VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL PANEL INAUGURAL ¿CÓMO IREMOS AL 2024 CON LAS NUEVAS REFORMAS? ESCENARIOS BAJO EL NUEVO MARCO ELECTORAL, DENTRO DEL SEMINARIO «EL PLAN B ELECTORAL: ¿EQUIDAD, AUSTERIDAD O INCERTIDUMBRE?»
Muchas gracias.
Quiero agradecer mucho a los doctores César Astudillo y Julio Juárez, coordinadores de este seminario la invitación y, sobre todo, la doble, oportunidad primero de, a 39 días y contando, devolver a este Instituto que generosamente me prestó durante poco más ya de una década a las funciones electorales.
Y, sobre todo, y en segundo lugar, pues poder compartir esta mesa con dos de mis maestros, tanto en la acepción más amplia de la palabra, tanto en la en la dimensión de formación académica, como también, en la dimensión de formación profesional.
Ambos, no solamente académicos destacados y respetados, sino además, funcionarios, funcionaria y funcionario público brillantes y modélicos, a los que de alguna manera en este paso por el Instituto Nacional Electoral he tratado de imitar y acercarme. Más ahí, por no hablar ya de las partes de la parte más afectiva, que me llevó a ser el primer, a tener a Jesús como primer jefe en mi vida, justamente como becario en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y de Jacqui no hablamos porque los recuerdos y los vínculos de amistad y de afecto van todavía más atrás.
Yo he preparado una presentación para esta mañana, creo que tener una, visualizar de manera gráfica algunos de los temas que quiero compartir con ustedes es más eficaz, digamos y, sobre todo, creo que, y quiero anticiparlo de estos minutos de intervención, servirán solamente para hacer un esbozo de lo que, desde el punto de vista del Instituto Nacional Electoral y el mío, también en lo particular, representa para la democracia mexicana en términos del impacto y de complicaciones en la dimensión electoral de la misma, el así llamado, el conjunto de reformas y cuya publicación pues todavía está pendiente el día de hoy, al menos ayer en la noche y el día de hoy no se ha publicado en el Diario Oficial, pero esperamos ansiosamente que se publique para poder continuar con la defensa jurídica de la democracia ante las instancias correspondientes, frente a lo que ha sido, no solamente un atropello en términos políticos, la imposición por primera vez en 30 años de reglas electorales por una mayoría de manera unilateral.
Una reforma que atiende a los intereses de parte, intereses en este caso del gobierno, y no a una demanda de mejora de las reglas electorales, bajo la premisa falsa de que se quieren abaratar elecciones y, sobre la mesa colocare algunos elementos en ese sentido.
Quiero decir que lo que aquí hare será una brevísima síntesis, cogiendo algunos de los puntos que me parecen más relevantes en términos del impacto negativo que puede tener para el sistema electoral estos cambios, y remito para tal efecto, digo para una comprensión mucho más integral, al informe que fue presentado en el seno del Consejo General el 25 de enero pasado, y que, a diferencia de lo que algunos dicen, no es un informe del Consejero Presidente o de dos consejeros y ni siquiera de los 11 integrantes del Consejo, es un informe que se realizó a partir de la retro alimentación y del juicio y balance que realizó la estructura operativa del INE, justamente la que se quiere afectar con el Plan B, y la que en los hechos es la que organiza elecciones y constituye la columna vertebral de la organización electoral que hemos venido construyendo a lo largo de décadas.
Es decir, es un informe del INE, es un informe institucional y es un informe que recoge puntualmente las implicaciones que desde el punto de vista de quienes estarán encargados de operar esas normas, puede tener para los futuros procesos electorales de prevalecer.
Además, se trata de un informe en el que se incluyen lo que, desde nuestro punto de vista, son las violaciones a la Constitución que, por sus dimensiones y magnitud constituyen lo que yo he definido una autentica constelación de inconstitucionalidades y que trae como consecuencia una ley que pinta para ser probablemente, la ley con récord triste, récord el de ser la ley probablemente más impugnada por sus inconstitucionalidades, ante los tribunales de la Federación, de toda la historia del derecho constitucional mexicano.
Paso a la presentación y remito, insisto, para mayor puntualidad este informe que es un informe público y cuya versión ejecutiva es un informe muy denso, muy puntual, muy preciso, muy amplio, pero que también tiene una versión ejecutiva y que puede ser consultada públicamente en la página de internet del Instituto Nacional Electoral.
