La Consejera Electoral del INE mencionó que de acuerdo a la Constitución ningún servidor público, entre ellos el Presidente de la República, puede meterse en cuestiones electorales. “Las y los servidores públicos tiene ese límite constitucional y tienen el deber de imparcialidad en el uso de recursos públicos y de neutralidad frente a los procesos electorales”, agregó.
Detalló que al Instituto Nacional Electoral le corresponde el primer análisis de las quejas y denuncias que se presentan y lo único que pueden imponer son medidas cautelares para parar los actos, que se retire información de cuentas oficiales que sean consideradas violatorias de la ley o dictaminar medidas de tutela preventiva, recordando las obligaciones de los servidores públicos y pidiéndoles se abstengan de hacerlo.
