El alud de impugnaciones que se desborda sobre las iniciativas de reforma electoral en México, tuvo un primer desenlace. La jueza décimo segunda de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México dictó sentencia definitiva para que un servidor -hoy, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral – regresara a su cargo y, por lo tanto, dejara sin efecto esa pequeña parte del cambio electoral que se pretende. El hecho causó una onda de comentarios (también especulaciones) que creo, estoy obligado a despejar.
Tengo el honor y la responsabilidad de conducir la rama ejecutiva del INE desde el 2008 gracias a la confianza de su entonces Consejo General y de su Presidente Leonardo Valdés. Luego, con la transformación del IFE en INE, fui ratificado por un nuevo Consejo dentro de una institución llena de novedades jurídicas y administrativas. En ese lapso me ha correspondido contribuir a la instrumentación de cambios tan grandes como hacer vigentes los procedimientos sancionadores especiales para una justicia electoral expedita, el monitoreo de radio y televisión, una unidad fiscalización más incisiva para sancionar el uso indebido de recursos en la política y la expansión del Servicio Profesional Electoral a nivel nacional para fortalecer la operación de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales en toda la república.
Junto a mis compañeras y compañeros Directores, Vocales Locales y Distritales me ha correspondido organizar dos elecciones presidenciales y tres elecciones intermedias y hemos participado en centenas de elecciones locales. Lo he hecho con la firme convicción de que México necesita elecciones limpias, genuinas, bien hechas y que ellas son la base de la vida democrática y de la estabilidad política del país. Creo que la discusión se distorsiona si se discute a mi persona. Por el contrario, es mi trabajo de casi 15 años y sus resultados lo que debe constituir el rasero para medir y evaluar a cualquier funcionario público.
Puedo decir que ha sido el periodo más desafiante de mi carrera profesional la cual incluye, desde hace más de 30 años, la rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana (Azcapotzalco), la Secretaría General de la UAM y la Dirección de Capacitación del Instituto Mexicano del Petróleo. Cada etapa constituye un orgullo para mí, pero ninguna de esas tareas se compara con la dimensión, la misión y los objetivos que hemos tenido que afrontar en esta institución, el INE.
Puedo decirlo sin reparos, con la guía del Consejo General y del Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, la estructura ejecutiva ha hecho y cumplido con lo que nos manda la ley y la Constitución, y los resultados están ahí para quien quiera verlos. Quiero insistir: la evaluación de los funcionarios públicos depende de su apego al orden legal y de su cumplimiento a las tareas que les ordena la ley. Es el trabajo, las metas realizadas, lo que habla (o debería hablar) por mí como por cualquier otro funcionario público.
En todo este tiempo, siempre, he procurado actuar con imparcialidad y discreción, pero no soy ajeno a los contextos político institucionales cambiantes.
Pronto ocurrirá el cambio de tres consejeras y consejeros y del Consejero Presidente. Esa renovación es una oportunidad para el diálogo, la concordia y el acuerdo de todas las fuerzas políticas. Ojalá así sea. Mientras tanto, el INE y su estructura están listos para entregar las mejores cuentas. Operativa, jurídica y administrativamente el INE sigue siendo un ejemplo de eficacia, responsabilidad e integridad y ninguna persona, ningún funcionario, ningún político, es más importante que esta institución y que su historia.
En medio de un litigio jurídico de dimensiones nunca vistas, lo que conviene a todos es respetar la experiencia, conocimiento, profesionalismo y neutralidad demostrados en cientos de elecciones por nuestro personal electoral y administrativo. Todos -quienes continuarán y quienes renovarán al Consejo- pueden estar seguros de pertenecer a una institución que funciona, rinde cuentas escrupulosas y, en las actuales condiciones técnicas, está preparada para su gran cita electoral en el 2024.
El triunfo legal que supuso mi reincorporación a la Secretaría Ejecutiva es una reivindicación personal, claro. No me convierte, desde luego, en un ente imprescindible, pero constituye un modesto triunfo de la legalidad, la constitucionalidad y la razón.