387 millones de pesos.
El costo de la integración de las casillas, en el monto presupuestado estaba en dos mil millones 187 mil 922, en un proyectado de 73 mil casillas. El costo por casilla era de 29 mil 629, y ahora, con estas más de 86 mil, el costo por casilla disminuye a 29 mil 177 pesos con 057 centavos.
No son cifras menores, pero encuentran soporte y justificación en la experiencia previa, haciendo ver que son procedimientos y actividades indispensables, que, por la dispersión geográfica de nuestro país y la disminución de nuestros procedimientos registrales, presenta requerimientos financieros y recursos humanos y materiales, también de expresión superlativa.
Voy a votar, por supuesto, a favor de este Proyecto; sin embargo, quiero resaltar tres recortes del año pasado que son importantes a tres sistemas que son recortes importantes justamente para la fiscalización de los ingresos y egresos que debe realizar a partidos políticos, a candidaturas y, ahora, particularmente a personas juzgadoras para el Poder Judicial, y me refiero al Sistema de Contabilidad en Línea, al SIF, que como saben los partidos políticos, pues nos ha causado muchos problemas, y estamos por supuesto ya en su modernización, pero necesitamos recursos, justamente para estos sistemas; el de quejas, que operaría, tanto para las quejas en materia de fiscalización, como digamos las ordinarias; y el monitoreo de actividades de campo, en este caso solo me estoy refiriendo a los de fiscalización.
Al dejar en cero pesos estas tres herramientas fundamentales de gestión y procesamiento, ponemos a la Unidad Técnica de Fiscalización y, a este Instituto en general, en un en una situación que me parece inaceptable de precariedad operativa y logística que puede generar impactos y de desenlaces ominosos, cercanos al incumplimiento oportuno de nuestras responsabilidades constitucional. Así que hago votos porque con estas ampliaciones y con las economías, se vayan fondeando estos proyectos que son indispensables para el adecuado cumplimiento de atribuciones que son constitucionalmente exclusivas de este Instituto Nacional Electoral, y que tiene que fiscalizar, además, todo el Proceso Electoral Judicial en todo el país, y recordemos que ya hay 18 entidades federativas que tendrán elecciones concurrentes y que deberán seguir los lineamientos que a este efecto apruebe el Instituto Nacional Electoral.
Es cuanto, Presidenta.
Gracias.