Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Buenas tardes, de nueva cuenta a todas y todos los consejeros electorales, a los representantes de los partidos políticos y del Poder Legislativo.
Les damos la bienvenida a esta Sesión Extraordinaria Urgente, convocada para el término de la reciente sesión que acabamos de realizar.
Para efecto de la verificación del quorum, tomaré la lista de asistencia de los que de manera virtual nos están acompañado.
Es el caso del Diputado Luis Gerardo Serrato Castell.
Consejero del Poder Legislativo del PAN, Luis Gerardo Serrato Castell: Presente, Presidenta.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Muchísimas gracias, Diputado.
Y el Senador Juan Manuel Fócil Pérez.
Consejero Uuc-kib Espadas Ancona.
Consejero del INE, Uuc-kib Espadas Ancona: Presente.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias.
En este momento existe quorum legal con dos virtuales y 16 presenciales, haciendo un total de 18 asistencias.
En la misma tesitura de la sesión anterior, consulto a ustedes, de acuerdo a nuestro Reglamento en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la que se señala que en caso de ausencia del Secretario en la sesión, sus funciones serán realizadas por algún integrante de la Junta General Ejecutiva, que al efecto designe el propio Consejo.
Esta Presidencia propone de nuevo, al Licenciado Roberto Carlos Félix López, Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, para realizar los trabajos de esta sesión.
Consulto a los consejeros y consejeras si estamos en la posibilidad de que sea aprobada la propuesta.
Quienes estén a favor, si podemos levantar la mano.
Muchísimas gracias a todos mis colegas por esta aprobación.
En este momento le solicito…
Consejero del INE, Uuc-kib Espadas Ancona: Presidenta.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Mande.
Consejero del INE, Uuc-kib Espadas Ancona: Quisiera emitir mi voto.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Uuc-kib.
Adelante, consejero Uuc-kib, ¿está usted de acuerdo con que sea designado para esta sesión el Encargado de Despacho de la DESPEN?
Consejero del INE, Uuc-kib Espadas Ancona: A favor.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Muchísimas gracias, consejero Uuc-kib Espadas, y una disculpa.
Le solicito al licenciado Roberto Carlos Félix López, sea tan amable de tomar su lugar.
Y dé continuidad en este momento a la sesión.
Secretario Ejecutivo Suplente del Consejo General del INE, Roberto Carlos Félix López: Con mucho gusto, Consejera Presidenta.
Buenas tardes a todas y a todos.
El siguiente asunto se refiere al orden del día.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias.
A consideración de todos los presentes el presente proyecto de orden del día, por si tienen alguna intervención.
Adelante, consejero Jorge Montaño.
Consejero del INE, Jorge Montaño Ventura: Perdón, Presidenta.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Estamos en el orden del día.
Consejero del INE, Jorge Montaño Ventura: Ah, perdón.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Okey.
Al no existir intervenciones, sométalo a la votación de este Pleno, Secretario, por favor.
Secretario Ejecutivo Suplente del Consejo General del INE, Roberto Carlos Félix López: Con mucho gusto, Consejera Presidenta.
Se consulta a las consejeras y los consejeros electorales si se aprueba el orden del día, así como la dispensa de la lectura de los documentos que contienen los asuntos circulados para entrar directamente a la consideración de los mismos.
Procederé a tomar la votación a quien nos acompaña de manera virtual.
Consejero Uuc-kib Espadas.
Consejero del INE, Uuc-kib Espadas Ancona: A favor.
Secretario Ejecutivo Suplente del Consejo General del INE, Roberto Carlos Félix López: Gracias.
A quien nos acompaña aquí en la sala, quienes estén a favor.
Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Muchísimas gracias.
Continúe, Secretario,
Secretario Ejecutivo Suplente del Consejo General del INE, Roberto Carlos Félix López: Con mucho gusto, Presidenta.
El primer asunto en el orden del día, es el Informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización que se encuentran en trámite, las sanciones impuestas durante 2016 a 2024 y las solicitudes de información y su atención por diversas autoridades.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Muchísimas gracias.
Para la presentación de este informe, hará uso de la palabra el consejero Jorge Montaño, quien presiden la Comisión de Fiscalización de este instituto.
Adelante, consejero.
Consejero del INE, Jorge Montaño Ventura: Gracias, Presidenta.
Buenas tardes a todas y a todos.
Como lo he venido haciendo de manera habitual en cada una de las sesiones de este órgano colegiado, me permito intervenir en este punto del orden del día para presentar el informe respecto del estado jurídico que guardan los procedimientos administrativos sancionadores, que se encuentran en trámite en la Unidad Técnica de Fiscalización, así como también las sanciones que han sido impuestas y las solicitudes de información realizadas ante diversas autoridades financieras del estado mexicano.
El presente informe adquiere una especial relevancia, debido a que en éste, se da cuenta de un número importante de procedimientos que fueron resueltos por este Consejo General, a propósito del alto grado de litigiosidad que se originó en el proceso electoral, que aún estamos en curso y que demandó una enorme complejidad para la sustanciación y resolución de las quejas que fueron presentadas en materia de fiscalización.
Después de aquella sesión del pasado 22 de julio, en el cual este Consejo General aprobó la mayoría de las quejas que se interpusieron, relacionadas con los gastos de campaña de los sujetos obligados, el informe señala que actualmente existen 450 procedimientos que se sustancian en la Unidad Técnica de Fiscalización, de los cuales aún restan 233 asuntos que están en trámite y que corresponden a diversas quejas interpuestas en este proceso electoral.
Asimismo, el informe también destaca que durante el periodo comprendido del año 2016 al 2024, este Consejo General ha aprobado cuatro mil 798 procedimientos y que de enero a julio de este año se han resuelto dos mil 132 asuntos; sin embargo, a esta estadística se deberán sumar los 74 procedimientos que se aprobarán en el siguiente punto del orden del día, para esta sesión.
Particularmente, el informe detalla de manera pormenorizada, el cúmulo de sanciones que se han impuesto a los partidos políticos nacionales, partidos políticos locales y a diversos aspirantes y candidaturas independientes, durante los primeros siete meses del año 2024, cuyo monto global asciende a 50 millones 695 mil 605 pesos.
Del mismo modo, el informe también señala que de los dos mil 132 procedimientos resueltos en 2024, se han impugnado 61 asuntos, de los cuales dos se encuentran sub judice ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 50 asuntos han sido confirmados, dos fueron desechados y siete casos fueron modificados o revocados por la instancia judicial en materia electoral.
Por último, el Informe también da cuenta de las solicitudes, las gestiones y la estrategia jurídica seguida por esta autoridad electoral, para poder tener acceso a la información en poder de otras autoridades financieras, para la debida sustanciación de los procedimientos sancionadores.
En el trienio que comprenden los años 2022 al 2024, la Unidad Técnica de Fiscalización ha requerido información en poder de la Unidad Inteligencia Financiera en 246 ocasiones; también ha requerido al SAT en mil 63 casos; mientras que en ocho mil 751 ocasiones se ha solicitado información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
De manera específica, durante el periodo de enero a julio del año 2024, la Unidad Técnica de Fiscalización ha incrementado las solicitudes de información a estas entidades financieras, a propósito del proceso de fiscalización que llevó a cabo para los informes de campaña; de esta manera, se ha requerido información en 14 ocasiones a la Unidad Inteligencia Financiera; en 292 casos se ha solicitado el apoyo del SAT y se ha formulado cuatro mil 818 solicitudes de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para poder complementar el análisis y la investigación de los procedimientos administrativos sancionadores, mismos que están sustanciándose en esta instancia fiscalizadora.
En este sentido, como ya lo he expresado de forma reiterada en diversas sesiones de este colegiado, el intercambio de información no sólo es una obligación normativa por parte de las autoridades, sino un mecanismo del fortalecimiento institucional que abona a la transparencia y rendición de cuentas de los sujetos obligados.
Es por ello, que tal y como lo muestra el Informe que se encuentra a nuestra consideración, los datos a los que he hecho referencia permiten afirmar que la retroalimentación que nos brinden las autoridades financieras es un insumo valiosísimo para que la Unidad Técnica de Fiscalización ejerza de manera adecuada a sus facultades constitucionales para poder contribuir en el combate a la corrupción y fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de los sujetos obligados.
No quisiera desaprovechar la oportunidad de agradecer a la Unidad Técnica de Fiscalización para el apoyo de la elaboración de este Informe, así como a quienes la integran en sus diversas áreas, que aquí el día de hoy nos acompañan, tuve la oportunidad de saludarles a quienes forman parte de la Unidad Técnica de Fiscalización.
Muchas gracias por ese valioso apoyo, porque sin ellos y sin ellas no hubiese sido posible.
Es cuanto, Presidenta.
Vivamos la democracia.
Muchas gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, consejero Jorge Montaño.
Adelante, consejera Carla Humphrey.
Consejera del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan: Gracias, Presidenta.
Yo agradezco el informe que se presenta por parte de la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan procedimientos administrativos sancionadores en esta materia.
Y quería hacer énfasis en el tema de la colaboración interinstitucional que debemos tener para tener acceso a diversa información que es muy relevante para los procesos de fiscalización, tanto para la revisión de informes, en este caso de gastos de campaña como para el desahogo adecuado de las quejas en materia de fiscalización.
Y en este sentido es importante señalar que en lo que va de este año, este Instituto ha formulado cinco mil 124 requerimientos de información o documentación a tres autoridades, cuatro mil 818 a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 292 al SAT y 14 a la Unidad de Inteligencia Financiera.
