La reciente reforma constitucional por virtud de la cual las personas integrantes del Poder Judicial de la Federación serán electas por el voto ciudadano es el principal reto que enfrenta el Instituto Nacional Electoral (INE) desde su creación en 2014 y desde el Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990. Mucho se ha hablado y debatido sobre diversos aspectos de esta reforma constitucional y, para el INE, de la necesidad de que la autoridad administrativa electoral establezca los criterios para materializar los mecanismos de la elección de jueces, juezas, magistraturas, ministras y ministros por el voto popular, una elección sin precedentes.
El decreto de reforma establece los parámetros generales de la modificación del proceso de designación del personal jurisdiccional; no obstante, aún falta delinear con exactitud detalles que resultan relevantes para el desarrollo de las facultades del INE en la gestión, planeación e implementación de cualquier proceso electoral.
Esto es entendible, ya que se trata de una reforma a nivel constitucional, cuyo alcance no debe ir más allá de definir a grandes rasgos los principios generales de este nuevo mecanismo de designación.
Después haber culminado recientemente la organización de las elecciones más grandes de la historia de nuestro país, el INE se enfrenta a un fenómeno electivo de proporciones mayúsculas y de una complejidad organizativa que, por supuesto, requiere del despliegue ordinario de todas sus facultades para cumplir con esta nueva atribución y continuar garantizando los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, transparencia y paridad que caracterizan su actuar.
Ante este escenario, la pregunta natural que subsiste es con qué presupuesto podrá el Instituto realizar estas elecciones, con todas las medidas que otorgan seguridad y certeza al proceso electoral. La calidad del proceso electoral y el grado de eficiencia del Instituto dependerán tanto del compromiso del personal del servicio profesional de carrera y todas las personas que contribuyen en la organización de las elecciones, que elección tras elección se evidencia, así como del financiamiento que se otorgue al Instituto para que pueda realizar sus actividades. Hasta el momento esto último no se ha definido y es de la mayor importancia para que la elección electoral judicial pueda materializarse tal y como fue pensado por el constituyente permanente.
Me parece que, más allá de que esto sea una limitante para el despliegue de nuestras atribuciones, representa un reto para que las personas titulares de los distintos Poderes de la Unión y de la autoridad electoral entablen un diálogo y formen los consensos necesarios para dotar al Instituto de los recursos necesarios para cumplir con lo que la ciudadanía espera de este nuevo proceso electoral judicial.
Es en estos momentos en los que resalta el compromiso de los distintos Poderes en que esta nueva elección se consolide con los estándares de garantía con los que fue pensada, así como la capacidad de negociación y diálogo de este Instituto para organizar elecciones como siempre lo ha hecho: en el marco de sus atribuciones, brindando confianza a las y los mexicanos en que su voto será respetado y se verá reflejado en los resultados electorales de la elección de que se trate.
No me cabe duda de que esta elección, cuyo proceso electoral con la sesión del Consejo General realizada el día de ayer será todo un éxito, pues el INE cuenta con los conocimientos técnicos necesarios y, sobre todo, el personal cualificado para que así sea.