Primer, punto, creo que es importante para poder analizar el alcance del Plan B, cómo está nuestro sistema electoral, cuál es el estado de salud de nuestro sistema electoral, producto de una larga evolución, de una serie de reformas que fueron poco a poco y de manera sedimental consolidando un sistema electoral que es robusto, fuerte y que es punto de referencia a nivel internacional y que nos ha arrojado las siguientes cifras, datos ciertos, datos objetivos, datos verificables, no otros datos.
Primero, nuestro sistema electoral y me refiero a su última versión, es decir, al sistema electoral que ha operado durante los últimos nueve años, a partir de la reforma de 2014 y de la nacionalización de las elecciones o si se quiere mejor de la constitución de un sistema nacional de elecciones, ha arrojado estas cifras, comparto algunas.
Primera, en estos nueve años el Instituto Nacional Electoral ha organizado 331 elecciones, incluyo aquí las del domingo pasado en Tamaulipas, que una vez más son prueba de un sistema electoral eficaz, funcional e impecable desde el punto de vista organizativo.
En Tamaulipas, un estado nada sencillo, se eligió la Senaduría que quedó vacante luego de la muerte, del fallecimiento del Senador suplente, uno de los senadores suplentes, por ese estado y es un estado que, no digo nada nuevo, no digo ningún secreto, adolece de una complejidad particular, tanto por una cuestión de seguridad, como la cuestión de la intensidad política y la conflictividad social que se padece.
En Tamaulipas el INE debía y son cifras, no estoy hablando de la sustancia de la elección, el INE debía, instaló, proyectó instalar cuatro mil 777 casillas, el domingo pasado el INE cuatro mil 777 casillas; a la dos y media de la mañana, en las bodegas del INE ya estaban bajo posesión del INE cuatro mil 777 paquetes, es decir, desde el punto de vista organizativo, la elección fue absolutamente un éxito.
Que si votó el 20 por ciento, bueno hombre, Tamaulipas sale de un rally electoral de elecciones tras elecciones y probablemente elegir a una senador por un año y medio no tenga el atractivo que pueda tener otro tipo de elecciones, pero desde el punto de vista organizativo, que es a donde quiero centrar mi intervención, fue una vez más la elección 331, organizada en este periodo, sin ningún tipo de problemática en términos de su organización, más aún, en ninguna de estas elecciones, en este periodo, ha habido un conflicto poselectoral, con lo que estamos hablando que el sistema electoral nos ha, en estos nueve años, propiciado el periodo más largo de estabilidad política y gobernabilidad democrática de toda nuestra historia.
No ha habido un solo conflicto poselectoral, litigiosidad hay muchísima, pero toda esa litigiosidad se ha encauzado por las rutas, por las vías institucionales que son las vías jurisdiccionales y no ha habido en este periodo una sola sentencia que se haya desacatado.
Es decir, nuestro sistema electoral ha funcionado para lo que los sistemas electorales están pensados en las democracias, para que la disputa por el poder transmite de manera pacífica y a partir de las reglas pactadas y consensuadas.
Segundo dato, en este periodo y como consecuencia de estas elecciones, estamos también ante el periodo de mayor alternancia en nuestra historia. No me detengo mucho, si hacemos un índice agregado tenemos un índice de alternancia del orden del 62 por ciento, un poco más del 62 por ciento, lo que quiere decir que en estas elecciones la posibilidad de que un partido que gana unas elección vuelva a ganar la siguiente, es de apenas de una de cada tres.
Y no hay una sola fuerza política que se considere beneficiaria o perjudicada exclusiva de este fenómeno. Todos los partidos políticos han ganado elecciones, todos los partidos políticos han perdido elecciones y todos los partidos políticos se han beneficiado o se han visto afectados por el fenómeno de la alternancia.
No hay una sola fuerza política que no haya sido, para bien, es decir, en su beneficio o en su perjuicio, sujeto de este fenómeno, con lo cual estamos hablando de un momento en el cual el voto, evidentemente cuenta, pues no solamente sirve para elegir a nuestros representantes y gobernantes, sino también, para premiar y castigar las buenas y malas gestiones de los actores políticos, justo para lo que sirve en democracias.
Tercer gran dato. Bueno, y aquí voy a la a la veloz, el INE no solo organiza elecciones, brinda múltiples servicios públicos, entre ellos la expedición de la Credencial de Votar con Fotografía, el principal mecanismo de identidad en el país.