Asimismo, se han formulado siete insistencias, seis de las cuales han sido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y una más al Servicio de Administración Tributaria.
En cuanto al grado de cumplimiento y atención a los requerimientos formulados, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha acusado de recibido el 81 por ciento de las solicitudes realizadas entre uno y dos días, el SAT de las 292 solicitudes formuladas 75 se han atendido en el periodo entre uno y cinco días, 199 están fuera del plazo de cinco días y 18 permanecen aún sin respuesta.
En cuanto a la Unidad de Inteligencia Financiera en 2024, como ya lo señalé, se han formulado 14 requerimientos, de los cuales en 13 casos esa autoridad solicitó mayor motivación y fundamentación, mientras que una más se atendió 115 días después de la fecha de acuse de recibido.
Esta situación me preocupa porque es claro, y si comparamos con ejercicios anteriores, que las solicitudes a la Unidad de Inteligencia Financiera han bajado por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización, ello en virtud de que no hay respuesta por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo cual me parece muy grave, porque esto claramente además de obstaculizar puede deteriorar el nivel de investigación y de profundidad en las investigaciones que debe realizar la autoridad en materia de fiscalización.
Podemos estar dejando de ser exhaustivo y no estamos investigando oportunamente si no tenemos el acceso a la información con la que cuentan particularmente esta autoridad.
En este caso, además de que es una obligación de ley, tenemos acuerdos, convenios firmados, hasta dos con dos anexos, uno que fue recientemente firmado, un nuevo convenio el 14 de febrero de este año y que no ha sido exitoso para que esta autoridad nos envíe la información que le hemos referido.
Y pongo un ejemplo, la solicitud de esta autoridad que formuló sobre las posibles operaciones financieras inusuales, que es una información que normalmente y diariamente llega a la Unidad de Inteligencia Financiera, en este caso a las personas candidatas, en las que después de 45 días sin respuesta se contestó, 45 días necesitaron para decirnos que requerían mayor fundamentación y motivación, cuando por definición, nosotros tenemos fecha de registro de candidaturas y por lo tanto, se requería ese información para determinar diversas cosas y en concreto, también las solicitudes respecto al registro de esas candidaturas.
Me parece claro que esa información, tuve la fortuna de estar en esa unidad y sé que esa información llega normalmente y diariamente a la Unidad de Inteligencia Financiera, por lo cual, no encuentro el obstáculo legal para que se comparta esa información, respecto a la personas candidatas.
Por lo que reitero en este Seno del Consejo General, mi solicitud para llevar a cabo un análisis pormenorizado de cuáles son las rutas jurídicas que necesita esta autoridad llevar a cabo para poder tener acceso a la información que les permita ir a profundidad y a detalle, en el análisis de la información y la documentación presentada por partidos políticos, por candidaturas y precandidaturas, y todos los sujetos obligados en el marco de los procesos de fiscalización.
Es cuanto, Presidenta.
Gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Muchísimas gracias, consejera Carla Humphrey.
¿Alguien más?
Consejera Dania Ravel.
Consejera del INE, Dania Paola Ravel Cuevas: Muchas gracias, Presidenta.
Yo también agradezco mucho la presentación de este informe por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización, pero me quiero detener también en lo que ha comentado la consejera Humphrey.
Desde mi punto de vista, resulta preocupante que pese a la suscripción de un nuevo convenio de colaboración el pasado 14 de febrero, aún sigan existiendo faltas de atención a requerimientos de información que hace la Unidad Técnica de Fiscalización, e incluso negativas expresas a proporcionar información.
Además de los datos se desprende, pues, una actitud un poco digamos de resignación de la Unidad Técnica de Fiscalización, como no les da información la Unidad de Inteligencia Financiera, entonces, están dejando de mandarle requerimientos, y lo que se advierte es que se incrementan los requerimientos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien sí nos responde y nos responde en muy poco tiempo, pero cada vez se hacen menos requerimientos a la Unidad de Inteligencia Financiera.
Parece ser que ante esta negativa y ante el hecho de que se ve que es infructuoso solicitar la información, pues ya se ha optado por mejor ni requerir esta información.
Ciertamente, el convenio estipula en la cláusula segunda, fracción II, que la Unidad de Inteligencia Financiera se compromete a proporcionar a solicitud del INE, los productos de inteligencias que contengan la información derivada de los reportes y avisos respectos de actos y operaciones que deben presentar los sujetos obligados, en términos de la norma aplicable, que pudieran fortalecer las labores de fiscalización relativas al uso indebido de recursos públicos y privados, mismos reportes que, por su naturaleza, no podrán ser presentados como prueba dentro de algún procedimiento administrativo o judicial.
Y creo que esta última parte es lo que se ha utilizado más como pretexto por la Unidad de Inteligencia Financiera, para negarla información; sobre todo porque desde los oficios que manda la Unidad Técnica de Fiscalización a la UIF, pues se mencionan evidentemente, los procedimientos con los que se relaciona la solicitud y la UIF pues opta por no dar información con apego a esta cláusula, particularmente a esta última parte.
Sin embargo, pues es evidente que un acuerdo de voluntades no puede estar por encima de lo que establece la Constitución ni la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en particular el artículo 41 de la Constitución refiere que en el cumplimiento de sus atribuciones en materia de fiscalización, el Consejo General no estará limitado por los secretos bancarios, fiduciario o fiscal, sin mencionar que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que las autoridades federales, estatales y municipales, deberán prestar la colaboración necesaria para el adecuado desempeño de las funciones de las autoridades electorales, establecidas tanto en la Constitución como en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre las que se encuentra claramente, la facultad de fiscalización.
La negativa de proveernos lo necesario para el desahogo de los procedimientos en materia de fiscalización, impide que el Instituto Nacional Electoral pueda cumplir su función fiscalizadora, debido a que, evidentemente, siempre actuamos en el marco de procedimientos en materia de fiscalización o de revisión de informes, por lo que precisamente, la información se requiere para poder desahogar de manera eficiente estos procedimientos; no podríamos requerir información que no estuviera en el marco de esto porque simplemente, sería indebido y nosotros no hacemos pesquisas.
En el Convenio que antecede, es decir, el que estaba firmado en 2019, si bien contenía la limitante para presentar como pruebas los reportes proporcionados por la UIF al INE, únicamente aplicaba para procedimientos judiciales, no así para los procedimientos administrativos, como lo prevé ahora el Convenio vigente, esto se le adicionó y evidentemente, por lo que estamos viendo se le adicionó en perjuicio de que el INE obtenga esta información.
El Convenio suscrito este año también establece plazos superiores a los que prevé la LGIPE para darnos respuesta, serán de inicio 15 días, prorrogables 10 días más. A pesar de que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 200, párrafo 1 prevé un plazo de cinco días.
El anterior Convenio, el de 2019, establecía en el numeral 4 de la Cláusula Segunda del Anexo Técnico 2 que, cito: “Tratándose de información relacionada con procedimientos especiales sancionadores, la UIF procurará realizar los actos, gestiones y trámites necesarios para entregar la información a la brevedad posible, en virtud de la naturaleza sumaria de dicho procedimiento”. Este Convenio ya no contempla esa cláusula, simplemente desapareció.
De acuerdo a la Cláusula Sexta, fracción V y VI, una de las atribuciones de los enlaces institucionales, que en este caso el enlace institucional por parte del INE es el Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, es proponer y analizar las modificaciones al Convenio.
Sin embargo, a pesar de que en reuniones previas de Fiscalización nos ha comentado lo desventajoso que es este Convenio para el INE, no ha hecho uso de esta atribución, sin óbice por supuesto de que el Convenio no puede estar por encima de lo que establece la Ley y la Constitución.
Prácticamente, cada sesión de Consejo General un grupo de consejerías hacemos un llamado, lamentablemente infructuoso, para que se revise este Convenio con la UIF para que se tomen medidas legales para revertir esta situación en la cual nos encontramos, ante una negativa constante de proveernos de información, sin embargo, nuestras peticiones no han tenido eco, porque simplemente la pasividad y permisibilidad a que no se cumpla la Ley, sigue manteniéndose y esto está afectando las funciones de Fiscalización del INE.
Gracias, Presidenta.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias a ti, consejera.
¿Alguien más desea hacer uso de la palabra?
Consejera Claudia Zavala.
Consejera del INE, Beatriz Claudia Zavala Pérez: Muchas gracias, Presidenta.
Agradezco la presentación de este informe y voy a hacer referencia también a la preocupación que han expresado tanto la consejera Carla como la consejera Dania, respecto de la forma de colaborar o no, yo creo que ahora ya no hay colaboración por parte de la UIF.
Y es que no dejo de pensar en el primer momento cuando desde el Tribunal Electoral se fijó la tesis que después se recogió en la ley de que no eran oponibles ningún tipo de secretos a las autoridades fiscales, en particular a la Unidad de Fiscalización, entonces IFE, hoy INE, respecto de estos asuntos para que puedan hacer su trabajo de autoridad fiscalizadora en el enfoque de partidos políticos y todo el contexto político electoral.
Me parece muy importante, ya la consejera Dania nos ha puesto sobre la mesa cuáles son las cláusulas del actual convenio que resultan desventajosas para el cumplimiento de nuestra función y que van en contra de la ley, pero justo cuando resolvimos fiscalización yo vi en la sesión anterior, que nos hicimos cargo de fiscalización, le envié un oficio al encargado de Despacho de la UTF en el que le pedía la explicación de por qué no se hacían requerimientos o no se hicieron durante ese procedimiento de fiscalización a la UIF.
