Garantizar la inclusión de las mujeres en los cargos públicos es también una cuestión de voluntad, de reconocer la exclusión histórica de la que han sido objeto en la vida pública. Para que la reforma constitucional que prometió paridad en todo se materialice en todos los ámbitos debe de existir compromiso y buena disposición de las instituciones.
En los últimos meses, hemos atestiguado distintas actuaciones sobre un mismo tema. Por ejemplo, el pasado 30 de mayo, la presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo (IEEH) propuso a un hombre para ocupar la Secretaría Ejecutiva, pero no se logró la votación requerida, pues 3 de las 7 consejerías se opusieron a la designación argumentando que quien debía ocupar el cargo era una mujer, en virtud de que siempre había sido ocupado por un hombre. Actualmente, el IEEH se encuentra en proceso para hacer la designación y únicamente valora propuestas femeninas; mientras tanto, en Puebla, el 16 de enero pasado el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEEP) designó a un hombre como Secretario Ejecutivo, a pesar de que previamente el cargo había sido ocupado por una persona del mismo género. Dicha designación fue impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual confirmó la designación considerando en particular la facultad discrecional no solo de quien propone, sino de las consejerías con derecho a voto.
No obstante, el TEPJF reconoció que han existido más hombres que mujeres en la Secretaría Ejecutiva del IEEP, por lo que vinculó al Instituto a emitir lineamientos que aseguren la alternancia de género en la siguiente designación para garantizar el acceso de las mujeres a dicho cargo.
En este contexto, no debemos olvidar que desde 2019 el artículo 41 de la Constitución, derivado de la reforma conocida como “Paridad en todo”, señala que se debe observar el principio de paridad de género en la integración de los organismos autónomos.
Para los cargos unipersonales, como la Secretaría Ejecutiva, dado que existe una imposibilidad de cumplir con la paridad de género en un mismo periodo, es necesario aplicar el mecanismo de alternancia, mismo que favorece la reversión de la exclusión histórica de las mujeres.
Desde la creación del IFE en 1990 y hasta la fecha (ahora en el INE), sólo se ha designado a una mujer para ocupar ese cargo (de febrero de 2004 a septiembre de 2005).
Por lo que no se ha roto el techo de cristal. Aún existe una exclusión histórica y sistemática que impide que las mujeres accedan a la Secretaría Ejecutiva y esto tiene que ser considerado y valorado por la autoridad electoral al momento de designar a quien ejercerá ese cargo.
Consulta el artículo en El Heraldo de México.