En 9 años hemos expedido 129 millones, más de 129 millones de credenciales de manera puntual, eficaz y eficiente y de manera gratuita. Esto, además, nos ha permitido contar con una Lista Nominal y un Padrón Electoral, que son los mejores que hemos tenido en nuestra historia y uno de los mejores del mundo.
El índice de cobertura del Padrón Electoral rebasa el 99 por ciento, cosa que lo vuelve prácticamente único a nivel internacional en términos de su cobertura, y tiene una altísima actualización, al grado de que el INE ha utilizado, sin entregar los datos para una finalidad social, el ser el depositario de la base de datos más importante, biométricos más importante del país.
Hoy, entre otras cosas, gracias a convenios que hemos firmado para ello, el INE está contribuyendo a la identificación de cadáveres desconocidos y a la búsqueda de personas desaparecidas, con lo cual no solamente se cumplen con nuestras funciones electorales, sino además, se brindan servicios sociales de más amplio espectro.
Además, el INE es el único órgano que del Estado mexicano que monitorea las señales de radio y televisión en una de las funciones adicionales, cosa que además lo convierte en el único órgano electoral en el mundo que cumple con esta función.
Bueno, aquí están los resultados del monitoreo, lo que habla de un altísimo grado de cumplimiento del sistema de comunicación política vigente en nuestro país desde el 2007, con niveles de cumplimiento por parte de los concesionarios de más del 99.6 por ciento. El sistema pues funciona.
Esto ha traído como consecuencia que el INE hoy por hoy sea la institución mejor calificada y mejor evaluada del Estado mexicano, al menos como institución civil, con índices de aprobación y de confianza que rondan entre el 65 por ciento, cuando nos pegan duro o eso tiene impacto y baja tantito la confianza, pero nunca a niveles abajo del 65 por ciento.
Y ha llegado, como lo revela la encuesta que MORENA hizo hace unos meses a niveles inéditos, de confianza y credibilidad ciudadana que rondan el 76 por ciento, ahí se mueve el INE.
Y esto no es un asunto de popularidad o de ego, la confianza ciudadana es fundamental para que el INE pueda cumplir con sus funciones, como lo revela ésta lámina. El INE necesita de la confianza ciudadana, cuando convoca a las y los ciudadanos a ser funcionarias y funcionarios de casilla.
Y aquí están las cifras de cómo esa confianza se traduce justamente en eso. En los últimos procesos electorales hemos tenido más del doble de ciudadanos aptos capacitados que han aceptado cumplir con esta función de los que legalmente requerimos, es decir, la confianza se traduce en una apropiación de la ciudadanía de los procesos electorales, tal como lo quiere nuestro modelo
Así está nuestro sistema electoral, un sistema electoral que funciona que, sin lugar a dudas es perfectible, siempre lo serán los sistemas electorales, pero que cumple con la razón de ser para la cual fue diseñado.
En este contexto, ¿para qué hacer una reforma electoral?, bueno, si hay una reforma electoral o no, de hecho, ya la hubo, pues no es algo que sea inevitable para enfrentar la gran cita electoral del 24; o sea, podíamos perfectamente ir con las normas actuales y, de hecho, si los cambios son los que hoy se han aprobado, lo digo con toda franqueza, es mucho mejor ir a las elecciones del 24 con las normas que nos han dado esa estabilidad política, y no a jugar a aprendiz de brujo con una norma que reinventa, un conjunto de normas que reinventan el sistema electoral y, que además, van a ser puestas a prueba en una elección presidencial que va a ser, por cierto, la más grande de nuestra historia y probablemente la más compleja.
Dicho lo anterior, nuestro sistema electoral, el que conocemos hasta ahora, se ha centrado en cinco grandes pilares, son cinco grandes conquistas que sustentan el funcionamiento del sistema electoral.
En primer lugar, la independencia y autonomía de los órganos electorales.
En segundo lugar, la existencia de un Servicio Profesional, un servicio de carrera que es la columna vertebral de la organización, del funcionamiento del INE y que, por cierto, constituye probablemente el mejor logrado servicio de carrera de los que tiene el Estado mexicano, tal vez salvando el Exterior, aunque bueno estamos en un contexto que ser miembro del Servicio Exterior no garantiza nada, porque la mitad de los cargos consulares y de embajadas son nombramientos políticos.
Dicho lo cual, el sistema electoral es, vuelvo a insistir, la columna vertebral que permite que el Instituto opere eficazmente a lo largo y ancho del país durante los procesos electorales.
