Durante este siglo, en América Latina ha habido una media docena de procesos de regresión autoritaria impulsados desde el poder, pero los casos más ilustrativos y duraderos son Nicaragua y Venezuela. El caso nicaragüense conlleva una cruel ironía: después de haber sufrido por cuatro décadas la dictadura de la dinastía Somoza y, tras una revolución popular, haber experimentado por 20 años una democracia germinal, pero prometedora, la vuelta al poder de Daniel Ortega, otrora líder de la revolución sandinista, ha significado la imposición de una tiranía aún más intolerante que la de Somoza. Junto con su esposa Rosario Murillo detenta un poder cuasi absoluto y se ha reelegido tres veces por medio del encarcelamiento o destierro de cualquier personaje político que se perfile como probable candidato opositor.
Por su parte, en Venezuela —que era una de las pocas democracias de América Latina durante la segunda mitad del siglo XX—, desde que Hugo Chávez llegó a la presidencia, en 1999, empezó a desmantelar el régimen democrático. En la propia ceremonia de asunción del cargo declaró “moribunda” a la Constitución, y en menos de un año en el poder ya había sustituido a la Corte Suprema y al Congreso, y confeccionado una nueva constitución a su medida. En 2012 se reeligió por tercera vez, pero en 2013 murió de cáncer. Le sucedió Nicolás Maduro en unas elecciones apresuradas y amañadas con todo el poder del Estado. Aun así, Maduro derrotó a Henrique Capriles por un estrecho margen: 50.6% vs. 49.12% de los votos, con una participación electoral de 79.6 por ciento. Cinco años después, Maduro ganó la reelección después de perseguir a opositores y descalificar a la Asamblea Nacional, que había sido ganada por la oposición.
En 2018, los principales candidatos de la oposición venezolana, como Henrique Capriles y Leopoldo López, no pudieron postularse porque tenían procesos administrativos o penales en su contra. A Leopoldo López le fabricaron delitos para meterlo a prisión por varios años y luego lo exiliaron. A la vez, los principales partidos políticos de la oposición fueron descalificados para participar en las elecciones.
Las elecciones de 2024 no lucen muy diferentes a las de 2018. Las encuestas nacionales señalan un fuerte rechazo al gobierno de *Nicolas Maduro y su régimen. Gracias a presiones internacionales, el 17 de octubre pasado el gobierno de Maduro y la oposición firmaron el llamado Acuerdo de Barbados, con el compromiso de organizar elecciones con garantías de limpieza y equidad. El gobierno de Estados Unidos se comprometió a levantar algunas de las sanciones económicas que ha impuesto a Venezuela. Sin embargo, el régimen de Maduro ha vuelto a violar las reglas mínimas de competencia democrática.
Corina Machado se ha convertido en la figura política más destacada y en factor de unidad de la oposición. Ingeniera, de 56 años, política y activista muy combativa, en 2011 fue electa como diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela.
A pesar de la hostilidad por parte del gobierno y una larga serie de obstáculos legales y políticos, el 22 de octubre pasado la oposición venezolana llevó a cabo elecciones primarias para elegir una candidatura presidencial única, que sería respaldada por una coalición amplia de partidos políticos. Corina Machado y su organización Vente Venezuela recibieron más de 2.2 millones de votos y un contundente triunfo con 92.3% de los votos que la apuntalaban como una fuerte precandidata para enfrentar a Maduro.
Sin embargo, Corina Machado ha sido inhabilitada dos veces para ocupar cargos públicos por la Contraloría General de la República, con acusaciones notoriamente sesgadas. Primero por 12 meses, en 2015, y el verano pasado por 15 años. Machado solicitó al Tribunal Supremo de Justicia revisar su inhabilitación, pero este 26 de enero, el Tribunal resolvió ratificar la inhabilitación, con lo cual ella estaría impedía para buscar la candidatura presidencial. Además, el excandidato presidencial Henrique Capriles sigue inhabilitado.
La UE, la CIDH y una creciente lista de gobiernos han rechazado la resolución que contraviene los acuerdos de Barbados y cancela la posibilidad de elecciones auténticas. El gobierno de EU ha advertido que las sanciones pueden regresar si los acuerdos no se cumplen. Pero hasta ahora la presión internacional ha sido insuficiente, en parte gracias a que hay gobiernos que solapan a ésa y otras dictaduras en el continente.
La resolución del Tribunal de Justicia confirma que Maduro no está dispuesto a dejar el poder. La persecución política y las maniobras legaloides contra la oposición una vez más están dejando a Maduro como virtual candidato único. La regresión autoritaria significa para Venezuela una dictadura ya sin máscara ni atenuantes.
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