El financiamiento que se otorga a partidos políticos, principales actores en la renovación del poder público, así como a candidatas y candidatos para el desarrollo de las campañas políticas es esencial para la participación electoral y la representación democrática. Sin embargo, cuando este financiamiento es opaco, poco transparente o proviene de fuentes ilícitas, se generan riesgos significativos de corrupción que afectan la equidad y la integridad de los procesos electorales.
De acuerdo con el informe de Transparencia Internacional de 2022, «los sistemas de financiamiento político que carecen de transparencia permiten que los intereses privados influyan desproporcionadamente en la política». Esta situación no solo compromete la equidad en la competencia electoral, sino que también puede llevar a la captura del Estado por parte de grupos de interés ajenos a los principios constitucionales de cualquier nación.
En varios países se han documentado casos emblemáticos que ilustran cómo la corrupción en el financiamiento político puede socavar una democracia. En América Latina y el Caribe tenemos varios ejemplos. Veamos algunos.
En Brasil, el escándalo de Lava Jato cuya investigación tuvo repercusiones en varios países de la región y reveló un sistema de sobornos que involucraba a grandes empresas, personas funcionarias públicas y partidos políticos, resultó en la destitución de altos funcionarios, así como en una profunda crisis de confianza en el sistema político. Este caso demuestra cómo la falta de regulación y la falta de una adecuada supervisión puede dar lugar a prácticas corruptas que afectan al principal actor de un sistema democrático: la sociedad.
En Argentina se han reportado casos de corrupción relacionados con el financiamiento en campañas, así como presuntos vínculos entre el narcotráfico y la política.
En Colombia, se han presentado casos de corrupción en el financiamiento para el desarrollo de las campañas políticas, lo que derivó en el establecimiento de límites en el financiamiento privado de campañas.
En Perú, varios expresidentes han enfrentado acusaciones de corrupción y de financiamiento ilegal en campañas políticas, especialmente relacionadas con empresas constructoras, en los que también estuvo presente la empresa Odebretch.
En Venezuela la crisis política y económica de dicha nación ha estado marcada por denuncias de corrupción en el financiamiento a partidos políticos y candidaturas, así como el posible uso de recursos públicos de manera ilícita.
En México, muchas han sido las investigaciones llevadas a cabo por el Instituto Nacional Electoral (INE), así como las impugnaciones presentadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que están relacionadas presuntamente con financiamiento ilegal o, incluso, con la posible intervención de grupos del crimen organizado, resultando que en varias de ellas, como en el caso de Odebretch, ninguna de las máximas autoridades electorales pudieron cumplir eficazmente con sus atribuciones mientras diversas instituciones del estado mexicano sigan sin atender y dar respuesta oportuna y completa a los múltiples requerimientos de información que permitan sustanciar correcta y exhaustivamente las investigaciones sobre posible financiamiento ilegal o la participación de grupos del crimen organizado.
Ahora bien, es importante referir que el financiamiento que reciben partidos políticos y las personas candidatas específicamente varían significativamente entre países, lo que a menudo permite que los actores políticos eludan regulaciones y reciban fondos de fuentes ilegales, como el narcotráfico, empresas privadas con intereses políticos y donaciones “anónimas”.
Este panorama genera inequidad, desconfianza ciudadana o, incluso, inestabilidad política. Según una encuesta realizada por Transparencia Internacional 2023, «más del 70% de los ciudadanos en varios países creen que la corrupción es un problema grave en sus gobiernos», lo que puede llevar a una baja participación electoral, lo que a su vez debilita la legitimidad de las personas que resultan electas para representar a la ciudadanía.
¿Qué soluciones podemos advertir?
De entrada, implementar leyes más estrictas para que el financiamiento goce de todos los elementos de transparencia y rendición de cuentas de todos los actores participantes, la obligada cooperación de diversas instituciones de los estados democráticos o de instancias privadas, así como el establecimiento de sanciones ejemplares.
Resulta fundamental que las atribuciones de las autoridades electorales en esta materia profundicen con la finalidad de poder desahogar investigaciones para detectar el financiamiento público ilícito, e imponer sanciones ejemplares para estos casos, así como la facultad de dar vista a las instancias competentes en caso de actos probados de corrupción, sin importar los plazos en los que se sustancien estas quejas o denuncias.
Una democracia será plena si goza de total transparencia y más tratándose del financiamiento que reciben actores políticos diversos. De lograrse, tendremos naciones libres, auténticas, equitativas, igualitarias en un Estado de Derecho en el que prevalezca la confianza de la ciudadanía.
Consulta el artículo en La Silla Rota