Tercer gran eje, una presencia territorial permanente del Instituto Nacional Electoral que nos permite, no solamente cumplir cotidianamente funciones que, quien no sabe de elecciones y, por lo visto los legisladores que votaron sin leer esto, ya lo sabemos eso, pues no saben de elecciones, que es indispensable para que cuando hay elecciones la operación electoral ocurra.
Pongo un ejemplo, la geografía electoral se mueve todos los días, las dinámicas poblacionales son altísimas en nuestro país y, por lo tanto, que el INE tenga conocimiento de cómo opera esa dinámica, hacia dónde se cran nuevos asentamientos poblacionales, dónde se despobla, digamos en zona del país, la población que puede votar, resulta indispensable para que cuando haya elecciones el INE esté en capacidades de poder poner una casilla, como lo mandata la ley, cerca del domicilio de cada ciudadano.
Si el INE no tiene un pulso cotidiano de cómo se mueve la población en el país, no se pueden organizar elecciones; si organizar elecciones no es llegar al campo en un país tan complejo como éste, cada tres años.
Además, hay zonas del país en donde el INE es la única agencia del Estado que tiene capacidades para entrar, como las bajo control del crimen organizado donde ni siquiera las fuerzas de seguridad ingresan.
Y eso no se construye de la noche a la mañana, se construye con una presencia permanente que al INE le permite ser conocido por todos los sectores de la población y generar esos nexos de confianza para que, cuando cada tres años se tienen que instalar casillas, podamos entrar a todas las zonas del país.
En las elecciones del 2021, de 162 mil casillas, dejaron de instalarse 11 y ninguna de ellas por cuestiones de seguridad, todas por conflictividad social; eso no se construye de la noche a la mañana, ese es el resultado de un trabajo cotidiano que implica la presencia permanente y no temporal del INE a lo largo y ancho del país.
Cuarto eje, un Padrón Electoral confiable, al que ya he hecho referencia.
Y, quinto eje, condiciones de equidad en la competencia centradas en tres grandes ejes: Primero, un financiamiento público que le permite a todos los partidos contar con recursos para competir electoralmente. Y aquí ciertamente se nos ha pasado la mano, pero nadie puede decir que no hay condiciones equitativas para la competencia, tal vez hay que reducir el financiamiento y creo que es pertinente.
Hoy se generan incluso incentivos perversos para los propios partidos políticos, por la cantidad de dinero que reciben, pero nadie puede cuestionar que existen condiciones equitativas de competencia electoral por la falta de o inequitativas por la falta de recursos.
Segundo, el modelo de comunicación política que le permite a todos los partidos tener acceso a la radio y la televisión; y, tercero, las garantías llevadas a la Constitución de que no habrá una intervención gubernamental en los procesos electorales, concretada en dos grandes ejes: Uno, el principio de neutralidad al que están obligados los servidores públicos.
No pueden intervenir en las contiendas electorales con dichos o afirmaciones y mucho menos con recursos, porque la contienda electoral es entre candidatos y partidos, no entre candidatos y partidos de oposición, y el gobierno o los gobiernos.
Y segundo, la prohibición de usar hago propaganda gubernamental con fines políticos. Esto significa, no solamente no intervenir con recursos en las campañas, si no, tampoco usar recursos públicos para promoción personalizada de quienes ostentan cargos en el poder.
Afortunadamente, estos cinco ejes están garantizados en la Constitución y por eso es de celebrarse, digo yo, que una propuesta de reforma constitucional que pretende alterar estos cinco ejes, entre otras cosas, no prosperará en diciembre pasado en la Cámara de las y los Diputados.
Y sin embargo, estos cinco ejes están en riesgo. ¿Como es posible eso con una red, con el Plan B, con una reforma legal? ¿Cómo es posible, si estos ejes están garantizados en la Constitución?
Bueno, precisamente porque los cinco ejes son afectados por una reforma legal, no pudiendo hacerlo porque están en la Constitución, lo que habla de la evidente inconstitucionalidad del Plan B, de las normas legales que lo componen.
El Plan B, es un plan, tengámoslo presente, es una conjunto de reformas a seis leyes electorales. Dos de ellas ya fueron publicadas el 27 de diciembre: la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y frente a ella ya ha habido una oleada de recursos de inconstitucionalidad, acciones y controversias que se presentaron en las últimas semanas.
