Uno de los aspectos más importantes que el Legislativo federal le otorgó al Instituto Nacional Electoral con la reforma constitucional en materia político electoral de 2014, fue la de ser la única instancia encargada de la revisión del origen y destino de los recursos que utilizan los aspirantes, precandidatas, precandidatos, candidatas y candidatos, así como las personas inscritas en alguna candidatura independiente y de los partidos políticos nacionales y locales, con el objetivo de comprobar que dichos recursos tengan un origen lícito y sean utilizados conforme a la normatividad electoral, bajo las disposiciones financieras y contables determinadas por la autoridad electoral.
Esta atribución conferida por el Legislativo se inscribe en dos vías: tanto para el ámbito federal como el ámbito local. En este sentido, el pasado primero de diciembre de este 2023, el Consejo General del INE, su máximo órgano de dirección, aprobó en sesión pública el Dictamen Consolidado y la Resolución respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de 510 informes anuales de ingresos y gastos tanto de los siete partidos políticos nacionales como de 58 partidos políticos locales, todos correspondientes al ejercicio fiscal 2022.
Partidos políticos nacionales y locales reportaron en sus informes anuales ingresos por un monto de 14 mil 594 millones 005 mil 12 pesos, en tanto que por egresos reportaron 14 mil 267 millones 671 mil 405 pesos. La autoridad electoral determinó la imposición de sanciones por un monto global de 740 millones, 994 mil 72 pesos, de los que 314 millones 894 mil 256 pesos correspondieron al Partido Político Morena; 89 millones 754 mil 316 pesos al Partido Acción Nacional; 71 millones 857 mil 152 pesos al Partido Movimiento Ciudadano; 69 millones 978 mil 455 pesos al Partido del Trabajo; 50 millones 150 mil 515 pesos al Partido Revolucionario Institucional; 41 millones 195 mil 487 pesos al Partido Verde Ecologista de México, y 35 millones 290 mil 784 pesos al Partido de la Revolución Democrática. En tanto, 67 millones 873 mil 103 pesos correspondieron a partidos políticos locales.
Destaca que las conductas con mayores montos de sanción estuvieron relacionadas con gastos sin objeto partidista, egresos no reportados, egresos no comprobados, cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año, omisión de destinar recursos establecidos para actividades específicas, omisión en destinar el 3 por ciento del financiamiento único para la capacitación, promoción y liderazgo de mujeres, omisión de reportar operaciones en tiempo real, así como reportar operaciones en un informe distinto al fiscalizado.
Adicionalmente, se ordenó el inicio de diversos procedimientos oficiosos con la finalidad de determinar si las conductas que son investigadas pueden ser objeto de sanción y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se acreditan las irregularidades para la imposición de las penas que correspondan.
Ahora bien, existen aspectos que desde mi punto de vista y como autoridad electoral debemos reflexionar sobre la fiscalización y el desarrollo de nuestra democracia sustantiva que representan retos y áreas de oportunidad tales como el relativo a la obligación de los partidos políticos de destinar los montos establecidos por la normatividad tanto para actividades específicas, como para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, ya que se advirtió que los partidos dejaron de destinar un monto global de 49 millones 546 mil 555 pesos, de los cuales 17 millones 524 millones 304 mil pesos justamente corresponden al empoderamiento político de las mujeres y que año con año los partidos políticos incumplen, principalmente a nivel local con esta obligación que tiene por objeto garantizar la igualdad sustantiva en la participación de las mujeres en los espacios públicos.
En este tema propuse que, además de sancionar el incumplimiento, se buscará etiquetar los recursos para que solamente se pudieran destinar a este fin; crear certificaciones para las personas o consultorías que los partidos contratan en materia de derechos políticos y electorales de las mujeres, o bien, que las tareas de capacitación promoción y liderazgo de mujeres las lleve a cabo el INE para todos los partidos políticos con cargo a su financiamiento público.
Respecto a la obligación de los partidos políticos de presentar, al menos, un proyecto en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género en sus programas anuales de trabajo llama la atención, con excepción de dos partidos políticos, que los demás incumplan en mayor o menor grado esta obligación, incluso en estados con elecciones en 2023 como es el caso de Coahuila, pues denota resistencia y falta de compromiso de los institutos políticos por cumplir con esta obligación.
Este esquema de fiscalización constituye una de las labores más importantes de la autoridad electoral para garantizar la equidad, llevar a buen puerto una rendición de cuentas de los diversos actores políticos, así como representa un ejercicio de transparencia ante la ciudadanía, principal factor de nuestro sistema democrático.
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