Intervención de la Consejera Carla Humphrey, en el punto 2 relativo al Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores realice las actividades necesarias para elaborar y presentar la estrategia de transformación digital del Registro Federal de Electores

Escrito por: INE
Tema: Carla Humphrey

El pasado 21 de diciembre de 2016, a propuesta de la Junta General Ejecutiva se aprobó el Plan Estratégico del INE 2016-2026, teniendo como reto definir el rumbo estratégico de esta institución ante los desafíos que implicó la reforma constitucional de 2014, mediante la reconfiguración de sus recursos, estructuras y procesos para dar cumplimiento eficaz de las responsabilidades que la ley le ha conferido a este órgano electoral.

El Plan contribuye a la modernización en la gestión en el Instituto; lo anterior en observancia de los principios rectores previstos en la Constitución y también, por supuesto, en las leyes mediante los que el INE debe ejercer la función estatal de organizar elecciones.

El planteamiento de una Estrategia de Transformación Digital es un proceso complejo que requiere una planificación cuidadosa y una comprensión clara de los objetivos, capacidades institucionales y del entorno.

El Proyecto del Acuerdo que está a su consideración en estos momentos es el inicio justamente de esa planeación, ya que el objetivo es que este Consejo General apruebe instruir a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores realizar las actividades necesarias para el elaborar y presentar la estrategia transformación digital del Registro Federal de Electores.

Esta estrategia pretende ser un proyecto institucional de largo alance que integre, coordine y sistematice las diferentes iniciativas que actualmente están implementadas como el servicio de verificación de datos de la Credencial para Votar, diversos servicios de consulta ciudadana para ubicar tu casilla, verificar la situación registral y la vigencia de la credencial, así como la credencial digital, esta ID digital, entre otros, que permite estar también en contacto con las y los electores, así como otros productos y servicios tecnológicos a los que se van sumando nuevas herramientas, prototipos y sistemas cuya alineación al Plan Estratégico Institucional brindará una prospectiva de mejora e innovación del modelo operativo electoral, así como de los servicios de identificación y autenticación personal.

La transformación digital en los ámbitos público y privado favorecerá el ejercicio de los derechos de la población, siempre que la manera en que los entes de organizaciones operan y prestan servicios se modernice y optimice, sean más accesibles, eficientes, seguros, adaptables a las necesidades de la ciudadanía, sin afectar la privacidad y el adecuado tratamiento de los datos personales.

Partimos de la premisa de que la Credencial para Votar al ser el documento de identificación oficial por excelencia en México, es la puerta de acceso para la realización de distintos trámites y actividades ante instituciones públicas y privadas.

Ahora, una vez terminado el proceso electoral más grande de la historia, es el momento de encarrilar a este Instituto en la senda de la innovación y mejora tecnológicas para beneficio de todas y de todos.

El Registro Federal de Electores, que administra, depura y verifica la base de datos más grande y actualizada del país, y que emite el instrumento para votar y, a la vez, el medio para identificarse más utilizada por las y los mexicanos, es el epicentro del cual podrá detonarse un cambio institucional hacia la mejora y desarrollo de productos y servicios para la ciudadanía, la definición de un nuevo modelo operativo electoral y una visión de futuro en un contexto institucional.

Baste con recordar que el artículo 6º de nuestra Constitución establece que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, incluido la banda ancha y el internet.

Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

Para ahondar aún más en esta dirección, justamente el día de ayer la Sala Superior nos vinculó a generar lineamientos para regular el uso de la inteligencia artificial en la propaganda electoral, específicamente nos ordena adicionarlos a los vigentes Lineamientos para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales para poder detectar si las imágenes en las que aparecen fueron generadas o modificadas mediante inteligencia artificial, incluso se señala en la resolución que es necesario que generemos elementos para constatar que el uso de la inteligencia artificial no ponga en peligro los derechos de terceros, como los relacionados con la identidad, imagen, privacidad y honor de una persona.

En esos términos, ya también me había puesto en contacto con la Comisión que se creó exprofeso en el Senado, para la atención, justamente, de estos temas.

Es así que este Instituto debe adoptar todas las medidas para impulsar el uso de las tecnologías avanzadas en sus servicios.

La implementación de tecnologías digitales en administración pública no sólo es una tendencia a nivel mundial, sino una necesidad imperativa para garantizar servicio, eficientes, transparentes y orientados a las necesidades de las y los ciudadanos.

Es por ello que resulta imprescindible construir una ruta específica que trascienda cortoplacismos y apueste por escenarios de mediano y largo plazos, en los que se definan los productos, procesos, servicios que podrá ofrecer este Instituto, para garantizar el ejercicio y promoción de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía, a  la par de las acciones para fortalecer las nuevas tecnologías, de manera que la población mexicana pueda utilizar los productos y servicios del Registro Federal de Electores en la vida cotidiana.

Así, las dos propuestas que se someten a nuestra consideración son: en primer lugar, aprobar que la DERFE realice las actividades necesarias para elaborar y presentar la estrategia de transformación digital del Registro Federal de Electores, para lo cual deberá presentar, a más tardar, el 31 de octubre de 2024, un plan de trabajo para la elaboración, en el que se indiquen las macro actividades, etapas y, en su caso, fases, así como plazos de ejecución, la entrega periódica de informes de avances y la fecha estimada de conclusión del documento final para someterlo a la aprobación de la Comisión del Registro Federal de Electores, con el previo conocimiento y opinión, por supuesto, de la Comisión Nacional de Vigilancia y, por supuesto, después ante este Consejo General.

Y también, segundo, instruir a la Junta General Ejecutiva, para que informe a este Consejo General, a más tardar el 30 de noviembre de este año, sobre la pertinencia y la factibilidad técnica, jurídica y normativa, para iniciar las actividades necesarias para una nueva planeación estratégica institucional, y en caso de ser viable, presentar la ruta que permita actualizar o sustituir el plan estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026.

Finalmente, quisiera resaltar que todos estos trabajos eran conocidos y, en su caso, observados por la Comisión Nacional de Vigilancia, con la intención de contar con las opiniones y contribuciones de las y los representantes de los partidos políticos, ante ese órgano superior de vigilancia.

Quiero señalar que se recibieron dos observaciones, una de la Consejera Ravel con la cual, bueno, me parece que no habría inconveniente, ya que este proyecto iba a ser conocido por el Consejo General la semana pasada y lo pasamos a esta semana, por lo cual solicita ampliar una semana más los plazos en los cuales se presentarán estos dos documentos.

Y una de la Consejera Rita Bell para que se presente al Consejo General el Plan de Trabajo, pero me parece que necesitamos también el análisis de la factibilidad realizado por la Junta General Ejecutiva, antes de que este Consejo pueda conocer el Plan de Trabajo, porque si no, me parece que no tenemos otro de los elementos esenciales para ver cómo avanzar y cómo impulsar este plan de trabajo, por lo cual yo no estaría de acuerdo en este momento en presentarlo, ya que el propio acuerdo señala que, justamente la Junta General Ejecutiva informará a este Consejo General sobre la pertinencia y la factibilidad técnica, jurídica y normativa para iniciar estas actividades.

Así que, me parece que esto ya estaría colmado con que se dé a conocer por parte de la Junta, una vez que se realicen estos análisis.

Por mi parte es todo.

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