A. INTRODUCCIÓN
A lo largo de 30 años como trabajadora y funcionaria electoral he respetado el Estado de Derecho, las disposiciones constitucionales y legales han sido eje rector, en ese espíritu baso mi intervención del día de hoy.
El proyecto de Acuerdo que se nos presenta da cuenta de un conjunto de actividades hechas por el INE de manera previa y que han adquirido definitividad durante este Proceso.
El trabajo colegiado se ha fortalecido, este proyecto de Acuerdo fue aprobado por unanimidad de los 5 consejeros y consejeras integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.
Con la debida antelación, en septiembre de 2023, aprobamos los Criterios aplicables para el registro de candidaturas.
En diciembre también se aprobó el Mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules y los escaños por el principio de Representación proporcional en el Congreso de la Unión.
En estos acuerdos, este Consejo General garantizó la inclusión de grupos vulnerables a través de acciones afirmativas. También, reafirmó el criterio de afiliación efectiva, utilizado ya en este proyecto.
Aquí quiero enfatizar que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la Sala Superior del Tribunal, han refrendado la constitucionalidad y la legalidad del mecanismo con que se realizó la presente distribución.
El proyecto de Acuerdo realiza la validación de la afiliación efectiva de las candidaturas que ganaron algún distrito de mayoría. En 28 casos, el acuerdo corrige la afiliación de las candidaturas y previene cualquier elusión al mandato constitucional.
También da cuenta de las respuestas a los escritos presentados por diversos grupos de la ciudadanía, en donde de manera general, se plantearon aspectos relativos al método de asignación de las curules de Representación Proporcional.
La paridad de género en los cargos públicos de representación es un hecho, en mi carácter de Presidenta seguiré apoyando, promoviendo y luchando para que también las mujeres representen a la ciudadanía y ejerzan sus derechos políticos con plena libertad en la toma de decisiones de nuestro país.
A través de acuerdos y resoluciones, aseguramos, por ejemplo, que las candidaturas a las gubernaturas fueran paritarias, lo que resultó en 4 nuevas gobernadoras electas que se suman a las 9 ya en funciones.
El presente acuerdo asegura que el Congreso de la Unión se integre paritariamente, primero con la postulación de candidaturas, en un 50 % de hombres y un 50 % de mujeres, y otras acciones afirmativas. Con este proyecto de Acuerdo se asegurará que la Cámara de Diputados cuente con 250 diputados y 250 diputadas.
Aunque también parecieran valores encontrados, la fórmula garantiza la pluralidad ideológica y social con la presencia de grupos tradicionalmente vulnerados. También esto abona a la gobernabilidad.
La fórmula que estamos aplicando el día de hoy no debe entenderse como un trámite a nuestra discreción. Se trata del acatamiento irrestricto de la ley.
El INE no construye fracciones parlamentarias. Tampoco tenemos dudas de cómo se aplica la Constitución. No existe un dilema.
Nuestro actuar está más allá de coyunturas electorales.
B. SEGUNDO
Anticipo que votaré a favor del proyecto de Acuerdo convencida de que estoy actuando en estricto apego a la Constitución y a la ley.
Nuestro sistema electoral combina la Mayoría Relativa y la Representación Proporcional, el uso de estas dos reglas provoca diferencias entre el porcentaje de votos y curules de los partidos.
La Representación Proporcional se erigió como valor constitucional para armonizar el pluralismo y la gobernabilidad política. Para ello, la Constitución limitó esta discrepancia al 8 %, entre votos y posiciones por instituto político.
Esto es resultado de un desarrollo institucional que inició con la reforma constitucional de 1977 y se fortaleció en 1996.
Este mandato constitucional no es algo nuevo. Es la misma fórmula con la que el país ha integrado el Congreso desde hace 28 años.
Estamos olvidando que los estudios históricos, de manera recurrente han mostrado que el modelo electoral del 91 al 94 favoreció la gobernabilidad y las mayorías sobre la pluralidad del cuerpo legislativo.
En el de 1996, sin embargo, se optó por el pluralismo, limitando a 300 el número máximo de diputados por partido.
El modelo de 2009 a 2012, limitó las coaliciones a las curules uninominales y ordenó la aparición de los partidos con su propio emblema en la boleta.
Adicionalmente, en las elecciones de 2015, 2018 y 2021, el INE impulsó la integración paritaria e inclusiva de los órganos legislativos. Criterios que han fortalecido la pluralidad.
El artículo 54 de la Constitución especifica las bases a las que estará sujeta esta asignación, incluyendo el límite del 8 % que aplica a los partidos en lo individual.
Es inaceptable colocar al INE en una falsa disyuntiva, la Constitución es contundente y precisa.
No hay dilema. Las reglas constitucionales son muy claras.
Pedirle al INE hoy, que aplique esta fórmula de otra manera es impensable, este Consejo General no puede apartarse de la Constitución.
C.TERCERO
La democracia representativa requiere de ciertas condiciones, pues como señala la Carta Democrática Interamericana ésta “se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional.”
Gracias a lo estipulado en la Constitución y en los tratados internacionales el poder deja de ser arbitrario para ser contenido por la ley.
Así, las autoridades de todos los ámbitos sólo pueden actuar cuando les está permitido de manera expresa.
La representación política, fuente de la potestad pública, no obedece a los intereses de uno o varios sectores, sino a la voluntad nacional emanada de individuos libres e iguales.
El sistema electoral en México es el reflejo de la historia, visión y valores nacionales.
Por esto es por lo que refrendo mi respeto a la Constitución. No hacerlo es defraudar a la democracia y a México.
El INE no quita ni regala diputaciones ni senadurías. La única que puede hacerlo es la ciudadanía con su voto.
Atisbar siquiera o peor aún asegurar que se pueden inaplicar las reglas electorales, debilita la construcción de la ciudadanía y el Estado de Derecho.
D.CUARTO
Estamos ante un proyecto de acuerdo objetivo.
Y no sólo eso, es el resultado del trabajo de toda la estructura que conforma el sistema nacional de elecciones.
Este acuerdo no es sólo de 11 consejerías, se debe al trabajo y compromiso de miles de servidores públicos electorales y refleja la voluntad de los más de 60 millones de ciudadanos que acudieron a las urnas el pasado 2 de junio.
Mi voto siendo unipersonal, está respaldado por el compromiso y trabajo profesional de los Órganos Delegacionales, Unidades Técnicas y Direcciones Ejecutivas, así como de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales.
Rechazo tajantemente los intentos de colocar al INE en el incumplimiento de su función de Estado.
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