Y, efectivamente, en la respuesta que me dio hace alusión a este convenio y a la desventajosa situación en la que se ponía al Instituto Nacional Electoral para el ejercicio de su función fiscalizadora.
En esa medida me parece que el propio encargado del Despacho ha reconocido y aquí mismo lo sigue reconociendo, que este convenio no tiene cabida legal para poder sostener la falta de colaboración.
A eso aunamos a que sigue la resistencia por parte de la autoridad, pues verdaderamente hay una afectación al tema de fiscalización y a la fiscalización, que de por sí los plazos son muy cortos, ahora sin la colaboración institucional de otras autoridades del Estado mexicano, pues se vuelve más lenta o ineficaz la propia fiscalización.
En esa virtud, pues yo creo que sí debemos de tener un planteamiento jurídico ante el Tribunal Electoral, tomando como base lo que ya dijo el mismo Tribunal, que ninguna autoridad puede, del estado mexicano, puede dejar de colaborar con esta función del INE a partir del ejercicio.
Y aquí hay un tema fundamental, como la Secretaría Ejecutiva es la facultada para la firma de convenios para la representación del instituto, pue sería la primera instancia en la que tendría que, junto con la Unidad Jurídica, revisar estos términos desventajosos, que la Unidad Técnica de Fiscalización está señalando y está comprobando y que ha quedado acreditado con el ejercicio de fiscalización de este año, en la que no se hicieron requerimiento a partir de estas cláusulas, pero además los que se hicieron, 13, todavía se solicita mayor información cuando es una propia obligación.
Más allá de que se puedan o no agregar como pruebas, me parece que las autoridades tenemos la posibilidad de poder hacer uso de la información para el ejercicio de nuestras funciones y tenemos también la responsabilidad de proteger los datos que se tengan que proteger o de valorar la información o las pruebas en la eficacia probatoria que la propia ley nos permita.
Me parece que sí tenemos que entrar ya a las acciones legales pertinentes para poder solventar esta situación.
Ya el Tribunal también se ha manifestado, pero sí creo que ahora si tenemos que pedir una vía en la que no quede al arbitrio, ni al convenio de las partes, ver si se cumple o no la ley.
Me parece que la ley se debe de cumplir y se debe coadyuvar en esta tan importante labor, que es la fiscalización, porque al final de camino la fiscalización que realiza el INE no se entendería como eficaz sin la coadyuvancia de todas las autoridades del estado mexicano y de las autoridades o entes financieros que interviene en este tipo de transacciones.
Es fundamental que el INE cuente con toda la información y para ellos, principal y prioritario que se derriben estas cláusulas del convenio, suscrito por la Secretaría Ejecutiva, que hoy ya estamos viendo sus efectos para que podamos nosotros transitar al modelo d fiscalización, que de por sí, vuelvo a señalar, los tiempos legales son muy cortos, con estos obstáculos pues se hace menos eficaz nuestra fiscalización.
Así que me uno a esta solicitud que han formulado mis colegas, para que desde el área jurídica, se vea cómo se arregla este convenio o, en su caso, se promuevan los medios de impugnación necesarios para poder reestablecer una relación estrictamente institucional que permita al INE cumplir con su función fiscalizadora.
Gracias, Presidenta, gracias, colegas.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, consejera Claudia Zavala.
¿Alguien más?
Adelante, Juan Miguel Castro Rendón.
Representante del PMC, Juan Miguel Castro Rendón: Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente, a todas y a todos.
Perdón, con ánimo propositivo y respetuosamente, considero que no ha habido un verdadero acercamiento al Titular de la Unidad. Conociéndolo, pienso yo que si se le invita aquí, es muy profesional Pablo Gómez, es muy profesional, lo reitero y lo subrayo, si se le invita aquí a un diálogo con todos ustedes, y si es preciso con todos nosotros, se podría transitar mejor.
Es una atenta y amable sugerencia.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Muchísimas gracias, señor representante.
¿Alguien más?
No existiendo más intervenciones, Secretario, damos por recibido este informe, quedan anotadas los posicionamientos de tres consejerías y la propuesta del representante de Movimiento Ciudadano, para proceder en adelante.
Dé cuenta del siguiente asunto.
Secretario Ejecutivo Suplente del Consejo General del INE, Roberto Carlos Félix López: Con mucho gusto, Consejera Presidenta.
El siguiente asunto en el orden del día es el número 2, y es el relativo a los Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a procedimientos administrativos sancionadores, oficiosos y de queja en materia de fiscalización instaurados en contra de Partidos Políticos Nacionales, que se compone de 74 apartados.
También le informo, Consejera Presidenta, que la Unidad Técnica de Fiscalización remitió fe de erratas al apartado 2.27 y adenda al apartado 2.30.
Es cuanto.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias.
Para la presentación de este punto, hará uso de la palabra el consejero Jorge Montaño, quien preside la Comisión de Fiscalización.
Adelante, consejero.
Consejero del INE, Jorge Montaño Ventura: Nuevamente gracias, Presidenta.
Aprovecho esta ronda para dar cuenta de los 74 proyectos de resolución de diversas quejas y procedimientos oficiosos que se encuentran a nuestra consideración, precisamente en este punto del orden del día, y que fueron aprobados previamente el día de ayer en la sesión de la Comisión de Fiscalización.
Para facilitar la exposición de los asuntos, me permitiré hacerlo por apartados temáticos para su mejor comprensión y que se resumen de la siguiente manera:
En primer lugar, quiero referirme al paquete de 11 procedimientos iniciados en el año 2019, cuya resolución permitirá dar un avance importante para abatir el rezago que venía enfrentando la Unidad Técnica de Fiscalización respecto de la sustanciación de los asuntos que versan sobre el origen, monto y aplicación de los recursos de los sujetos obligados.
En estos procedimientos se están proponiendo de manera global sanciones por un importe de 21 millones 386 mil pesos, como lo expongo a continuación.
En un caso, se acreditó que diversas precandidaturas que contendieron a los cargos de diputaciones locales y ayuntamientos en el estado de Baja California en el año 2019, fueron omisas de reportar diversos gastos en sus informes de ingresos y gastos de precampaña, por lo que se está proponiendo imponer una sanción económica tanto al partido Morena, como a las personas que ostentaron dichas precandidaturas, precisamente por la falta de presentación de los citados informes.
En otro caso, se propone sancionar al partido Morena por la omisión de reportar 771 cuentas bancarias a nuestra instancia fiscalizadora, pues si bien es cierto, está acreditado que la referidas cuentas no tuvieron movimientos, éstas sí debieron ser enteradas al haber sido abiertas por el partido.
Ahora bien, por la importancia que representan los asuntos que abordaré a continuación, me quiero referir de manera puntual sobre el sentido de los mismos.
Por una parte, está el caso del asunto identificado con el número 2.11, en el que está relacionado el Partido del Trabajo. En el proyecto se propone sancionarlo con 3 millones 946 mil 474 pesos, debido a que se acreditó que se aprovechó del Régimen fiscal especial del que gozan los partidos políticos y en forma simulada generó 208 permisos en los municipios de Tijuana y Tecate, Baja California, para realizar diversos eventos que le generaron un beneficio por un importe de un millón 973 mil pesos.
Por otro lado, en cinco casos en los cuales está involucrado el Partido Verde Ecologista de México, la propuesta de sanción global asciende a 16 millones 465 mil 885 pesos, toda vez que de los elementos de que se allegó la Unidad Técnica de Fiscalización, se pudo comprobar que el partido político no acreditó la materialización de operaciones reportadas y en dos casos omitió destinar cuando menos el tres por ciento del financiamiento ordinario para actividades de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
Considero que estos casos son de especial relevancia, porque se trata de conductas graves que revelan un manejo opaco de los recursos que utilizaron estos partidos políticos en el año 2017, en donde además de infringir la normatividad contable, se pusieron en riesgo valores jurídicos importantes, como lo es el caso del financiamiento destinado para las mujeres. Y por ello, considero que las sanciones que se pretenden imponer son apegadas a derecho.
En segundo lugar, quisiera referirme al procedimiento en el cual se propone sancionar al Partido del Trabajo por las transferencias que su Comité Estatal en Morelos realizó al Comité Nacional, pero que no se acreditó que dichos recursos hubieran sido aplicados en la entidad de la que provinieron los recursos.
Finalmente, un tercer paquete de quejas, están relacionados con 62 procedimientos que versan sobre diversas denuncias iniciadas con motivo de presuntas infracciones, esto al marco normativo en materia de fiscalización en los Procesos Electorales federal y locales 2023-2024.
En estos casos se está proponiendo diversos sentidos de resolución que son los siguientes: 12 asuntos se declaran fundados y se imponen sanciones globales por 418 mil 135 pesos; 39 casos se declaran infundados, siete quejas se proponen sobreseerlas y cuatro asuntos se propone desecharlos.
A grandes rasgos, esos son los datos más relevantes de los proyectos que estamos analizando; sin embargo, tal y como lo mencioné en la Comisión de Fiscalización, quisiera señalar dos situaciones que no acompaño.
Respecto al asunto identificado en el punto 2.11 pediría a la Secretaría Ejecutiva una votación en lo particular, ya que en congruencia con lo que voté en la sesión del pasado 28 de abril considero que la conducta que se le atribuye al Partido del Trabajo debe ser por culpa in vigilando y sancionarlo con el 100 por ciento del monto involucrado y no con el 200 por ciento, como lo propone el proyecto.
