La primera semana del mes que entra dará inicio el proceso electoral. Eso mandata el marco normativo electoral y son ya pocos los días para que comience el proceso electoral más grande de nuestra historia, en el que, por primera vez, habrá elecciones en las 32 entidades federativas de manera coincidente. Inspirada en ese marco de elecciones federales, estatales, municipales y más de 20 mil cargos en disputa, abordo ahora temas de especial importancia en este tiempo de México.
Me refiero a un indispensable, urgente y robusto blindaje electoral que ese proceso electoral inminente demanda y merece en beneficio de la paz pública, la armonía social y el debido funcionamiento de nuestro sistema electoral y, por supuesto, de nuestra democracia.
Propongo un compromiso nacional, una hoja de ruta, un pacto general de blindaje electoral que se despliegue con articulación y convicción institucional en todos los órdenes del estado mexicano para prevenir, combatir y sancionar conductas que atentan contra el mandato constitucional de tener elecciones auténticas, porque ellas son, en realidad, un derecho fundamental de la ciudadanía que todas las autoridades debemos garantizar. Todas.
Me refiero a conductas perniciosas como la irrupción del crimen organizado en el proceso electoral; a la intervención indebida e ilegal de personas servidoras públicas en las campañas y en la jornada electoral; a la violencia política contra las mujeres en razón de género, y a la prevención y denuncia en general de los delitos electorales, que tanto dañan la fibra misma de la república.
Hago especial énfasis en el uso electoral de los programas sociales, que ya es un delito grave, visible en el texto constitucional desde 2019, en el artículo 19, y merecedor de prisión preventiva oficiosa, a propuesta del actual gobierno federal y con impulso de sus grupos parlamentarios mayoritarios.
En el gran Pacto Nacional de Blindaje Electoral que propongo, resulta obligatorio recordar que para efectos de la materia electoral se considera que la ejecución y reparto de los bienes, servicios y recursos relativos a programas sociales o de cualquier otro mecanismo para tal fin, que no cuentan con reglas de operación publicadas en los términos que establece la normatividad aplicable o que no se ciñan estrictamente a las mismas, representan un indicio para considerar que su uso pudiera tener fines electorales.
Del mismo modo, que a partir del inicio de las campañas y hasta la conclusión de las jornadas electorales no podrán operarse programas federales y/o locales no contemplados ni crearse nuevos programas sociales.
Hay que considerar también que la regulación, modificación y utilización del padrón de personas beneficiarias con fines y en términos distintos a los establecidos en las reglas de operación, con el objeto de promocionar a cualquier gobierno, partido político, coalición o candidatura en el marco de los procesos electorales, son contrarias al principio de imparcialidad dispuesto con toda claridad en el artículo 134 constitucional.
Finalmente, es relevante mencionar que el INE asiste y apoya a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y a sus homólogas locales en el cumplimiento de sus respectivas encomiendas. Para ese tema y el de presunción de trata de personas, ha celebrado o están el proceso de celebrarse con las procuradurías o fiscalías generales de justicia de 19 entidades federativas convenios de colaboración.
Hago un respetuoso llamado a las y los gobernadores de las 13 entidades federativas restantes que no han firmado estos convenios a que renueven su conocido compromiso con los derechos de las víctimas, con el dolor de los deudos y con la indignación de sus comunidades locales frente a estos flagelos contemporáneos (Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora y Yucatán).
Tengo la certeza que todos los órdenes de gobierno acompañarán este esfuerzo institucional del INE pues se trata de acreditar seriedad política, sensibilidad social, lealtad democrática y acatamiento constitucional.
El Pacto Nacional de Blindaje Electoral será una herramienta que de visibilidad a las acciones coordinadas que vayan cimentando el paso para unas elecciones libres, auténticas, democráticas, seguras, en paz y, sobre todo, con el respeto irrestricto al voto de las y los ciudadanos de esta gran nación.
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