Las elecciones tienen la finalidad de llevar a cabo la renovación periódica del poder público bajo condiciones de certeza, equidad, igualdad, transparencia y, por supuesto, con los elementos de seguridad para que las elecciones más grandes que haya tenido nuestro país en la que se renovarán más de 20 mil cargos de elección popular se realicen en paz.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que para asegurar el orden y garantizar el óptimo desarrollo de la jornada electoral, las instancias de seguridad pública de la federación, de las entidades federativas y de los municipios o, en su caso, las fuerzas armadas, deben prestar el auxilio que requieran las autoridades electorales administrativas, es decir, tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y las mesas directivas de casilla, en los ámbitos competenciales correspondientes.
Para ello, el INE tomando en cuenta el Acuerdo INE/CG876/2022 aprobado el 14 de diciembre de 2022, mediante el que se aprobó el Protocolo para prevenir factores de riesgo en los procesos electorales y en acatamiento a diversas sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dispuso revisar los mecanismos de prevención de riesgos en los procesos electorales, principalmente, para celebrar convenios con autoridades de seguridad pública, para la generación de mapas de riesgo, crear filtros de investigación que sean aplicables a las y los candidatos, la generación de un protocolo para la actuación de autoridades para salvaguardar la integridad física de las y los servidores públicos y de las y los electores, entre otras.
En este sentido, el pasado 25 de enero de este 2024 en sesión ordinaria del INE, su Consejo General conoció el Informe que abarca del 9 de diciembre de 2023 al 12 de enero de 2024, sobre las acciones de coordinación interinstitucional para el acompañamiento en materia de seguridad del proceso electoral 2023-2024, en las que, entre otras, se refieren las siguientes acciones:
El 5 de diciembre del año pasado, autoridades del INE, del Gobierno de la República y de la Fiscalía General de la República, instalaron la Mesa de Seguridad Interinstitucional con el objetivo de vigilar y dar seguimiento a la estrategia conjunta en materia de seguridad para garantizar las elecciones en curso, en las que se prevé y que desafortunadamente no ha sucedido, reuniones semanales de esta mesa.
Los OPLE en cada una de las 32 entidades federativas, han iniciado con la instalación de este tipo de mesas.
La coordinación interinstitucional tiene por objeto de que las y los candidatos, así como los 98 millones de electoras y electores y los más de 1.5 millones de funcionarias y funcionarios, puedan desarrollar sus actividades y ejercer sus derechos político y electorales.
En tal virtud, las temáticas tratadas hasta el momento en dichas mesas se revisaron los temas relacionados con la seguridad de las instituciones electorales; del personal del INE que realiza trabajos en campo; con la logística y resguardo de documentación electoral; la necesaria capacitación a representantes de las autoridades para el buen desarrollo de la votación en las casillas electorales y que conozcan su marco de actuación plenamente; la necesidad de la firma de convenios para llevar a cabo el Voto de las Personas en Prisión Preventiva; los recorridos que autoridades electorales y de partidos políticos realizan para la ubicación de las casillas, etcétera.
Estas acciones interinstitucionales en materia de seguridad para el proceso electoral constituyen los esfuerzos de varias instancias para las y los ciudadanos acreditados para votar, para que tengan la seguridad de que acudir a las casillas electorales será seguro y que, por lo mismo, su voto será cuidado para que, las personas que resulten electas tengan las condiciones de velar por los intereses de toda la población.
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