Respecto del procedimiento identificado con el numeral 242 del orden del día, identificado con el número de expediente 2197/2024, no comparto el sentido y que votaré en contra por las siguientes razones:
A manera de contexto, quisiera comentar que se trata de una queja presentada por Rodrigo Zepeda Carrasco, representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante la Comisión Municipal Electoral de Monterrey, en contra de la otrora Coalición “Fuerza y Corazón por Nuevo León” y su entonces candidato a la alcaldía de Monterrey por la presunta omisión de reportar gastos por concepto de pagos a representantes generales y representantes de casilla.
En el proyecto se plantea desechar la queja bajo el argumento de que el quejoso no desahogó de manera adecuada la prevención que le fue formulada, consistente en que proporcionara el número de representantes y de casillas involucradas; no obstante, el motivo de mi disenso radica en tres aspectos.
Primero, desde mi óptica la prevención formulada resultada innecesaria, pues se impuso una carga adicional al ciudadano al solicitar la información que no obra en su poder, la cual por cierto sí está a disposición de este Instituto porque en los diversos sistemas informáticos se cuenta con el número de casillas por entidad, localidad y distritos en los cuales los sujetos obligados registraron a sus representantes y se puede conocer si dichos representantes son de carácter gratuito u oneroso, así como, en su caso, el importe de los pagos entregados.
Bajo esta perspectiva considero que la Unidad Técnica de Fiscalización contaba con los elementos suficientes para admitir a trámite la queja y llevar a cabo la sustanciación respectiva, máxime, cuando en el escrito inicial se advierte que de cuantificase dichos gastos, podría tener un impacto relevante en la totalidad de gastos acreditados para la candidatura denunciada.
Segundo. Otro de los motivos por los cuales no acompaño el sentido de este asunto, se centra en el hecho de que el Ciudadano Rodrigo Zepeda Carrasco, no fue notificado debidamente para desahogar la prevención que le fue realizada por la UTF, ello partiendo de la base que dicha prevención se notificó a la Tesorería Nacional de la Secretaría de Finanzas de Movimiento Ciudadano, con lo cual, a mi modo de ver, se vulneró una garantía procesal para que dicho ciudadano reconociera el requerimiento y la información, que a juicio de la unidad, era necesario para admitir a queja.
Tercero. Finalmente otro aspecto que me parece de la mayor importancia, es que del análisis que realizó mi oficina al sistema de Representantes, al Sistema de Información de la Jornada Electoral y al Sistema Integral de Fiscalización; advierto que la Unidad Técnica de Fiscalización tenía a su alcance la información …necesaria para compulsar los datos que fueron aportados en la queja, contra el número de representantes que fueron registrados por la entonces coalición “Fuerza y Corazón por Nuevo León”, de manera gratuita u onerosa, y verificar si estos fueron debidamente reportados y comprobados.
Es por todas estas razones que solicito a la Secretaría Ejecutiva, que someta a la consideración de este colegiado, mi propuesta para que este proyecto se regrese a la Unidad Técnica de Fiscalización, se regularice procesalmente, se admita trámite y se haga el análisis conducente en los términos que he expuesto, para llegar a una verdad jurídica que aporte certeza sobre los hechos denunciados.
Finalmente, quiero agradecer encarecidamente a mis colegas, consejeras y consejeros integrantes de la Comisión de Fiscalización, así como al resto de las consejerías, a sus equipos de asesoría y, desde luego, a la Unidad Técnica de Fiscalización, por esas invaluables observaciones y aportaciones que como siempre contribuyen al fortalecimiento y mejora de los proyectos que se ponen a consideración de este Consejo General.
Vivamos la democracia.
Es cuanto, Presidenta.
Gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Muchísimas gracias, consejero Jorge Montaño.
¿Alguien desea participar?
Entiendo que lo haremos en ronda general y si queremos reservar, como lo hacemos ya de manera normal.
Adelante, consejero Martín Faz.
Consejero del INE, José Martín Fernando Faz Mora: Buenas tardes.
Como ya es costumbre en puntos como el que nos ocupa, previamente he enviado a la Secretaría de este Consejo, un listado con las reservas en aquellos casos en los que se actualiza alguno de los criterios que he sostenido, de manera reiterada.
Entre los asuntos considerados, varios se iniciaron en el 2019 y se presentan hasta ahora debido a las numerosas diligencias de investigación realizadas por la Unidad de Fiscalización de este Instituto.
Aunque lo ideal habría sido resolver esos casos en un tiempo más breve, a veces es necesario profundizar en las investigaciones para que la verdad jurídica acreditada en los expedientes coincida con la verdad histórica de los hechos que realmente ocurrieron.
Dentro de esos asuntos hoy concluimos diversas investigaciones iniciadas en contra del Partido Verde, donde se intentaron comprobar cursos de capacitación presentando fotografías de servicios de comida, previamente publicados en Internet.
Además, encontraron listas de asistencia con firmas no coincidentes y fotografías justificativas donde aparecían hombres tomando un curso que, en teoría, era solo para mujeres.
En otros puntos tampoco se demostró la materialidad de operaciones en la compra de camisetas y gorras, renta de mobiliario de oficina, y un vehículo o en la contratación de asesorías.
En estos casos se sanciona con el 200 por ciento del monto indebidamente erogado y se ordena dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Las sanciones ascienden a más de 16 millones de pesos.
En una línea similar, tenemos otro caso del PT, donde no pudo comprobar una erogación en especie desde su dirigencia nacional a la de Morelos, por 700 mil pesos.
En general, el ejercicio de las facultades de investigación de este Instituto, en estos casos del 2019, han logrado desenmascarar una serie de erogaciones por montos importantes, que no pudieron ser comprobados y, por tanto, se desconoce su destino final.
En ese sentido, quiero referirme de forma puntual al punto 2.9 del orden del día, que como sabemos, consiste en un procedimiento oficioso que se inició en contra del Partido Morena, por gastos que registró en el Sistema Integral de Fiscalización por concepto de levantamiento de encuestas, durante los ejercicios 2017 y 2018, y cuyo objeto consiste en determinar si dichos gastos revisten un objeto partidista o no.
Al respecto, debo señalar que encuentro algunas diferencias que me llevan a separarme del sentido propuesto, ello porque en primer lugar advierto que el proyecto adolece de un análisis exhaustivo al no dar cuenta de las muestras de las encuestas que fueron levantadas, mismas que aunque solicité fueran adjuntadas, no fueron incorporadas al proyecto, a pesar de constituir desde mi punto de vista, un elemento fundamental para la comprobación de un gasto etiquetado, sobre todo, cuando cada proyecto en cuestión involucra un egreso de más de 10 millones de pesos, por solo el levantamiento de encuestas.
En segundo lugar, porque considero que la parte final del análisis del fondo de la resolución donde si bien se refrasean las principales conclusiones a las que se arribó, así como el beneficio que aportaron en la materia, lo cierto es que su estudio se hace de manera general, incluso considero hasta superficial.
Ahora, de una revisión directa al contenido de los reportes finales objeto de análisis, advierto que en los mismos se plantean conclusiones y propuestas que desde mi punto de vista, con generales y que no representan planteamientos o aportes novedosos que contribuyan de manera sustantiva y eficaz a las problemáticas que han permeado y obstaculizado el desarrollo y liderazgo político de las mujeres.
No puedo acompañar la validación de este tipo de egresos porque al tratarse de gastos específicos o etiquetados, esta autoridad debió utilizar parámetros de revisión mucho más estrictos, dado que en la fiscalización de gastos para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, no es suficiente una comprobación formal de los gastos, a través de la presentación de los contratos, facturas, etcétera, sino que es también necesario verificar que éstos representen una aportación sustantiva a este rubro, situación que no acontece en el proyecto que se pone a nuestra consideración.
En ese sentido, aprovecho esta ocasión a fin de señalar nuevamente que encuentro que los criterios y/o estándares de revisión de la Unidad Técnica de Fiscalización en este tipo de investigaciones, no están homologados, ya que en otros ejercicios de revisión de dictámenes, como lo señalé al aprobar los dictámenes del Ejercicio 2022, he advertido casos en los cuales se aplica un rigor sustantivo superior, mientras que en otros los parámetros de revisión son mucho más laxos.
Tomando en cuenta este asunto y algunos otros de los procedimientos de 2019 listados para esta sesión, reitero mi llamado a fijar parámetros y estándares objetivos para la revisión sustantiva de la debida aplicación de los recursos destinados para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
Por lo anterior, considero que los proyectos de investigación que hoy nos ocupa y en los que se aplicaron recursos etiquetados para el liderazgo político de las mujeres, no generan un aporte sustantivo que los justifique, pues no se justifica la realización de encuestas a nivel nacional que sólo remiten a conclusiones obvias y predecibles, por lo que, de manera respetuosa, me separo del sentido propuesto.
Finalmente, quiero mencionar que me separaré del proyecto marcado con el punto 2.47, debido a que en éste no se explica de forma clara o detallada las investigaciones que fueron realizadas para concluir que, efectivamente, las promesas de entrega de becas estudiantiles no representaron ningún beneficio económico cuantificable a los sujetos denunciados.
Sería todo. Gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, consejero Martín Faz.
Consejera Carla Humphrey.
Consejera del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan: Gracias, Presidenta.
En primer lugar, tomo el uso de la voz para apartar o señalar que me apartaré de la votación de aquellos proyectos en los que se utiliza la matriz de precios, particularmente los incisos identificados con el 2.1, 14, 23, 26, 27, 34, 44, 55 y 61, ya que como lo he dicho en reiteradas ocasiones, no comparto la metodología con la que se integra esta matriz de precios y como incluso se implementa para determinar estos o los gastos que no han sido reportados, porque me parece que no reflejan la gravedad de la falta ni su incidencia en los procesos de fiscalización o bien que pueda ser una sanción baja que impida el cumplimiento de las finalidades de prevenir, disuadir e inhibir la comisión de estas conductas infractoras en el futuro.
