La edificación de un estado democrático se basa en un sólido Estado de Derecho en el que exista, entre otros componentes, un esquema igualitario de derechos entre los géneros. No obstante, en nuestro país esta igualdad ha recorrido un largo camino que no termina de cimentarse para que las mujeres tengamos esa plenitud de derechos que garantice las oportunidades para desarrollarnos plenamente y libres de todo tipo de violencia.
Los alcances que el legislativo ha logrado en gran medida por el impulso de mujeres, colectivos feministas, la sociedad civil, entre otros, para contar con elementos y herramientas que logren dicha igualdad se encuentran, entre otros, en la elevación a rango constitucional en 2014 del principio de paridad de género en el registro de candidaturas; la modificación a diversas disposiciones constitucionales y legales en 2019 conocida como “Paridad en Todo”, para garantizar el cumplimento de este principio en la integración de todos los poderes del Estado en nuestro país, o la reforma de 2020 que implicó la modificación de 6 leyes generales y 2 federales, por la que se define la violencia política contra las mujeres en razón de género y las obligaciones de las autoridades y los partidos políticos para prevenirla, atenderla, sancionarla, repararla y erradicarla de nuestra sociedad
No obstante, existen diversos pendientes para garantizar una auténtica representación política de las mujeres en la esfera política de lo cual, a continuación, señalo algunas:
Es fundamental que se legisle en materia de paridad en cargos unipersonales. En los procesos electorales 2020-2021 y 2021-2022 no se contó con una legislación que regulara la postulación de candidaturas a las gubernaturas de las entidades federativas, lo que llevó a la autoridad electoral nacional administrativa y jurisdiccional a definir la ruta en esta dirección.
La postulación paritaria de diputaciones de mayoría relativa se materializa de acuerdo con el principio de competitividad, con el fin de que las mujeres no son sean postuladas únicamente en distritos perdedores. El registro de las listas de representación proporcional debe ser de forma alternada, pero adicionalmente, es necesario que el Instituto Nacional Electoral (INE) establezca medidas de ajuste con posterioridad a la celebración de la elección, que incidan en la asignación de representación proporcional, con el fin de lograr la integración paritaria del órgano colegiado de que se trate. Esto significaría que estas medidas de ajuste se basen en que las últimas asignaciones se hagan en favor de mujeres hasta lograr que el órgano colegiado se integre paritariamente.
Es necesario revisar la obligación de cumplir con con la declaración #3De3ContraLaViolencia, como requisito para el acceso a cualquier cargo de elección popular, ya que la reforma electoral prohíbe a las autoridades electorales establecer a través de acuerdos o lineamientos la obligación de cumplir con la misma tal como se había establecido hasta la fecha, y la reciente reforma electoral no la prevé, lo que constituye un importante retroceso en la materia pues permitiría que personas violentadoras de mujeres lleguen a ocupar cargos de elección popular.
Es necesario que el Legislativo establezca el principio de alternancia para las presidencias municipales ya que, de acuerdo con datos del INE, actualmente a nivel nacional, sólo el 22.05% de ellas están ocupadas por mujeres. El INE ha emitido diversos acuerdos de la mano con los Organismos Públicos Locales electorales que han garantizado la progresividad de los derechos humanos, políticos y electorales de las mujeres con el objetivo de acelerar su presencia en los espacios públicos y de toma de decisiones.
La creación de una Defensoría Pública para Mujeres al interior del INE, propuesta en la que he insistido, es fundamental a efecto de garantizar los derechos políticos y electorales de las mujeres, para brindarles la más amplia garantía y acceso a la justicia y velar por el liderazgo político de las mismas, entre otras.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, resulta necesario reconocer que hemos avanzado, pero que tenemos mucho camino por delante para construir, determinar, corregir y materializar la igualdad sustantiva en nuestro país y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, pero, sobre todo, la mayor deuda que tenemos como país está en la protección de la vida, la seguridad y la integridad de las niñas, las adolescentes y las mujeres en nuestro país.
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