El Consejero Electoral expuso que la Constitución excluye, de manera explícita, el instrumento de la controversia constitucional como apto para controvertir reformas legales en materia electoral y que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido excepciones, como en el en caso de alteraciones en el funcionamiento del Instituto, actualmente este no es el caso. Por lo tanto, detalló que el instrumento legal para rebatir la constitucionalidad de una ley electoral es la acción de inconstitucionalidad; sin embargo, el INE no está facultado para presentar estos recursos. “En mi opinión, el INE está constitucionalmente excluido de disputarse judicialmente una reforma legal al Poder Legislativo. La facultad de apelar le corresponde a otra institución del Estado mexicano que son, fundamentalmente, los partidos políticos”.
Tras la propuesta de Morena de ampliar las facultades de la Presidencia del INE, consideró que se trata de un exceso de concentración de éstas en una sola persona, aun cuando la historia del desarrollo del órgano electoral ha marcado un proceso de diversificación en la integración del Consejo General y el necesario logro de consensos en la toma de decisiones.
Acerca de la propuesta de reforma político electoral que el partido oficialista plantea presentar el próximo año y en la que, entre otras iniciativas, contendrá la elección por voto popular de consejeros electorales, resaltó que con anterioridad ya había mencionado que le parecía inadecuado, porque la autoridad electoral debe tener garantías de imparcialidad que se logran con la designación compleja a cargo de la Cámara de Diputados, como ocurre actualmente, pero que se perdería si se le involucra en una disputa en las urnas.