Una vez precisado lo anterior, me gustaría señalar que me separo de dos proyectos de estos 74, los identificados como 2.12 y 2.42 del orden del día.
En el primero de los casos, el 2.12, se trata de un procedimiento oficioso, el 54 de 2022 del estado de Morelos, el cual inició con motivo del dictamen consolidado y resolución respecto de la revisión de informes de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio ordinario de 2022 del Partido del Trabajo, ya que esta autoridad fiscalizadora se percató que el Comité Ejecutivo Estatal de ese partido en Morelos realizó transferencias en efectivo al CEN por un importe de 700 mil pesos, de los cuales no se comprobó para qué fueron utilizados.
No obstante, de la revisión del expediente existe evidencia de que el partido político remitió de manera adjunta a sus escritos de respuesta el soporte documental de la comprobación de los recursos que fueron utilizados para el pago de proveedores y se puede observar el registro de las pólizas, así como la relación del soporte documental de las operaciones comerciales efectuadas por esta cantidad.
A pesar de ello, en el proyecto se sostiene que el partido no comprobó ni acreditó que las transferencias en efectivo tuvieran como fin y destino ser utilizadas a favor de la entidad que realizó las transferencias.
El motivo de mi disenso radica en que, como lo he planteado con anterioridad, específicamente en la sesión de este Consejo General, celebrada el 25 de febrero de 2022, en la que se discutió justamente ese dictamen consolidado y esa resolución, consideró que los partidos políticos, como el incoado, al ser entidades de interés público de carácter nacional con reconocimiento local, deben estar en actitud de realizar transferencias a sus distintos órganos nacionales o locales, siempre y cuando las operaciones se encuentren debidamente sustentadas y se hagan del conocimiento de esta autoridad.
En el caso concreto, a mi juicio, estas operaciones están acreditadas y comprobadas y se tiene conocimiento de que las personas proveedoras se encuentran registradas en el Registro Nacional de Proveedores y los bienes y servicios que ofrecen de acuerdo a dicho patrón, corresponde con los adquiridos por el partido político.
Desde mi perspectiva, el sentido que plantea el proyecto, da alcances a la norma que no se desprenden de la misma, ya que el artículo 150, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización; lo cual he dicho muchas veces ya en este Consejo General, requiere una, de verdad, revisión muy rápida y muy exhaustiva.
Señala que los partidos políticos podrán transferir recursos locales para el desarrollo de actividades ordinarias a órganos federales, para lo cual, el Comité Ejecutivo Estatal podrá realizar transferencias en efectivo al CEN y al Comité Directivo Estatal correspondiente, pero únicamente para su operación ordinaria, exclusivamente para el pago de proveedores y prestadores de servicios y para el pago de impuestos registrados en la contabilidad local, en el caso de campaña genérica que involucre a un candidato, una candidatura local y a una federal, únicamente para el reconocimiento de gastos a la campaña beneficiada.
Es decir, la conducta materia del procedimiento se encuentra prevista, claramente en la norma y de la misma no se advierte, ni se menciona fehacientemente que los recursos deban ser utilizados en la misma entidad de donde se transmitieron los recursos, aunado a que esta interpretación, a mi juicio, resultaría restrictiva de la facultad de autoorganización de los partidos políticos y desconocería su carácter nacional.
Ahora bien, por lo que se refiere al proyecto identificado en el numeral 2.42, tal como lo hice en la sesión del Consejo General celebrada el 22 de julio pasado y que corresponde en este caso a la queja identificada como 2197/2024, relativo a la Presidencia Municipal de Nuevo León, en el cual se propone el desechamiento toda vez que la persona denunciante no desahogó la prevención en el sentido de precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en las cuales ocurrieron los hechos denunciados, mismas que no comparto, por las razones siguientes:
En este caso se denunció al otrora candidato de la Presidencia Municipal de Monterrey por la presunta omisión de reportar egresos con motivo del pago de cuatro mil 926 personas designadas como representantes generales y de casilla el día de la jornada electoral, para cubrir mil 642 casillas, quienes recibieron, a juicio del denunciante, mil 500 pesos, más 500 pesos por concepto de alimentos, lo cual ascendía a 9 millones 852 mil pesos.
Como prueba de lo anterior, la parte denunciante refirió que al 9 de junio de 2024 no se había registrado nada al respecto en el SIF, a pesar de que la fecha límite para realizar el registro fue el 6 de junio.
Al considerar que la narración de hechos no contenía las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la Unidad Técnica de Fiscalización previno la parte quejosa, en fin de que en un plazo improrrogable de 72 horas, refiriera los hechos de los cuales derivaran estas circunstancias, la parte denunciante no desahogó la prevención.
Sin embargo, contrariamente y tal como lo hice saber el 22 de julio, contrariamente la propuesta, considero que de la narración de hechos contenida en la queja, es suficiente para admitir la queja y emprender una investigación sobre lo denunciado, pues si bien es cierto, el quejoso omitió precisar las casillas en las cuales considera se omitió reportar el gasto de representantes generales y de casilla, lo cierto es que en la denuncia refirió que al 9 de junio la parte denunciada no había registrado nada en el SIF, lo cual constituye un hecho negativo que no requiere de prueba y puede servir de base para la investigación al vincularlo como lo reportado en el informe de gastos correspondiente.
Lo anterior resulta relevante si se tiene en cuenta que de acuerdo con el artículo 216 bis, numeral 6 del Reglamento de Fiscalización de este Instituto, todas las personas representantes generales y de casilla deben registrarse en el Sistema de Registro de Representantes, en tanto de que de acuerdo con el numeral 8 del mismo precepto, tales representantes deben registrarse en el Sistema de Fiscalización de la jornada electoral.
En este sentido, la Unidad Técnica de Fiscalización tenía tres sistemas para corroborar el registro de representantes generales y de casilla, el SIJE, el Sistema de Registro de Representantes y además el SIFIJE, cosa que no hizo en ningún momento la Unidad Técnica de Fiscalización y, por lo tanto, contrariamente a lo referido en la propuesta y tal y como lo manifesté en la sesión anterior, considero que en la especie sí se cuenta con los elementos mínimos para trazar una línea de investigación que posibilite realizar diligencias que permitan acreditar o desmentir los hechos denunciados, pues se cuenta con elementos probatorios o indiciarios que apuntan a la verosimilitud de las conductas denunciadas.
Ésa es información con la que cuenta esta autoridad y que debe aportar al desahogo de las quejas que se presenten, tal como lo había señalado ya en otros procedimientos, en específico también en el tema de representaciones generales y de partidos ante casillas.
Gracias, Presidenta.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Muchas gracias, consejera Humphrey.
Consejera Dania Ravel.
Consejera del INE, Dania Paola Ravel Cuevas: Muchas gracias, Presidenta.
Como es usual en estos casos, he mandado a la Secretaría Ejecutiva, las votaciones de temas y criterios recurrentes que he sostenido en este Consejo General, como el que tiene que ver con la construcción de la matriz de precios o el criterio de sanción de egresos no reportados que actualmente se está sancionando con el 100 por ciento en monto involucrado, y no con el 150 por ciento del monto involucrado.
Sin embargo, en esta intervención general, quisiera referirme a tres asuntos en donde voy a tener una votación diferenciada, y que no son estas votaciones que usualmente se establecen por el tema de criterios. Y es el 2.8, 2.11 y 2.58.
Respecto al 2.8, estoy a favor en general del proyecto, pero tendría una votación diferenciada respecto a la responsabilidad del partido político involucrado; como lo hice en la Comisión de Fiscalización, y en donde coincido también con el consejero Montaño, desde mi punto de vista, la responsabilidad del partido político en este caso, es por culpa in vigilando y no una responsabilidad directa; esto derivado de lo que establecían sus estatutos vigentes al momento en que se cometieron los hechos denunciados, que fue en 2017.
El artículo 47 Bis, inciso d) de los Estatutos del Partido del Trabajo establecía que los órganos de dirección del Partido del Trabajo nacionales y estatales de la Ciudad de México, municipales y demarcaciones territoriales, no reconocerán como propios la validez de cualquier acto, contrato o convenio de carácter civil, mercantil, laboral o cualquier otro relativo a las finanzas, prerrogativas y patrimonio del partido que lleguen a celebrar en nombre y representación del mismo, y que no cuenten con autorización expresa y por escrito a la Comisión Coordinadora Nacional. En su caso, la responsabilidad de los compromisos de los adquiridos será exclusiva de quien lo celebre.
En el caso que nos ocupa, no se cuenta con esta autorización expresa y por escrito de parte de la Comisión Coordinadora Nacional.
Y si bien, me parece que por supuesto, eso no es suficiente para eximir de responsabilidad al partido político, sí lo es para que se cambie la responsabilidad del partido respecto a una responsabilidad directa, a una responsabilidad por culpa in vigilando.
Como lo refiere también el consejero Montaño, ya tuvimos un caso parecido en 2023, en donde resolvimos un par de quejas, y mi votación en esas quejas que resolvimos, que involucró a diversos partidos políticos, fue porque la sanción fuera por culpa in vigilando.
Entonces refrendando también esta postura que he mantenido, en este caso, de nueva cuenta yo votaría en ese sentido, por lo que pediría una votación diferencia respecto a este rubro.
