El 17 de octubre de 1953 un nuevo acontecimiento marcó a México: las mujeres habían conquistado el sufragio
En la década de 1950, México vivía un proceso de modernización impulsado por el crecimiento económico conocido como el “Milagro Mexicano”, con un sistema de partido hegemónico. Mundialmente, el escenario estaba marcado por los cambios surgidos tras la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, mientras la Organización de las Naciones Unidas se consolidaba como el principal foro internacional promotor de los derechos humanos.
En este contexto global, el 17 de octubre de 1953, un nuevo acontecimiento marcó a México: las mujeres habían conquistado el sufragio. Por fin las mujeres podían votar y ser votadas. Hasta entonces, su participación en los asuntos públicos era mínima, con un pequeño avance, ya que en 1947 se había reconocido el voto femenino en el ámbito municipal. Aun así, los roles y estereotipos de género mantenían a las mujeres al margen de la toma de decisiones, pero con este avance inició el proceso democrático que ha ido abriendo camino para las nuevas generaciones.
Un ejemplo destacado es Aurora Jiménez, quien, en 1954, se convirtió en la primera diputada federal en la historia de México, en Baja California durante una elección extraordinaria para concluir el último periodo de la XLII Legislatura. Asimismo, en las elecciones de 1955, la XLIII Legislatura contó con cuatro diputadas electas por el principio de mayoría relativa: Remedios Ezeta (Estado de México), Marcelina Galindo (Chiapas), Margarita García (Nuevo León) y María Guadalupe Urzúa (Jalisco).
En 1964, María Lavalle Urbina (Campeche) y Alicia Arellano Tapia (Sonora) hicieron historia al ser las primeras mujeres electas como senadoras, abriendo paso a la participación femenina en el Senado. Este impulso por la igualdad continuó en los estados, y en 1979, Griselda Álvarez fue la primera mujer gobernadora de México, al ser electa en Colima.
Desde entonces, México ha avanzado en materia de paridad de género. Se introdujeron las cuotas de género, primero con una proporción de 30%-70% en las candidaturas en los comicios federales y su posterior modificación a 40%-60%, hasta llegar a la actual legislatura federal, que hoy es paritaria. Las reformas político-electorales de 2014 y 2019 fueron claves en este proceso: la primera elevó a rango constitucional el principio de paridad en las postulaciones del Congreso de la Unión y Congresos locales, y la segunda lo reconoció como eje rector del Estado Mexicano.
Hoy, 71 años después, es nuestra responsabilidad asegurar que las mujeres que deseen incursionar en política puedan hacerlo libres de todo tipo de violencia; que los partidos políticos impulsen liderazgos femeninos, y que la sociedad alinee sus intereses a valores democráticos y con perspectiva de género. De no hacerlo, corremos el riesgo de olvidar la lección de su legado: el espíritu de lucha y el compromiso con la igualdad de género.
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