En cuanto a la adición que, en materia electoral, se hizo en la llamada reforma judicial, el Consejero Electoral sostuvo que ésta se introdujo de manera irregular, con base en el argumento de tratarse de una reserva al dictamen de la reforma. No obstante, apuntó, se hizo una adición y no una reserva de un tema que no tenía que ver con la materia judicial y con la iniciativa presentada originalmente.
Por lo anterior, consideró que se trata de una adición subrepticia que se introduce sin previo debate, aun cuando afecta el funcionamiento interno del Instituto. Al respecto, agregó que este proceder “es una maña muy frecuente en el Legislativo, pero no correcta; es una manera sucia de introducir modificaciones que no se debatieron”.
Al referir el fondo de las mencionadas modificaciones, detalló que habrá decisiones unipersonales en aspectos críticos del funcionamiento del INE, lo que supone un paso de funciones del Consejo General a la Junta General Ejecutiva, además de prever que la designación de directores estará a cargo de la Presidencia del órgano electoral, lo que “significa una muy fuerte centralización de la capacidad de decisión en quien presida al INE”, apuntó.
Respecto al acuerdo para presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte del INE, dijo no estar de acuerdo, pues controvertir leyes constitucionales no le corresponde al Instituto. No obstante, reconoció que, a partir de la discusión que se produjo en torno al tema, ha reflexionado acerca del diseño institucional del órgano electoral, en especial en cuanto a la disposición constitucional de excluir al INE de este tipo de controversias, al depositar esta responsabilidad en los partidos políticos. “El vivir este momento me refuerza la convicción que el modelo constitucional sustrae al INE de estos conflictos”, aseveró.