Con relación al 2.11, estoy en contra del proyecto por falta de exhaustividad en la investigación, porque del análisis a los antecedentes del expediente se desprende la realización de 57 diligencias, de las cuales nueve corresponde a diligencias propias del trámite procedimental; seis corresponden a las respectivas notificaciones de estos acuerdos; 42 corresponden a diligencias de fondo, de las cuales 11 diligencias no tienen respuesta; 17 diligencias son solicitudes de información a la Dirección de Auditoría, a VINC Eficiencia Corporativa, S.A. de C.V., al SAT, a Impulsora AU, S.A. de C.V., a Movimiento Ciudadano y a la DERFE, y 14 diligencias consistentes en razones y constancias relacionadas con verificaciones de CFDI en el visor SAT y una verificación de respuesta.
En este sentido, el proyecto se resuelve con 31 diligencias, incluidas razones y constancias realizadas en el periodo de cinco años.
Del 4 de junio de 2021 al 7 de octubre de 2022 se emitieron únicamente seis actuaciones consistentes en razones y constancias, es decir, en 16 meses lo único que se realizó dentro del expediente fue emitir razones y constancias relacionadas con su verificación del CFDI.
Durante los casi nueve meses que van del 24 de enero de 2023 y hasta el 12 de octubre de 2023 se emitieron únicamente cinco razones y constancias.
En cuanto al fondo del asunto, no se investiga correctamente la litis planteada, pues en el proyecto nunca se analiza que las personas prestadoras de servicios contratadas por Impulsora AU, S.A. de C.V., le hayan prestado sus servicios a Movimiento Ciudadano.
En este sentido, no se justifica que los CFDI timbrados por la empresa Impulsora AU, S.A. de C.V., corresponden a personas que prestaron los servicios para VINC Eficiencia Corporativa, S.A. de C.V., y, en consecuencia, para Movimiento Ciudadano, ya que aún y cuando Impulsora AU presenta comprobantes de transferencias y contratos con diversos profesionistas, no se corrobora que correspondan a las personas que prestaron servicios a Movimiento Ciudadano.
En este sentido, tampoco se analiza la diferencia de montos de CFDI emitidos por VINC Eficiencia Corporativa, S.A. de C.V., a Movimiento Ciudadano, que de acuerdo con la tabla de la página 45 asciende a más de 22 millones de pesos, mientras que el monto total de los CFDI emitidos por Impulsora AU a VINC Eficiencia Corporativa asciende a tan sólo 759 mil pesos.
Entonces yo votaría en contra de ese asunto, como lo hice en la Comisión de Vinculación.
Y respecto al punto 2.58 votaría en contra en lo particular del considerando 4.2 por falta de exhaustividad.
No coincido con el sentido, primero porque declara infundado el proyecto en esta parte, señalando que las 77 bardas se encuentran reportadas en la póliza tres de la contabilidad 23 mil 782 de la candidata denunciada; sin embargo, no se adjuntan muestras de las bardas reportadas.
Adicionalmente se dice que la entonces candidata Roxana Díaz Reyes proporcionó datos de la documentación comprobatoria de los gastos de campaña por las pintas de las bardas denunciadas; sin embargo, en el proyecto no se precisa si presentó muestras y, en su caso, si corresponden a las bardas denunciadas, no se valoran los hallazgos localizados por Oficialía Electoral para determinar si pueden o no considerarse como gasto de campaña, toda vez que la mayoría de las bardad localizadas hacer referencia a “En la encuesta, es Rosana la respuesta”
El proyecto no logra vincular la propaganda denunciada con lo reportado por la candidata, en ese sentido, me parece que se deberían de sancionar las bardad como no reportadas.
Ahora, aprovechando el minuto que me queda, quiero hacer una reflexión del tema de las prevenciones.
Yo he criticado en este Consejo General, en otras ocasiones, la manera como a veces hacen prevenciones la Unidad Técnica de Fiscalización, en donde me parece que son prevenciones innecesarias o que no se justifican o en donde se piden incluso cosas que no se requerirían para poder iniciar el procedimiento.
Sin embargo, lo que yo he comentado también es que desde mi perspectiva, a final de cuentas, ese acuerdo de prevención y, en su caso. La determinación de que fue indebidamente desahogada la prevención o, en su caso, que no fue respondida está firme.
Y desde mi perspectiva, nosotros no podríamos revocar un acuerdo que ya está firme.
Por ese motivo, incluso yo en otras ocasiones en donde no he con prevenciones que se han realizado, lo que he hecho es votar en contra del proyecto, pero o he vitado por la devolución del proyecto para que se inicie el procedimiento, porque desde mi punto de vista, no podríamos nosotros revocar ese acuerdo y tendría que revisarse ya en otra instancia.
Por ese motivo e inconsistencia yo votaré a favor también de los asuntos que se vinculan con este tipo de prevenciones.
Gracias, Presidenta.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, consejera Dania Ravel.
Consejero Arturo Castillo.
Consejero del INE, Arturo Castillo Loza: Muchas gracias, Presidenta.
Rápidamente para comentar que votaré en contra de dos proyectos, el 2.11, que ya se ha explicado ampliamente por las personas que me ha precedido en el uso de la voz, en consistencia con la votación que yo tuve en una ocasión anterior en donde vimos un caso similar, justamente del Partido del Trabajo, me parece que en este caso la responsabilidad que se le imputa al partido debe ser por culpa invigilando y no responsabilidad directa.
Y respecto al 2.42, ya también se ha discutido aquí en varias ocasiones, también votaré en contra del proyecto, no por el tema de la notificación, si fue valida o no fue valida; me parece que aquí si estamos hablando de que los partidos políticos, sobre todo las notificaciones que se hacen a través del SIF, tienen validez legal y los partidos políticos, todos, tienen la posibilidad de designación acceso al sistema a cualquier persona, incluso desagregando a nivel local o a nivel municipal.
Creo que no va por ahí el tema desde mi perspectiva, más bien tiene que ver con la necesidad de haber hecho esta prevención.
Y aquí coincido plenamente con los argumentos que planteó la consejera Humphrey, en efecto, la queja que presentó el partido político en aquel momento, aporta tres cosas: circunstancias de modo, sí, en efecto, alega un hecho negativo que por definición no se puede probar; sin embargo, que implica también la posibilidad de revisar elementos que obran en poder de la autoridad, efectivamente, en los sistemas con los que cuenta la Unidad Técnica de Fiscalización, se sabe cuántos representantes generales y de casillas designó cada partido político para este proceso electoral, cuántos de ellos eran en principio onerosos o gratuitos y, por lo tanto, solamente con estos elementos se podía haber hecho un contraste sobre si efectivamente, todos habían sido reportados o no.
No era necesaria la prevención por lo que respecta a la circunstancias de modo; tiempo, era clarísimo, la jornada electoral; lugar, clarísimo, el estado de Nuevo León.
Me parece que, efectivamente, la prevención era algo que no era necesario, se debió haber iniciado el procedimiento y resolver en el fondo sobre s, efectivamente, la coalición denunciada había incumplido o no con su obligación de reportar los gastos que se señalan en la queja.
En este sentido, votaré en contra de la propuesta del 2.42.
Es cuanto, Presidenta, gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, consejero.
Maestro Emilio Suárez Licona, representante del Partido Político PRI.
Representante del PRI, Emilio Suárez Licona: Sí, muchas gracias.
Se ha tratado ya el punto 2.42. Únicamente hacer referencia, el Reglamento de Fiscalización tiene una norma especial al respecto, esta norma especial que está en el artículo 31 y en el artículo 32, 33, dan específicamente las consecuencias de dos cosas que no sucedieron: una, no se contestó la prevención por parte del interesado; y número 2, el acuerdo de desechamiento de la UTF tampoco fue impugnado.
Entonces, ¿qué quiere decir? Yo estimo que se tiene que aplicar el reglamento, que es la norma especial. La norma especial es muy clara en cuánto, a que se debe considerar como desechado el asunto.
Gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias.
¿Alguien más?
Movimiento Ciudadano, Juan Miguel Castro Rendón.
Representante del PMC, Juan Miguel Castro Rendón: Muchas gracias, Consejera Presidenta.
Primero, apenas está sobre la mesa si se aprueba o no el desechamiento, entonces, no es que se haya consentido.
Segundo. Insisto, aunque comparto en buena medida la posición del consejero Castillo, insisto en que no hubo tal notificación. Hay un Sistema, sí, sí se hizo a una persona, pero al que presentó la queja en el estado de Nuevo León, nunca se enteró de ello. Y había otros sistemas, como ya lo señaló la consejera Carla Humphrey, para hacerse de esa información.
Yo considero que, por certeza, por exhaustividad debe de valorarse por todas y todos ustedes esta situación, se trata de un asunto muy relevante en que no puede quedar en el aire tal situación. Vamos, hay una garantía de audiencia que se debe de otorgar, es un derecho de base constitucional, aparte de lo que esto implica.
Pongo sobre la mesa esos razonamientos para que todas las consejeras, los consejeros lo tomen en cuenta y se tome la determinación debida, porque no es tapar un agujero poniéndole un trapo encima, es ir a la verdad jurídica, como bien lo señalaron aquí en la Mesa.
Por lo pronto, es cuanto en lo general.
También en lo general hacer mención a otro asunto, el 2.26, Queja 2210, donde como lo señala el consejero Faz, los criterios que se aplican se van a su mínima expresión, es el viejo asunto que se ha discutido aquí en la Mesa de San Martín Texmelucan.
Yo creo que debe haber criterios igualitarios o parejos, o similares en todos los asuntos.
