Resumen
El próximo 2 de junio de 2024, México celebrará elecciones federales y concurrentes en las 32 entidades federativas. En total serán elegidos 20 mil 708 cargos de representación popular.
Pero, contrario a lo que circula en redes sociales, ese día no habrá consulta popular contra el maltrato animal ni cartillas para votar sobre este tema, porque no son los tiempos previstos en la ley. Por lo tanto, esa campaña virtual es falsa y la información ya fue desmentida por el INE desde 2018 (consulta el desmentido).
La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana, que sirve para ejercer el derecho constitucional de votar sobre temas nacionales relevantes, y cuyos resultados pueden ser vinculantes. El Instituto Nacional Electoral tiene a su cargo la organización, cómputo y declaración de resultados de las consultas populares, que están previstas para llevarse a cabo el primer domingo de agosto.
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Fecha: 25 de mayo de 2024
Fuente: Redes sociales, WhatsApp.
Tipo de acción: Desmentido.
Categoría de la desinformación: Información falsa por contenido fabricado.
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Cargos a elegir en la boleta electoral del 2 de junio
Las ciudadanas y los ciudadanos elegirán la Presidencia de la República, 128 senadurías, 500 diputaciones federales.
En el ámbito local estarán en juego 8 gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la CDMX, 1,098 diputaciones locales, 1, 802 presidencias municipales, 1, 975 sindicaturas, 14 mil 560 regidurías, 204 concejalías, 22 presidencias de juntas municipales, 88 regidurías de juntas municipales, 22 sindicaturas de juntas municipales y 299 presidencias de comunidad.
Mecanismos de consulta ciudadana
La consulta popular es el mecanismo de participación ciudadana que sirve para ejercer el derecho constitucional de votar sobre temas de trascendencia nacional, de manera que la voluntad popular pueda incidir en el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado.
La Constitución señala que las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional se sujetarán a: ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición de: 1) la Presidencia de la República; 2) el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, o 3) los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al 2% de los inscritos en la Lista Nominal de Electores. La petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada cámara del Congreso de la Unión. Cuando la participación total corresponda, al menos, al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes.
Las ciudadanas y los ciudadanos que deseen presentar una petición de consulta popular para la jornada de consulta inmediata siguiente, deberán dar Aviso de Intención a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara que corresponda a través del formato que al efecto determine dicha Cámara, mismo que deberá mantenerse disponible al público en general en físico y en su página de internet. El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara que corresponda emitirá, en un plazo no mayor a diez días hábiles, una constancia que acredite la presentación del Aviso de intención, que se acompañará del formato para la obtención de firmas y con ello el inicio de los actos para recabar las firmas de apoyo.
Serán actos susceptibles de consulta los actos de carácter legislativo del Congreso de la Unión y los administrativos del Ejecutivo federal. No podrán serlo: la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, los principios consagrados en el artículo 40 constitucional, la materia electora, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previa convocatoria del Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta, y el Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la misma, la cual se realizará el primer domingo de agosto.
Sobre el video difundido
El material que circula en redes sociales, el cual afirma que se puede solicitar una cartilla para votar en contra del maltrato animal, es un texto e imagen que presumiblemente tienen su primer antecedente en las elecciones en Colombia de 2011, como advierte el medio español especializado en verificación de datos Maldita.es (Consultar nota).
A pesar del tiempo, el texto original se ha mantenido:
Para todos los que van a votar recuerden: el día de las elecciones se puede pedir la cartilla para votar en contra del maltrato animal y para sancionar a quienes lo practican. Con sólo cinco mil votos se aprueba la ley. Difundir este mensaje por favor. ‘Ellos no hablan pero estamos nosotros para hacerlos respetar
Esta información ha sido difundida en distintos países de habla hispana, en donde autoridades electorales o de gobierno la han desmentido, como en España, Perú, Panamá, Uruguay, Ecuador, Colombia y Argentina. En México el mensaje sobre la supuesta cartilla para votar contra el maltrato animal empezó a circular en el Proceso Electoral Federal 2017–2018. La iniciativa de verificación de datos Verificado Mx retomó entonces declaraciones de Karla Garduño, ex Directora de Información del INE, para desmentir una supuesta consulta ciudadana a realizarse en 2018.
Notas informativas de medios verificadores, como Verificado MX (México), Chequeando (Argentina), Ecuador Chequea (Ecuador), Maldita (España), Newtral (España) y AFP Factual (Uruguay) han demostrado que la información es falsa, no es vigente y que ha circulado en diversos países con los mismos fines de desinformación.
Verificado Mx: https://verificado.com.mx/cartilla-maltrato-animal/#google_vignette
Ecuador Chequea: https://ecuadorchequea.com/en-la-consulta-popular-no-hay-preguntas-sobre-maltrato-animal/
AFP Factual: https://factual.afp.com/no-en-uruguay-no-hay-una-hoja-de-votacion-para-sancionar-quienes-maltraten-animales
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Justificación de criterio
Información falsa que afecta el principio de certeza de la autoridad electoral en el contexto del proceso electoral 2024.