Y lo que ayer aprobó, finalmente liberó para su publicación en el Senado, es la modificación a otras cuatro leyes, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y la Ley Orgánica del Poder Judicial; que todavía no ha sido publicadas, no entran en vigencia, pero apenas lo sean, serán objeto también de estas impugnaciones que desde el INE, entre otros muchos factores, hemos advertido.
No quiero hacer un ejercicio detallado, pero permítanme aprovechar la mención de estos cinco pilares, sobre los cuales se ha sustentado la funcionalidad y la integridad de nuestras elecciones y que están en la Constitución, para poder ilustrar con ejemplos concretos, como el Plan B dinamita, constituye la colocación desde el poder de cargas explosivas en cada uno de los pilares en los que se sustentan elecciones auténticas como lo mandata la Constitución.
Primer punto. Independencia y autonomía de los órganos electorales, señaló solamente algunos ejemplos. El Plan B, los legisladores destituyen con una reforma legal, hasta donde me acuerdo y mis maestros me enseñaron, las leyes deben tener un carácter general y no hacer leyes ad hominem, destituyen al actual Secretario del Instituto Nacional Electoral, cuando la propia Constitución establece que este es un nombramiento del Consejo General por ocho votos a propuesta del Presidente; es decir, la propia Constitución reserva la facultad de nombrar y, por ende, la de remover, a ese funcionario del Consejo General.
Si los legisladores hubieran querido remover al Secretario Ejecutivo y, por cierto, a cualquiera de los consejeros, debían haberlo hecho iniciando un juicio político. No hay otro modo para removerlo, lo remueven con una reforma legal.
Y, por cierto, tan mal hecho está el trabajo y perdóneme aquí que me detenga en el detalle, que cuando se publique, cosa que puede ocurrir en cualquier momento la reforma, lo que falta del Plan B, dice el Primer Transitorio que va a entrar en vigor el día después de su publicación.
Suele ser ordinario, ¡ah!, pero la venganza en contra del Secretario Ejecutivo opera de manera inmediata, es decir, en el momento en que se publique opera el cese del Secretario Ejecutivo, bonita manera de legislar, diría Porfirio Muñoz Ledo, lo dijo de otra manera.
No entra en vigor todavía la ley, pero ya surte efectos, bueno, ya se pronunciará la Corte sobre esta chulada legislativa, dirían algunos.
Segundo eje que quiero mencionar, hay una confusión radical de órganos, lo que pone en riesgo el funcionamiento del Instituto. Una de las garantías de funcionamiento institucional es que la Constitución distingue entre órganos de dirección, órganos ejecutivos, órganos técnicos, órganos de vigilancia y, por cierto, el órgano de fiscalización.
Y lo que establece es que cada órgano del Instituto cumple una determinada función para no confundir, por ejemplo, una garantía, Jacquie lo sabes muy bien, los consejeros del INE no se meten a las cuestiones administrativas, porque para eso hay una Junta Ejecutiva y eso es una garantía para que el trabajo arbitral, el trabajo político del Instituto pueda hacerse sin entrar en los riesgos de lo que implica administrar los recursos institucionales, salvo el Consejero Presidente que presiden ambos órganos, del Consejo y la Junta General Ejecutiva, los consejeros están excluidos y, en ese sentido, están garantizados.
¿Qué dice el Plan B?, que ahora la administración del Instituto, como desaparece la Junta Ejecutiva, está a cargo de una comisión de consejeros, de cinco consejeros en los que, por definición, no participa el Consejero Presidente, ahora los consejeros van a ser administradores y decisores y el Consejero Presidente ni siquiera entra en la administración del Instituto.
Los órganos técnicos se vuelven ejecutivos, los órganos de fiscalización, como el OIC ahora es el que va a supervisar el diseño institucional, un bonito mazacote y que vuelve disfuncional al Instituto y lo pone en riesgo, tal vez ese sea el propósito, pero habría que preguntarle a los legisladores.
Un último tema sobre este aspecto. La autonomía presupuestal, los legisladores se sacaron de la chistera el bonito regalo de que las economías que se generen en el manejo presupuestal del Instituto se tienen devolver a la Federación, no al término del ejercicio, como ocurre y es legalmente obligado, sino no se pueden utilizar para otros fines institucionales; los legisladores, por cierto, nunca se acercaron a preguntar y pregunto a ustedes, de dónde creen que salieron los recursos para organizar la elección extraordinaria de Tamaulipas, una elección que no podíamos contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el presupuesto que solicitamos, porque nadie sabe cuándo va a haber elecciones extraordinarias, por definición, eso son las elecciones extraordinarias.
