La Consejera Electoral explicó que el TEPJF aprobó que el INE continúe con la organización de la elección extraordinaria del Poder Judicial. Señaló que la sentencia es declarativa y no ordena acciones específicas al Instituto, lo que genera incertidumbre sobre cómo proceder. «No nos han notificado la sentencia, entonces no la hemos podido revisar», reveló.
Manifestó que el INE ha recibido 284 amparos contra la reforma al Poder Judicial, incluyendo suspensiones definitivas y provisionales. Subrayó la importancia de esperar la notificación formal de la sentencia para entender claramente sus implicaciones y determinar los pasos a seguir. «Es importante leer todo el documento porque muchas veces hay algunos engroses», y destacó la necesidad de claridad para evitar cometer errores legales.
Enfatizó la ambigüedad entre la declaración de la Sala Superior del Tribunal Electoral y el resto de los recursos e impugnaciones recibidos. «Tenemos apercibimientos de multas si hacemos algún otro acto relacionado con esta reforma al Poder Judicial», y resaltó la necesidad de aclarar qué predominará en este contexto. Mencionó que el INE ha cumplido con el mandato de iniciar el proceso electoral siete días después de la publicación de la reforma constitucional. No obstante, la gran cantidad de recursos e impugnaciones recibidas plantea un desafío.
Comentó que el costo estimado de la elección judicial extraordinaria podría ser similar o incluso superior al de la elección federal pasada, que costó aproximadamente 13 mil mdp. Sin embargo, debido a las suspensiones definitivas que impiden que cualquier órgano del INE actúe en este tema, aún no se tiene una cifra exacta. «No sabemos con exactitud cuántos cargos, pero sí sabíamos que era una elección de la magnitud de la que acaba de pasar, si no es que más», afirmó. Finalmente, resaltó que el número de cargos a elegir y el tiempo que toma un votante en la casilla son factores que podrían incrementar el costo.