El pasado 2 de marzo de este 2023, en uso de las facultades que tiene conferidas el Presidente de la República en la Constitución, promulgó el llamado Plan B de la reforma electoral, que fue aprobada por el Congreso de la Unión el pasado 22 de febrero por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Por lo anterior, el Instituto Nacional Electoral (INE) a través de su Consejo General, y conforme a sus atribuciones de crear comités técnicos para atender, cumplir y dar seguimiento a actividades o programas específicos que requieran una atención especial, determinó la creación del Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023, con la finalidad de cumplir con los artículos transitorios de esta reforma para atender de forma profesional y objetiva, el impacto y los trabajos que deberá realizar en INE para acatarla.
Este Comité, integrado por las y los 7 consejeros electorales que permanecemos en funciones después del 3 de abril, tendrá tareas específicas y determinantes para la institución, ya que las diversas modificaciones al marco normativo electoral están directamente relacionadas con el diseño y la estructura organizacional del INE, así como con su regulación interna, por lo que, con el objetivo de cumplir las disposiciones constitucionales y legales necesarias para el correcto funcionamiento de la Institución, y consecuentemente, para seguir contando con los elementos técnicos, humanos y normativos suficientes que garanticen un diseño institucional que siga salvaguardando elecciones libres y confiables en nuestro país.
El Comité referido tendrá de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes atribuciones:
Identificar los instrumentos normativos y administrativos del INE a los cuales deberán realizarse las adecuaciones respectivas que vayan acorde con las reformas legales electorales;
Identificar la normativa relacionada con todo lo concerniente a la propaganda gubernamental, comunicación social, equidad e imparcialidad en los procesos electorales;
Identificar las medidas, las adecuaciones administrativas que correspondan y el costo que tendrá la reestructuración orgánica y ocupacional del Instituto, así como la adecuada planificación de los diversos trabajos que deberán llevarse a cabo de conformidad con los artículos transitorios de la reforma electoral con miras a contar con todos los elementos normativos, procedimentales y organizaciones, para enfrentar el proceso electoral 2023-2024;
Contar con la opinión de los órganos desconcentrados del Instituto relacionada con el perfil y competencias idóneas de la nueva figura denominada vocal operativo, de acuerdo con el artículo Décimo Segundo Transitorio del Decreto;
Proponer en su oportunidad al Consejo General, los lineamentos necesarios para la revisión, redimensionamiento y compactación de la estructura de las unidades técnicas y administrativas de la Institución de conformidad con el artículo Décimo Cuarto Transitorio del Decreto, y
Establecer un plan de trabajo, así como un cronograma que deberá seguir puntualmente para llevar a cabo esta ardua e importante labor para cumplir con las modificaciones que ha establecido la reforma.
Los trabajos de este Comité Técnico concluirán una vez que el Consejo General del Instituto, en su oportunidad, haya aprobado todas las adecuaciones normativas, operativas, procedimentales y estructurales que correspondan para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto de referencia.
No obstante, el INE presentará una controversia constitucional y seguirá promoviendo las acciones legales que considere oportunas con la finalidad de controvertir la constitucionalidad de dicho decreto de reforma. Asimismo, es importante referir que la estructura del Instituto no será modificada hasta en tanto no concluyan los trabajos del referido Comité Técnico con el objetivo de no generar algún riesgo en la operación de las actividades institucionales pero, sobre todo, para garantizar los derechos laborales de las y los trabajadores de la institución.
El INE tiene una enorme tarea por delante, esperaremos la resolución definitiva de las autoridades jurisdiccionales competentes, pero sin lugar a dudas, el INE estará a la altura de este nuevo reto tal y como siempre lo ha hecho y seguirá garantizando elecciones libres, auténticas y en paz.
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