La Comisión Temporal de Presupuesto, creada el pasado 28 de abril de 2023, tiene el objeto de llevar a cabo un ejercicio de evaluación respecto del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2023, así como revisar, analizar y discutir la propuesta de Anteproyecto del presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal 2024.
Con ello, comienza un proceso presupuestario fundamental para las elecciones del 2 de Junio de 2024, donde se renovará la Presidencia de la República; en Michoacán se renovarán 3 Senadurías (dos de Mayoría Relativa y una de Primera Minoría), se participará mediante el voto para la integración de las senadurías de representación proporcional; además, se votará en Michoacán por 11 diputaciones de mayoría relativa y el voto también servirá para integrar la representación proporcional de la Circunscripción Plurinominal número 5. Las elecciones serán concurrentes en Michoacán con la renovación en su totalidad de los 40 escaños del Congreso del Estado y de los Ayuntamientos de la entidad, así señaló el Vocal Ejecutivo de INE Michoacán, Lic. David Alejandro Delgado Arroyo.
El reto del presupuesto para el año entrante no solo es la magnitud de los cargos en disputa a nivel nacional, alrededor de 20 mil; sino también que la Lista Nominal de Electores sigue creciendo, se ubicará alrededor de los 98 millones de ciudadanas y ciudadanos (en 2021, se fue a la votación con 93,676,029), lo cual implica que el número de casillas a instalar se incrementará a una cifra cercana a las 170,000 (en 2021 se instalaron 162,570); de las cuales en Michoacán se proyectan inicialmente 6,534 casillas (en 2021 se instalaron 6,167 casillas).
A lo anterior hay que considerar que la inflación de enero de 2021 a la fecha se ha incrementado en 16.47%, mientras que, de enero de 2018 a la fecha, se ha tenido una variación inflacionaria de 29.93%.
La presión sobre la austeridad está fuertemente presente en el INE, sin embargo, siempre hay áreas de oportunidad que podrán tomarse desde este proceso presupuestario; aunque los más profundos puedan venir más lentamente en los siguientes ejercicios presupuestarios.
Es importante destacar la impresionante logística que implica organizar una elección condicionada por humores políticos, lo que implica que hay operativos que se exigen por circunstancias especiales de determinado proceso electoral; además, que a los 90 días previos al inicio del proceso electoral no se pueden hacer reformas electorales fundamentales de conformidad con el 105 constitucional, e inclusive la intención del llamado Plan B de correr el inicio del proceso electoral a la tercera semana de noviembre, no abonan a una saludable presupuestación.
Ello porque después de las reformas electorales federales, en un sistema concurrentes le siguen las locales, y además la instrumentación a partir de reglamentos y lineamientos que luego tendrán que convertirse en pesos y centavos para su concreción.
Lo preferible sería que se obligara a que las reformas electorales pudieran tener solo una ventana para ser realizadas en el segundo semestre del año siguiente a cada elección, y todavía mejor para la estabilidad, que fueren solamente en el segundo semestre del año siguiente a la elección presidencial.