¿De dónde creen que salió?, les pregunto a los legisladores, no saben seguramente. De las economías del Instituto, nada más que con lo que pusieron en la ley el Instituto ya no va a poder destinar esas economías a hacer elecciones extraordinarias, vamos a tener que pedirle a la Secretaría de Hacienda que nunca condiciona la entrega de los recursos seguramente, que nos den recursos para poder hacer elecciones.
Por cierto, Hacienda no nos ha dado nunca una ampliación presupuestal en lo que va de este gobierno. Eso significa una manera de vulnerar la autonomía del Instituto y no sé si eso fue el propósito y si no lo fue, pues eso pasa por no preguntar.
Paso al segundo eje, este es probablemente el más grave, éste el verdadero, la verdadera carga, digámoslo así, mortal que se le colocó a nuestro sistema electoral y que tiene que ver con la estructura del Instituto, el hoy, datos nada más para que vean el efecto lesivo que tiene la reforma.
Hoy el Servicio Profesional Electoral del Instituto cuenta con dos mil 571 funcionarios, todos ellos entraron por concurso, todos ellos son evaluados permanentemente, todos ellos son sujetos a un programa de formación permanente.
Bueno, la reforma desaparece, desaparece el 84.6 de las plazas del Servicio Profesional Electoral, más de dos mil 100 plazas así, ¡pum! desaparece.
Por cierto, también hay plazas administrativas que desaparecen.
El total de plazas que la reforma electoral esfuma son casi seis mil.
Saber, en un primer cálculo cuánto vamos a tener que pagar, cuánto va a tener que pagar el Instituto por la liquidación de esas de esas seis mil, casi seis mil plazas: tres mil 500 millones de pesos.
¿Dónde está el ahorro que se buscó con la pérdida de las capacidades institucionales que supone la desaparición de las plazas?
Por eso, quien diga que los únicos que nos vamos a quedar sin trabajo somos Ciro Murayama y un servidor, miente. Por cierto, no me quedo sin trabajo, vuelvo a la Universidad, a quien le interese.
Me detengo un segundo más en este punto, sobre todo en la parte operativa de la institución.
¿Quién hace las elecciones? Las juntas distritales ejecutivas.
Oficinas permanentes que operan una en cada uno de los 300 distritos electorales y que se integran hoy por cinco funcionarios del Servicio Profesional Electoral: Un Vocal Ejecutivo, que coordina los trabajos de la Junta y supervisa; un Vocal Secretario, que es una especie de administración más jurídico de la Junta, es el responsable de levantar las actas- y Jesús nos puede decir que pasa cuando un acta que está mal levantada, es causal de nulidad-.
Segundo, es el responsable de, es una especie de ministerio público porque es el que sustancia todas las quejas, incluidas las de violencia política de género.
Tercero es una especie de Notario, porque es el responsable de la Oficialía en los distritos electorales y además es el responsable de toda la administración.
Luego hay un Vocal Secretario, vocal de Organización, es responsable de toda la logística, es el que diseña, el que supervisa que los materiales electorales efectivamente se encuentren y que vayan en los paquetes para poder instalar las casillas, es el que diseña las rutas de traslado para llevarle los paquetes a los funcionarios y luego la noche de la elección recogerlos; es el que opera el PREP en la noche de la elección, es el que habla con los propietarios de los inmuebles o de los directores de las escuelas o donde se instalan las casillas, es el que provee que las condiciones, el que hace los recorridos para que sean accesibles dichas casillas.
Y, además, es el que hace los cómputos, el que coordina los cómputos distritales es decir, los cómputos legales.
Después hay un Vocal de Capacitación. Ese es el que contrata el personal de campo, los llamados CAES, el que los capacita, el que selecciona al 13 por ciento de los ciudadanos para proceder a la visita domiciliaria. Cuando hay elecciones federales el INE realiza 12 millones de visitas domiciliarias en promedio, que es en trabajo de campo más grande que realiza el Estado mexicano, solo después del Censo, es el responsable del capacitar a esos ciudadanos; y es el responsable el día de la elección, de asistirlos, acompañarlos durante su función electoral.
Y, finalmente, está el Director del Registro. El Director del Registro es el que supervisa en promedio los tres Módulos que hay en cada, de Atención Ciudadana que hay en cada distrito.
Es el responsable de actualizar la cartografía permanentemente, es responsable de depurar el Padrón Electoral y es el responsable de imprimir los listados de electores que van a ir uno a cada casilla y no puede haber error.