Y reitero, en este punto, el 2.42 que lo reservo si se discute en lo general, reiterar la reflexión que les invito a hacer de que no puede quedar en el aire una situación tan relevante como: “Te notifiqué, no contestaste; te desecho”. Espérame, el fondo del asunto está todavía vivo, hay que entrar a ese fondo del asunto, en qué forma ustedes saben cómo hacerlo.
Porque lo que ya se señaló es muy importante, la institución cuenta con sistemas, con medios para hacerse de esa información que se nos estaba requiriendo, no debe de irse por ese lado cuando pueden con un oficio, solicitar tal información.
Por lo pronto, es cuanto, Consejera Presidenta.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Muchísimas gracias.
En esta ronda en lo general, ¿alguien más?
Adelante, señor representante del Partido del Trabajo.
Representante del PT, Silvano Garay Ulloa: Muy buenas tardes, Presidenta.
Consejeras y consejeros, creo que en el punto 2.11 suscribimos lo que manifestó la consejera Dania, por supuesto, Montaño y el consejero Arturo, en el tema de que el Partido del Trabajo no fue un tema directo, fue un tema indirecto y debe ser una culpa in vigilando.
Ya en un caso similar, como lo comentó, ya se votó de esa manera.
Y en el tema del 2.12 suscribo todo lo manifestado por la consejera Carla, fue una transferencia de recursos que en su tiempo y en su momento se comprobó.
Es cuanto, Presidenta.
Gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Muchísimas gracias, señor representante.
¿Alguien más en la ronda general?
En lo particular, si alguien quiere discutir algún tema.
No habiendo más solicitudes de palabras, Secretario, si estamos listos con todas las consideraciones vertidas por las participaciones, podemos iniciar el proceso de votación; si estamos listos.
Secretario Ejecutivo Suplente del Consejo General del INE, Roberto Carlos Félix López: Si me permite, Consejera Presidenta, procederé a exponer el número de votaciones por bloque para tener mayor claridad en el proceso de votación de manera general y de manera particular, por supuesto agradeciendo las notas que hicieron llegar las oficinas de las consejeras y los consejeros electorales a la Secretaría Ejecutiva.
Si les parece, procederé a la votación en los siguientes términos: primeramente, someteré a consideración de todos ustedes el apartado 2.42, en razón de la propuesta de retirar el punto del orden del día.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Lo que hace Jorge Montaño.
Secretario Ejecutivo Suplente del Consejo General del INE, Roberto Carlos Félix López: Así es.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: La propuesta de Jorge.
Secretario Ejecutivo Suplente del Consejo General del INE, Roberto Carlos Félix López: La propuesta del consejero Montaño.
Consejero del INE, José Martín Fernando Faz Mora: ¿Pero no lo reservó Movimiento Ciudadano, reservó ese punto de manera particular, entendí?
Secretario Ejecutivo Suplente del Consejo General del INE, Roberto Carlos Félix López: Entiendo yo que se somete el retiro en caso de que no alcance la mayoría de votos, se encuentra ubicado dentro de las precisiones de criterios en lo particular.
¿Sí?
Muy bien.
Seguidamente, someteré a votación todos los proyectos que no presentaron votación en lo particular, que sería los relativos a los apartados 2.5, 2.10, 2.15, 2.18, 2.20, 2.21, 2.24, 2.25, del 2.28 al 2.33, del 2.35 al 2.39, 2.43, 2.45, 2.46, del 2.48 al 2.54, 2.56, 2.57, 2.59, 2.60, 2.63, 2.64, 2.66, 2.67. 2.69, 2.72 y 2.74.
Están solicitando el uso de la voz, Presidenta.
Representante del PRI, Emilio Suárez Licona: Una moción, Presidenta.
Únicamente saber cuál es la consecuencia de retirar asunto del 2.42 del orden del día, o sea, ya hay un proyecto de la Comisión.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Adelante, Jorge.
Para mayor diligencias, no es que se retire para su olvido, se manda a mejor proveer.
Representante del PRI, Emilio Suárez Licona: El efecto de retirarlo del orden del día es desechar el proyecto.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: No en este caso.
Hemos hecho esto en algunas ocasiones anteriores, representante, en donde se decide, qué hace falta que se realice o se fortalezca un proyecto y lo subimos a la siguiente sesión.
No es un tema especia para este punto.
Consejero del INE, Jorge Montaño Ventura: Perdón, es con el objeto de mejor poder realizar las diligencias y podamos tener nosotros, como lo hemos venido diciendo de la Comisión de Fiscalización y aquí en el Pleno también y lo he señalado, el tema de tener la certeza, lo que vamos a votar, de lo que vamos a acordar y también no se vulnere en un momento dado el debido proceso.
No es para desecharlo, no es para llevarlo al olvido, de ninguna manera.
Todavía nosotros tenemos en próxima sesión algunos temas que se van a desahogar con respecto a fiscalización.
Representante del PRI, Emilio Suárez Licona: Está bien.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, consejero Montaño.
Consejera Carla, ¿ya no? okey.
Adelante, Secretario.
Secretario Ejecutivo Suplente del Consejo General del INE, Roberto Carlos Félix López: Gracias, Consejera Presidenta.
Una vez lo anterior, también se propone someter a votación los ´proyectos identificados en los apartados 2.8, 2.9, en caso de que no se apruebe el retiro, estaría aquí también el 2.42 y 2.47; en los términos circulados, toda vez que algunas consejerías han anunciado su voto en contra.
Sí.
Consejera del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan: Es que, según yo lo que procede es someter a votación el proyecto y en caso de que no se apruebe, entonces, será su devolución para que entonces sea admitido y se sustancie, porque viene como desechamiento.
Entonces, me parece que ésa debe ser la ruta.
Secretario Ejecutivo Suplente del Consejo General del INE, Roberto Carlos Félix López: Sí, muy bien.
Luego, procederíamos a votar los apartados 2.2 y 2.7, que se someterá a la votación en lo general para después presentar las votaciones ya previamente anunciados en contra y después entra la particularidad de los mismos.
Inmediatamente después, se someterá a votación en lo general, los proyectos identificados como los apartados del 2.1 al 2.4, 2.6, 2.7, 2.11, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.19, 2.22, 2.23, 2.26, 2.27, 2.34, 240, 2.41, 2.42, 2.55, 2.58, 2.61, 2.62, 2.65, 2.68, 2.70, 2.71 y 2.73, en lo general, para después iniciar con la votación, la particular respecto de los ocho criterios propuestos en la guía de votación que ya previamente les fue circulado.
Si les parece o tenemos algún tipo de votación adicional, lo haríamos con gusto.
Si no, iniciaríamos bajo ese procedimiento, si les parece.
Muy bien, Consejera Presidenta.
En primer término, se consulta a las consejeras y los consejeros electorales, el sentido de su voto en relación a la propuesta de devolución del apartado, del proyecto de acuerdo, del retiro del 2.42.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Estamos a favor. Si no, lo devolvemos.
Secretario Ejecutivo Suplente del Consejo General del INE, Roberto Carlos Félix López: ¿Sí?
Entonces iniciaré con previamente con la votación en lo general.
Señoras y señores consejeros electorales, se consulta el sentido de su voto en relación a los proyectos de acuerdo que no presentaron votaciones en lo particular ni observación alguna, que son, para claridad, 2.5, 2.10, 2.15, 2.18, 2.20, 2.21, 2.24, 2.25, del 2.28 al 2.33, del 2.35 al 2.39, 2.43, 2.45, 2.46, del 2.48 al 2.54, 2.56, 2.57, 2.59, 2.60, 2.63, 2.64, 2.66, 2.67, 2.69, 2.72 y 2.74.
Quienes estén a favor de todos los proyectos…
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Los que no tienen ninguna observación… Los que no presentaron ninguna observación, es el primer bloque, ¿sí?
Secretario Ejecutivo Suplente del Consejo General del INE, Roberto Carlos Félix López: Sí.
A favor, consejero, sí.
Consejero Uuc-kib, ¿a favor?
Perfecto.
Consejera Presidenta, los proyectos referidos han sido aprobados por unanimidad de votos a favor.
Muy bien.
Procedo a someter a consulta de las consejeras y los consejeros electorales los siguientes proyectos de acuerdo de manera individual en relación a las propuestas establecidas de algunas consejerías que votarán y anunciaron su voto en contra.
De manera individual, pero solamente para recapitular sería el 2.8, 2.9, 2.42 y 2.47.
¿Sí? Muy bien.
Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el apartado, el proyecto de resolución contenido en el apartado 2.8.
Quienes estén a favor.
¿En contra?
Consejera Presidenta, ha sido aprobado el apartado 2.8 por mayoría de votos, ocho votos a favor y tres votos en contra.
A continuación, se consulta a las consejeras y los consejeros electorales si se aprueba el proyecto establecido en el apartado 2.9.
Quienes estén a favor.
¿En contra?
Presidenta, le informo que el proyecto establecido en el apartado 2.9 ha sido aprobado por mayoría de siete votos a favor y cuatro votos en contra.
De igual forma, se consulta a las consejeras y los consejeros electorales si se aprueba el proyecto establecido en el apartado 2.42.
Quienes estén a favor.
¿En contra?
Consejera Presidenta, le informo que no ha sido aprobado el proyecto de acuerdo establecido en el apartado 2.42, por no haber obtenido la mayoría de votos.
Ahora someto a consideración de las consejeras y los consejeros electorales el proyecto de acuerdo 2.42 para efecto o simplemente con la votación ya…
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: No, ya queda, ya queda registrado, de regreso.
Secretario Ejecutivo Suplente del Consejo General del INE, Roberto Carlos Félix López: Perfecto.
