El 24 de marzo, el ministro ponente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la controversia constitucional 261/2023, suspendió provisionalmente la aplicación de la reforma en materia electoral conocida como “Plan B”, decisión que causó revuelo en la opinión pública, pues incluso se llegó a interpretar como un exceso en el ejercicio de las atribuciones de la SCJN.
Hay que destacar que esta suspensión busca interrumpir los efectos de un conjunto de leyes, mientras se resuelve el fondo de la controversia constitucional presentada por el INE, es decir, mientras se decide si el INE tiene la razón o no, estas decisiones se adoptan para evitar daños irreparables en caso de que al hacer el análisis de fondo se llegue a determinar que las normas efectivamente son inconstitucionales, pero más allá de eso, la determinación del ministro da pauta para recordar que el sistema democrático mexicano busca crear una democracia que respete los derechos de todas las personas, sin importar si forman parte de las mayorías o las minorías.
Nuestro sistema busca crear una democracia que proteja los derechos de todas las personas, independientemente de si se encuentran dentro de las mayorías o las minorías, y para ello, nuestra Constitución establece límites y protecciones que aseguran los derechos de todas y todos. En este sentido, la SCJN a través de la interpretación y aplicación de las leyes garantiza que las acciones del poder ejecutivo y legislativo se encuentren dentro de los límites establecidos por la propia Constitución.
Las y los jueces juegan un rol esencial en nuestro sistema democrático porque deben adoptar decisiones aún y cuando no sean populares, pues su deber es vigilar el orden constitucional. Así que actuar como contrapeso y límite a los poderes popularmente constituidos es la razón de ser de la SCJN.
La Constitución es la ley suprema y establece los límites y restricciones dentro de los cuales nuestro gobierno debe operar. Si una ley o acto legislativo va en contra de la Constitución, debe ser invalidado. Si no se cumple con esta condición, entonces las disposiciones constitucionales ya no serían supremas, y la Página 2 de 2 Constitución perdería su poder de restringir al gobierno, lo que llevaría a un gobierno con poder ilimitado.
Una de las funciones esenciales de la SCJN es garantizar que los límites establecidos por nuestra Constitución se respeten y se mantengan, para ello, las y los ministros tienen la importante tarea de tomar decisiones objetivas, imparciales e independientes de las presiones políticas. Una democracia viable es aquella que es capaz de funcionar eficazmente, al mismo tiempo que respeta los derechos y las libertades de la ciudadanía. Es decir, lo que la SCJN ha determinado se relaciona directamente con la capacidad del sistema político para tomar decisiones y resolver problemas de manera eficaz, justa y con pleno apego al principio de legalidad.
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