El listado de una casilla es totalmente distinto al de las demás.
¿Bueno, qué hacen la reforma? Estas cinco figuras desaparecen y son sustituidas por una sola: el Vocal Operativo, con una chulada adicional, para ahorrar dinero cuando no hay elecciones en las zonas urbanas se desaparecen juntas distritales. Y son administradas por una sola Vocalía, Operativa en las zonas urbanas.
Ejemplo que le expusimos a los senadores hace un par de semanas.
En la zona metropolitana del Valle de México hay 28 distritos electorales, es la más grande del país. 28 distritos entre Huixquilucan hasta valle de Chalco Solidaridad.
Hoy están operados por 28 juntas distritales, en esos distritos existen 75 módulos de atención ciudadana.
Cuando no haya elecciones, esos módulos van a ser supervisados y todas las tareas de la institución van a ser realizados por una persona y la ley generosamente dice que puedes tener un asistente. Una persona para supervisar 75 módulos.
Voy a terminar Jacqui.
Padrón Electoral, es cierto el Padrón Electoral lo sigue administrando el INE, pero el Listado de Electores, de los Mexicanos Votantes en el Extranjero, ahora lo va a autorizar, lo va a validar la Secretaría de Relaciones Exteriores.
¿Cómo, el gobierno? Sí, el gobierno. Y no sólo, hoy para poder estar inscrito para votar desde el extranjero se requiere de la Credencial para Votar con Fotografía, es la llave para ejercer los derechos políticos.
El Plan B lo que dice es que ahora uno se podrá inscribir en ese listado con el pasaporte y con la Matrícula Consular, documentos cuya gestión corresponde a Relaciones Exteriores.
Hoy hay un millón 300 mil credenciales aproximadamente entregadas en el extranjero, a ese número podría ascender, en su caso, el número de votantes desde fuera del país. Pero hay 12 millones de mexicanos se estima y ¿qué tal que en 24 hay 8, 9, 10 millones de votantes porque lo dice la Secretaría de Relaciones Exteriores y porque se inscribieron con un documento del cual el INE no tiene ningún tipo de control?
Padrón Electoral, para ahorrar dinero ahora los Módulos de Atención Ciudadana deberán estar en escuelas y en oficinas de gobierno. ¿De veras? ¿Vamos a pedirle a los funcionarios que responden a interese partidistas que nos den espacios? ¿Quién nos va a garantizar la suficiencia de los espacios para brindar la atención que se merece la ciudadanía en esos Módulos?
¿Quién nos va a garantizar la seguridad de esos Módulos? Sobre todo porque ahí se resguardan las Credenciales para Votar con Fotografía. Y todavía más grave, bueno, olvídense de los horarios que vamos a depender de las escuelas. Nosotros abrimos módulos los fines de semana, las escuelas no abren los fines de semana, las oficinas de gobierno, muchas tampoco. ¿Qué va a pasar?
Y lo más grave, ¿vamos a depender de la infraestructura tecnológica, informática de las oficinas de gobierno? Los datos encriptados de los ciudadanos que son un bien que reservamos con muchísimo celo y, por cierto, todo esto cuesta uno de cada tres pesos del financiamiento del INE.
¿Vamos a resguardarlos y van a transitar a través de las estructuras informáticas de los módems de las estructuras de gobierno? Cuando se trata de estructuras dedicadas para esa función exclusivamente, ¿con el costo que supone sin lugar a dudas?
Por eso creo que si algún ciudadano decide por la vía del amparo que no procede en materia electoral, ir en contra de estas normas porque se vulnera la protección de sus datos personales, está, creo, legítimamente autorizado para hacerlo.
Y termino con un último punto. Lo que tiene que ver con la equidad en la contienda. Bueno, todo lo que hoy está prohibido en la Constitución y hasta donde me acuerdo sigue prohibido en la Constitución, en el artículo 134 ahora es válido según la ley. Es decir, la Constitución prohíbe que los funcionarios públicos opinen, intervengan en el debate electoral, principio de neutralidad.
Pero la ley, el Plan B, dice que eso es ejercicio, que sí se va a valer en ejercicio de su libertad de expresión. De nuevo a lo mejor Jesús, además tú fuiste Presidente de la Comisión interamericana, me acuerdo que los derechos humanos son para los ciudadanos, para las personas, no para los gobernantes.
