El pleno ejercicio de todas las personas a la emisión del voto ha sido uno de los aspectos más importantes tanto para las autoridades electorales administrativas como jurisdiccionales, ya que maximizando sus derechos políticos y electorales garantizan que todos los segmentos de la población tengan cabida en nuestra sociedad y en la toma de decisiones que le son de su interés como lo es, la libre elección de las personas que se postulan por un cargo de elección popular.
Es así como surgen el Voto de las Personas en Prisión Preventiva y el Voto Anticipado.
El primero, parte de 2018 cuando dos personas recluidas en un Centro Estatal de Reinserción Social del municipio de Cintalapa, Chiapas, impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la omisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de emitir criterios para que las personas en prisión preventiva pero sin sentencia condenatoria pudieran votar.
El TEPJF en 2019 determinó que estas personas, amparadas bajo el principio de presunción de inocencia y que no han sido sentenciadas tienen derecho a votar, ordenando en la elección de 2021 una prueba piloto, con miras a su implementación en 2024.
Un tema central para este proceso electoral fue que por primera vez, por acuerdo del Consejo General del INE, las personas en prisión preventiva que no tenían credencial de elector o no estuviera vigente, pudieron credencializarse, con lo cual el INE buscó potenciar el ejercicio de este derecho por parte de todas las y los mexicanos. Para este ejercicio, más de 15 mil personas solicitaron su credencialización. El reto más importante para que el mayor número de personas obtengan su credencial para votar en prisión preventiva es asegurarles, a través de convenios con diversas autoridades, la posibilidad de allegarse de todos los documentos para poder tramitarla.
Por su parte, el Voto Anticipado tiene la finalidad de garantizar el ejercicio del derecho del voto a las personas que, por alguna limitación física o incapacidad, le imposibilite acudir a su casilla a votar el día de la jornada electoral, puedan realizarlo desde su domicilio, con el auxilio del personal del INE, en la modalidad tipo postal.
En este sentido, en el presente proceso electoral de este año, las 32 entidades federativas que conforman nuestro país participaron en la modalidad del Voto Anticipado.
Este ejercicio nace de un Acuerdo del INE tomado en noviembre de 2022 por el que determinó que una vez concluido el proceso electoral 2022-2023, se evaluaría la implementación de este ejercicio que maximiza los derechos de este importante segmento de la población.
Para la materialización de este ejercicio y de acuerdo con lo establecido en la legislación electoral, las personas en esta situación pudieron solicitar la credencialización en su domicilio para que fueran visitados por personal del INE y con ello estar registrados y registradas en la lista nominal respectivo y poder ejercer su derecho al sufragio.
Consecuentemente, en el proceso electoral en marcha 2023-2024 el INE implementó, por primera vez para la elección presidencial y del Senado así como para el resto de elecciones concurrentes, el Voto de las Personas en Prisión Preventiva y el Voto Anticipado que la ciudadanía pudo ejercer su derecho en ambos ejercicios, entre el 6 al 20 de mayo de forma anticipada a la jornada electoral que se realizó el pasado 2 de junio.
Los resultados obtenidos respecto a garantizarle plenamente a la ciudadanía sus derechos políticos y electorales me parecen favorables; primero, en razón de que de las 30 mil 961 ciudadanas y ciudadanos inscritos en el listado nominal de Voto en Prisión Preventiva, más 556 que fueron integradas debido a resoluciones favorables a sus Juicios de Derechos Ciudadanos, se contó con una participación del 85.85% de las personas que se registraron al Voto en Prisión Preventiva que correspondió a 214 centros penitenciarios de todo el país.
Para el caso del Voto Anticipado, el listado nominal respectivo se conformó por mil 11 personas y se alcanzó un 86.01% de participación para las personas registradas en la lista nominal de personas de Voto Anticipado.
Con la implementación de ambos ejercicios las máximas autoridades electorales administrativa y jurisdiccional del país, el INE muestra que el ejercicio de la función pública en la materia electoral busca garantizar en todo momento el pleno goce del derecho constitucional que tienen todas las personas para votar en libertad, con la seguridad de que su voto es secreto y cuenta para el partido político, coalición, candidata o candidato de su preferencia con lo que se fortalece el principal pilar de nuestra democracia: la ciudadanía.
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