El pasado 5 de septiembre en el seno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), su máximo órgano de dirección, aprobamos a propuesta de la Comisión del Registro Federal de Electores, el Acuerdo por el que se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores la realización de las actividades necesarias que permitan conformar una Estrategia de Transformación digital del Registro Federal de Electores que, entre otros temas, deberá considerar la inclusión de diferentes proyectos de innovación y mejora de productos, así como de servicios electorales que se encuentran ya en proceso y que cumplen con las directrices del Plan Estratégico 2016-2016.
La Junta General Ejecutiva del INE, aprobó en diciembre de 2016 este Plan Estratégico para el periodo 2016-2026 el cual integra, entre otros rubros, las directrices que conforme a la normativa electoral se desarrollan para la adecuada organización de los procesos electorales, para fortalecer la confianza y participación ciudadana en la vida democrática y política del país, y las actividades que garanticen el derecho a la identidad de la ciudadanía.
Este Plan Estratégico no tuvo antecedentes en que pudiera del todo basarse ya que se partió de la reforma constitucional en la materia aprobada por el Legislativo en 2014 en la que, entre otras consideraciones y en comparación con el otrora IFE, le fueron conferidas más de 70 nuevas atribuciones al naciente INE en ese mismo año.
Consecuentemente, el Plan Estratégico registra áreas de oportunidad necesarias para la optimización de los procesos y recursos del INE en el desarrollo de las elecciones, por ejemplo, en su modernización con el objetivo de simplificar diversos procesos.
El Acuerdo aprobado la semana pasada por el Consejo General del INE establece las bases para que, vez terminado el proceso electoral más grande de la historia en nuestro país, se encamine este Instituto en la senda de la innovación tecnológica para beneficio de la ciudadanía.
Entre los proyectos más destacados se encuentran, entre otros, la Credencial para Votar Digital, el Servicio de Verificación de Datos de la Credencial para Votar, servicios de consulta ciudadana para ubicar la casilla electoral, la verificación de la situación registral y la vigencia de la credencial para votar, mecanismos de comunicación con la ciudadanía, pre registro en línea para trámites registrales.
Consecuentemente, el Consejo General determinó aprobar que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores:
Realice las actividades necesarias para conformar la Estrategia de Transformación Digital Registral, a más tardar el 7 de noviembre de 2024, un Plan de Trabajo para su elaboración en el que se indiquen las actividades respectivas, las etapas y fases, así como los plazos de ejecución, la entrega periódica de informes de avance y la fecha estimada de conclusión de un documento final que, en su oportunidad, sea sometido a la opinión y aprobación de la Comisión Nacional de Vigilancia y de la Comisión del rubro.
El Consejo General instruyó a la Junta General Ejecutiva para que informe, a más tardar el 7 de diciembre de este año, sobre la pertinencia y viabilidad técnica, jurídica y normativa para iniciar las actividades necesarias para una adecuada planeación estratégica institucional que permita presentar una ruta que, en su caso, lleve a actualizar, reconducir y/o sustituir al Plan Estratégico del INE 2016-2026.
Todos estos trabajos serán conocidos, vigilados y con el seguimiento correspondiente de la Comisión Nacional de Vigilancia en donde, además de las autoridades de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, participan las representaciones de los partidos políticos de manera permanente.
Bajo este contexto, y con la finalidad de que el INE siga garantizando el ejercicio de los derechos políticos y electorales y el derecho a la identidad de la ciudadanía, es momento de que el INE y desde el Registro Federal Electoral se consoliden los trabajos hacia una modernización institucional no solo los relacionados con los procedimientos de la organización electoral, sino también los relativos a los servicios que se brindan a la ciudadanía que constituyen el primer activo de nuestro sistema democrático.
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