Gracias, Presidenta.
Nos estamos instalando en una conformación atípica de este Consejo General, así lo dispone el Decreto de reforma constitucional en materia del Poder Judicial.
Por primera vez, en casi 35 años de experiencia de esta institución, desde 1990 como Instituto Federal Electoral, y desde 2014 como Instituto Nacional Electoral, las representaciones partidistas y legislativas no forman parte de este colegiado.
Como la propia Constitución General de la República lo mandata, los partidos son entidades de interés público, cuyos fines son promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral, para garantizar la paridad de género en las candidaturas, a los distintos cargos de elección popular.
No es una modificación menor, se trata de una excepcionalidad normativa que anuncia una nueva etapa de la autoridad electoral, administrativa nacional, mandatada por la propia Constitución, única y exclusivamente, para este específico proceso electivo judicial.
Además de la entidad superlativa del reto que hoy enfrentamos con una elección nacional para renovar completamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y parcialmente el resto del Poder Judicial de la Federación, tenemos ante nosotros la exigencia social y política quizá más delicada de nuestra historia, me refiero a cumplir con un mandato constitucional, preparando y organizando por primera vez una elección de dimensión nacional con instrumentos legales limitados con incertidumbre sobre la suficiencia y oportunidad de los recursos presupuestales a nuestra disposición para cumplir con esta misión.
Hago un llamado a todo nuestro personal, el de áreas centrales, el de las oficinas desconcentradas a lo largo y ancho de nuestro país, también al personal administrativo y a nuestro extraordinario e imbatible e incansable Servicio Profesional Electoral Nacional, justamente para atender este llamado.
Es un exhorto a aceptar y a cumplir el reto que nos presenta el poder reformador de la Constitución y a sacarlo adelante con la integridad de siempre, con la seriedad tradicional y con la eficiencia y eficacia ya conocidas.
Trabajaremos siempre a la vista del principio de paridad total que irradia a todo el ordenamiento mexicano y en especial al electoral; ofreceremos en consecuencia, una elección con paridad de género y con clara vocación de prevención y sanción, en su caso, de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
El Decreto de reforma es expreso en esta materia de igualdad sustantiva desde la postulación, pero también en la conformación de los órganos colegidos, dice que la boleta garantizará que las y los votantes asienten la candidatura de su elección conforme a lo siguiente:
Para Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrán elegir hasta cinco mujeres y cuatro hombres.
Para Magistradas y Magistrados del Tribunal de Diciplina Judicial, podrán elegir hasta tres mujeres y hasta dos hombres.
Para Magistradas y Magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, podrán elegir hasta dos mujeres y hasta dos hombres.
Para Magistradas y Magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, podrán elegir hasta dos mujeres y un hombre para cada sala.
Para Magistradas y Magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito, podrán elegir hasta cinco mujeres y hasta cinco hombres.
Del mismo modo, el decreto ordena que el INE efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidatitas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres, iniciando por mujer.
Ofrezco marcaje personal para lograr que más y más mujeres asuman las presidencias de los órganos colegiados judiciales, es mi convicción, pero también mi misión.
Hacemos un respetuoso llamado a las cámaras del Congreso de la Unión. Haremos nuestra parte para crear el andamiaje normativo necesario que nuestra facultad reglamentaria permita, claro, pero el Poder Legislativo puede aportar claridad y densidad legal si decide hacerlo con rapidez para que nuestros trabajos gocen de un robusto respaldo jurídico, consolidado en leyes secundarias indispensables.
Finalmente, a la Cámara de Diputados y Diputadas solicito respetuosamente, un esfuerzo responsable e informado para diseñar un presupuesto suficiente para este proceso, que permita cursar de mejor manera las dinámicas de la planeación, el ejercicio y el control del gasto de la mano de los principios de la austeridad republicana.
Además, solicitando que vean en el INE al órgano garante de derechos político-electorales, naturalmente, pero también de otros como el derecho a la buena administración, el derecho a la rendición de cuentas y el derecho a la integridad electoral.
La sociedad mexicana lo sabe, la comunidad científica y académica lo sabe, los medios de comunicación lo saben, los poderes de la Unión también lo saben y nuestros colegas y nuestras colegas de mesa, es decir, los partidos políticos nacionales también lo saben.
Esta institución del Estado mexicano autónoma por disposición de la propia Constitución y especializada en elecciones, cuenta con los conocimientos, la experiencia y sobre todo el personal cualificado necesario para que este proceso electivo se desarrolle adecuadamente.
Que no quepan dudas, lo haremos con el compromiso institucional y la lealtad constitucional de siempre, y refrendaremos la tradicional calidad y eficacia INE que por más de tres décadas ha distinguido a esta institución.
Iniciamos ya con el profesionalismo, la pericia técnica, compromiso cívico y sentido de la República de siempre. Estamos listos y listas.
Es cuanto, Presidenta.
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