Muy bien, someto a consideración el apartado 2.47.
Se consulta a las consejeras y los consejeros electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo contenido en el 2.47.
Quienes estén a favor.
Secretario Ejecutivo Suplente del Consejo General del INE, Roberto Carlos Félix López: Muy bien.
Someto a consideración el apartado 2.47.
Se consulta a las consejeras y los consejeros electorales, si se aprueba el proyecto de acuerdo contenido en el 2.47.
Quienes estén a favor.
¿En contra?
Presidenta, se aprueba por mayoría de nueve votos a favor y dos votos en contra.
A continuación, procederé a consultar los proyectos de acuerdo establecidos en los apartados 2.12 y 2.70; 2.12, 2.70, separados, así es, de manera individual.
Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el apartado, el proyecto establecido en el apartado 2.12, en lo general.
Quienes estén a favor.
¿En contra?
Gracias.
Le informo, Presidenta, que se aprueba por mayoría de 10 votos a favor y uno en contra, el proyecto establecido en el apartado 2.12.
Ahora consulto a las consejeras y los consejeros electorales, si se aprueba el proyecto establecido en el apartado 2.70.
Quienes estén a favor.
¿En contra?
Presidenta, se aprueba por una mayoría de 10 votos a favor y un voto en contra.
A continuación, procederé a someter a votación en lo general, los siguientes proyectos de acuerdo, para que una vez que adquieran la aprobación, se pasará a la votación de cada uno de los criterios de forma particular.
De manera general, someto a consideración de las consejeras y los consejeros electorales, si se aprueban los siguientes apartados que serían el 2.1 al 2.4, 2.6, 2.7, 2.11, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.19, 2.22, 2.23, 2.26, 2.27, 2.34, 2.40, 2.41, 2.42, 2.55… Ah, es correcto, es 2.44, 2.55, 2.58, 2.61, 2.62, 2.65, 2.68, 2.70, 2.71 y 2.73.
Okey.
2.71 y 2.73, se excluye el 2.70.
Quienes estén a favor, en lo general.
Presidenta, han sido votados los referidos apartados por unanimidad de votos.
A continuación, procederé a someter y consultar a las consejeras y los consejeros electorales, en votación en particular, de cada uno de los ocho criterios planteados en los proyectos antes referidos.
Si me lo permiten, iniciaré con el primer criterio que es el relativo y que tiene impacto en el 2.1.
Someteré a su consideración en los términos del proyecto, relativo a la construcción de matriz de precios, en el apartado 2.1.
Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si el sentido de su voto en relación al criterio antes referido, que tiene impacto en el proyecto 2.1, conforme viene planteado originalmente en el proyecto de acuerdo.
Quienes estén a favor.
¿En contra?
Presidenta, el criterio ha sido aprobado por mayoría de votos, conforme viene planteado originalmente en el proyecto de acuerdo, por nueve votos a favor y dos votos en contra.
Ajá, así es.
Ahora, someteré a su consideración en los términos del proyecto, el apartado relativo a la construcción de la matriz de precios de campaña, que tienen impacto en los proyectos establecidos en los apartados 2.14, 2.23, 2.26, 2.27, 2.34, 2.40, 2.41, 2.44, 2.55 y 2.61.
Quienes estén a favor de cómo está planteado originalmente en el proyecto de acuerdo.
Consejera del INE, Dania Paola Ravel Cuevas: Es que yo mandé, exclusivamente, unos proyectos respecto a la matiz de precios, pero el Secretario incluyó otros, entonces, yo nada más donde me aparto de la matriz de precios son 2.23, 2.26, 2.34, 2.40, 2.41, 2.44, 2.55 y 2.61. Pero el Secretario mencionó otros que tengo la impresión que, quizá, son los de la consejera Humphrey que ella tiene otros adicionales, en donde yo sí acompaño la matriz de precios.
Entonces, sí pediría ahí una votación diferenciada, por favor.
Secretario Ejecutivo Suplente del Consejo General del INE, Roberto Carlos Félix López: Entiendo, consejera, que el planteamiento sería 2.14 y 2.27. Okey.
Muy bien.
Consejera Presidenta, en razón a la aclaración que nos hace la consejera Dania Ravel, someteré la diferenciación del mismo criterio, pero de manera diferenciada.
Por lo cual, consulto a las consejeras y los consejeros electorales si se aprueba el criterio contenido originalmente en el proyecto de acuerdo relativo a la construcción de matriz de precios de campaña que impactan en el apartado 2.14 y 2.27, como viene en el proyecto de acuerdo.
Quienes estén a favor.
¿En contra?
Gracias.
El criterio ha sido aprobado como viene planteado en el proyecto de acuerdo.
Ahora bien, someteré a votación el mismo criterio en el resto de los apartados que fueron mencionados hace un momento, que es el 2.23, 2.26, 2.34, 2.40, 2.41, 2.44, 2.55 y 2.61 como viene planteado originalmente en el proyecto de acuerdo.
Quienes estén a favor.
¿En contra?
Presidenta, le informo que el criterio ha sido aprobado por mayoría de ocho votos a favor y tres votos en contra, como viene planteado en el proyecto.
A continuación, someto a su consideración el tercer criterio como viene en el proyecto, relativo a que se sanciona por una responsabilidad directa con el 200 por ciento del monto involucrado, que tienen impacto en el acuerdo establecido en el punto 2.11.
Por lo cual, se consulta a las consejeras y los consejeros electorales si se aprueba dicho criterio como viene planteado originalmente en el proyecto de acuerdo.
Quienes estén a favor.
¿En contra?
Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo como viene planteado originalmente no obtuvo la mayoría de votos, por lo cual someteré ahora a consideración el criterio relativo a modificar la sanción señalada en el proyecto por considerarse culpa in vigilando que tiene impacto en dicho proyecto de acuerdo, que es el 2.11.
Quienes estén a favor del criterio.
¿En contra?
Presidenta, le informo que el criterio ha sido aprobado por mayoría de votos, seis votos a favor y cinco votos en contra.
Seguidamente pongo a su consideración el siguiente criterio respecto de la sanción del 100 por ciento de monto involucrado que se aplica a los egresos no reportados en términos de los proyectos que tienen impacto en los apartados 2.23, 2.26, 2.40, 2.41, 2.55, 2.61 y 2.62, por lo cual se consulta a las consejeras y los consejeros electorales si se aprueba dicho criterio, de conformidad como viene planteado originalmente en los proyectos.
Quienes estén a favor.
¿En contra?
Gracias.
Presidenta, le informo que se aprueba el criterio en dichos proyectos como fueron planteados originalmente, con siete votos a favor y cuatro votos en contra.
Seguimos con el criterio relativo a los términos del proyecto del considerando 4.2 que tiene impacto en el apartado 2.58, por lo cual se consulta a las consejeras y los consejeros electorales si se aprueba dicho criterio de conformidad como viene originalmente planteado en el proyecto.
Quienes estén a favor.
¿En contra?
Presidenta, le informo que se aprueba dicho criterio de conformidad como fue planteado en el proyecto por mayoría de votos.
Continuamos, en los términos del proyecto las consideraciones relativas a la improcedencia de las medidas cautelares que tienen impacto en los apartados 2.19, 2.33, 2.40, 2.65, 2.68 y 2.73, por lo cual se consulta a las consejeras y los consejeros electorales si se aprueba dicho criterio en términos de los proyectos de acuerdo que fueron planteados de manera original.
Quienes estén a favor.
¿En contra?
Presidenta, se aprueba el criterio por mayoría de nueve votos a favor y dos en contra, como viene planteado en el proyecto.
Continuamos con el siguiente criterio.
Se pone a consideración en los términos del proyecto la omisión de iniciar un procedimiento oficioso o dar vista a la Secretaría Ejecutiva por la falta de respuesta a los requerimientos de la Unidad Técnica de Fiscalización de diversas personas físicas, morales y autoridades, según corresponda.
Dicho criterio tiene impacto en los apartados 2.2, 2.4, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.19, 2.22, 2.23, 2.26, 2.34, 2.40, 2.41, 2.61, 2.62, 2.65, 2.68, 2.70, 2.71 y 2.73, por lo cual se consulta a las consejeras y los consejeros electorales si se aprueba dicho criterio de conformidad como viene planteado originalmente en los proyectos.
Quienes estén a favor.
¿En contra?
Presidenta, dicho criterio ha sido aprobado por mayoría de votos, nueve votos a favor y dos votos en contra.
Y, finalmente, pongo a su consideración el criterio de reducción de ministración mensual como viene planteado en el proyecto de acuerdo del 25 por ciento. Este criterio tiene impacto en los apartados 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.11, 2.12, 2.23, 2.26, 2.27, 2.34, 2.40, 2.41, 2.44, 2.55, 2.61 y 2.62, por lo cual se consulta a las consejeras y los consejeros electorales si se aprueba dicho criterio de conformidad como viene planteado originalmente en el proyecto de acuerdo.
Quienes estén a favor.
¿En contra?
Gracias.
Presidenta, le informo que los criterios han sido aprobados por mayoría de votos, 10 votos a favor y un voto en contra.
Con lo cual, concluiríamos la votación.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Muchísimas gracias, señor Secretario.
Una vez agotados los puntos del orden del día, les solicito informe el contenido de los documentos aprobados a las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondientes.
Señoras y señores consejeros, representantes de los partidos políticos y del Poder Legislativo, personal y compañeros de este Instituto que hacen posible la realización de esta sesión, agradezco a todos ustedes su presencia.
Buenas tardes, se levanta la sesión.
-o0o-