Desde la noche del 2 de junio, la asignación de Diputaciones y Senadurías por el principio de Representación Proporcional (RP) fue uno de los temas de mayor controversia en el debate público, interés que aumentó conforme nos acercábamos al 23 de agosto: cuando el Consejo General del INE debía emitir los Acuerdos correspondientes.
En ese contexto, el 20 de agosto, los anteproyectos de Acuerdo fueron publicados en las redes sociales del INE, previo a la Sesión de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos (CPPP) en donde se discutieron y aprobaron para enviarlos al Consejo General.
Considero que la decisión de publicar los documentos fue correcta, porque con ello se contribuye a que la ciudadanía tenga acceso a la información de los temas relevantes que son parte del debate público, lo que le permite formarse una opinión y participar en la discusión respecto de temas importantes para el país. No obstante, esto puede abrir la puerta a otros desafíos.
Por un lado, el hecho de que esto no sea una práctica regular hace que se cuestione la decisión de publicitarlos, tal como sucedió en la CPPP, y aunque parece un tema novedoso, recuerdo haber debatido sobre la viabilidad de hacer públicos los proyectos, con el objeto de transparentar la toma de decisiones, desde que me incorporé al Consejo General del INE en 2017.
Para analizar la viabilidad de hacerlo, se acordó realizar un estudio que fue presentado en el Consejo General en 2017, y en éste se destacaron algunas complicaciones, por ejemplo: la posible afectación al debido proceso y al principio de presunción de inocencia, y la dificultad para elaborar versiones públicas de los documentos.
En ese momento advertí la necesidad de continuar con ese análisis, considerando el interés público que suscitan los temas que se debaten en el Consejo General del INE, sin embargo, ello no ocurrió, no obstante, a la luz de los últimos hechos es necesario retomar ese estudio, pues ahora ya contamos con un ejemplo de que sí es posible publicar los proyectos previo a su aprobación.
Por otro lado, la publicación de los anteproyectos de Acuerdo sobre la asignación de diputaciones y senadurías por el principio de RP también puso de relieve otro elemento que debe formar parte de la discusión respecto a la publicitación de anteproyectos: el acoso, amenazas e intentos de intimidación a través de redes sociales en contra de quienes tomaríamos la decisión, con un afán intimidatorio que pretendió influir en nuestra decisión.
En una democracia es importante debatir los temas trascendentes para el país, pero también es fundamental respetar la autonomía e independencia de las autoridades electorales para preservar la integridad de los procesos democráticos, por lo que no debemos normalizar las presiones, acoso y amenazas en contra de las personas servidoras públicas que deben tomar las decisiones.
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