Respecto a las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que modifican las atribuciones de la Presidencia del INE, el Consejero Electoral dijo que es «una reforma autoritaria en la forma y en el fondo», que contradice el diseño plural del Consejo General del Instituto Nacional Electoral; sin embargo, subrayó que «el INE no puede, dentro del orden constitucional, enderezar una controversia en contra de esta ley». Puntualizó que la Constitución prevé mecanismos específicos para que diversas instituciones y personas puedan objetar las leyes electorales por considerarlas inconstitucionales, pero no es competencia del INE iniciar un “pleito judicial” contra el Poder Legislativo.
Explicó que la acción de inconstitucionalidad es el mecanismo adecuado para estos casos, y que ésta puede ser presentada por ciertos actores, como fracciones de diputados o senadores y partidos políticos nacionales. Además, destacó que el INE no tiene facultades para presentar acciones de inconstitucionalidad ni controversias constitucionales contra leyes electorales, salvo en casos muy específicos que afecten sus atribuciones constitucionales originarias.