Los gobernantes en su calidad de gobernantes no tienen derechos humanos, tienen responsabilidades y obligaciones. ¿Quieren ejercer sus derechos humanos? No actúen como gobernantes porque ahí es otra escena, por cierto, la minuta, la exposición de motivos de la reforma de 2007 lo dice con todas las letras, los derechos humanos son para los gobernados, no para los gobernantes.
Ahora, un gobernante en ejercicio de su libertad de expresión podrá libremente opinar, descalificar contendientes o afinar a favor de contendientes.
Justo lo que está prohibido. En las elecciones del año pasado, en la seis elecciones, no lo digo yo, lo dijo el Tribunal Electoral, en el 80 por ciento de las mañaneras se violó la Constitución porque se violó el principio de neutralidad.
Y peor aún, ahora resulta que la definición de propaganda gubernamental que nos propone la nueva ley, significa que es solamente aquel acto de promoción de los gobiernos que esté incluido en los presupuestos de egresos.
Pregunta ¿La mañanera está incluida en los presupuestos de egresos? Respuesta, no; es decir, todo lo que ocurre en ese espacio no es propaganda gubernamental.
Todo lo que ocurre en las conferencias de prensa de los funcionarios, no es propaganda gubernamental.
Es decir, ahora el contenido de la propaganda gubernamental, o sea, la propaganda gubernamental no depende, como hasta ahora del contenido, si no, de si está presupuestado o no. Con lo cual, claramente, lo que tenemos es que se alteran uno de los pilares de las condiciones de equidad en la competencia.
Lamento haberme extendido, pero cada vez que uno lee el Plan B, hay unos que no lo leyeron, aunque lo hayan votado, pero cada vez que uno lee el Plan B saltan más y más y más y más inconstitucionalidades.
Termino diciendo esto.
Sí, la selección están en riesgo, no lo dice el Consejero Presidente del INE, lo dice el INE en el informe al que ha hecho referencia el arranque de mi intervención.
Y están en riesgo en eso que afortunadamente, por el trabajo, la construcción institucional y política de los últimos 30 años ya no era un problema.
Lo que está en riesgo ahora es que no haya casillas en las Jornadas electorales o no haya las que debe haber, que las que hayan se instalen en lugares que no son aquellos en los que se deben instalar; que se integren por ciudadanos, que no son aquellos que legalmente deberían integrarlas.
Que los representantes de los partidos políticos eventualmente puedan no ser admitidos o entren sin estar acreditados ¿Por qué? Porque la reforma establece que lo que hoy se tiene que ocurrir 13 días antes, el registro de los representantes ante los partidos políticos, y que pueden sustituirlos hasta 10 días antes de la elección, no más, y eso permite, por cierto, que las acreditaciones vayan en los paquetes que se le entregan a los presidentes y el día de la Jornada Electoral, el Presidente c sepa quién va a estar ahí como representante y le podrá permitir el acceso.
Ahora, ocurrirá el registro 48 horas antes y la sustitución puede ocurrir el mismo día de la Jornada Electoral.
¿Como demonios desde los Consejos Distritales le vamos a avisar los presidentes de las casillas cuando hay ocasiones en que la distancia entre el Consejo Distrital y la casilla es de varias horas? ¿Quién tiene derecho o no de entrar o no a la casilla? Con un pequeño detalle, todas las que he mencionado son causales de nulidad de la votación.
Si hoy no ha habido una sola elección en los tiempos recientes que se haya anulado por estas causas. Hoy el riesgo de nulidad de las elecciones se incrementa.
No quiero pensar, y con esto concluyo, que ese es el propósito que está detrás del Plan B, porque eso sería gravísimo.
En todo caso, el Plan B claramente altera las condiciones de las elecciones tal como las conocemos y ponen en riesgo las elecciones en eso que no era un problema.
El Plan B nos hace retroceder 30 años en el tiempo, cuando las elecciones eran probablemente el primer problema político, el primer problema el mayor problema que enfrentaba nuestra sociedad.
La responsabilidad de los tribunales es enorme y creo que hoy, que es tiempo de la Corte y del Tribunal Electoral y de los juzgados de distrito, lo que nos toca a los demócratas convencidos, es respaldar el trabajo que ellos realicen, y no caer en la lógica propia de las mentalidades autoritarias, de enfrentar esta etapa delicadísima de la vida política del país a partir de las amenazas. Dejemos las amenazas a los autócratas.
Los demócratas tenemos que confiar en la institucionalidad, y la vulneración a la Constitución es tan amplia que estoy convencido de que la Corte hará su trabajo.
Muchas gracias.
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