VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN LA PRESENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PARA LA SEGURIDAD DE LOS CANDIDATOS Y CANDIDATAS A LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN LAS ELECCIONES DE COAHUILA Y EL ESTADO DE MÉXICO 2023
Audio primera intervención
Audio segunda intervención
Muchas gracias.
Muy buenos días, Sergio, un verdadero privilegio, presidenta, estar aquí, Silvia, en el COLMEX, que si bien no es mi casa académica, porque no me formé aquí, es mi casa académica porque aquí buena parte de los proyectos en los que he estado involucrado se han desarrollado, y es un punto de referencia del pensamiento crítico y del compromiso social que la universidad pública debe tener.
Mil gracias, un verdadero privilegio estar de nueva cuenta en el COLMEX y, como ya decía Silvia, tal vez, tal vez lo que sea, probablemente una de las últimas colaboraciones, le digo a Silvia que faltan 54 días antes de terminar, así que tenemos todavía chance de firmar algún convenio adicional en el que el INE esté involucrado más adelante, pero, sin lugar a dudas, una colaboración de quién siempre ha visto al Colegio de México, no solamente porque en mis épocas de hacer la tesis de licenciatura, la Biblioteca Cosío Villegas era un remanso, no solamente de cultura y de sabiduría, sino también, de paz, pues aquí me van a tener un buen rato hasta que no me digan que no soy bienvenido.
Muchas gracias, de veras.
Quiero agradecer en primer lugar la invitación a este evento y la oportunidad de participar con algunas reflexiones sobre los resultados de esta investigación que ha llevado a cabo, se ha llevado a cabo en el seno del Seminario de violencia y paz, un espacio, lo decía también a Sergio, que se ha convertido en un punto de referencia, de un problema en el que como sociedad corremos el riesgo de normalizar y, por lo tanto, de perder incluso la capacidad de indignación, que es justamente la ola de violencia que desde hace ya pues casi dos décadas, como decía Manuel, azota al país.
Este es un espacio de reflexión, un espacio serio, un espacio ajeno a la estridencia, pero además, un espacio como está planteándose hoy mismo, o como se evidencia hoy mismo, propositivo para enfrentar un problema que es un problema multifactorial y, que solamente así, desde múltiples perspectivas puede enfrentarse.
Decía, esta investigación realizada en el seno del Seminario de violencia y paz, coordinado con tino, constancia, con sentido de la responsabilidad pública y compromiso democrático, agregaría, del doctor Sergio Aguayo.
Muchas gracias, pues por haber involucrado también al propio Instituto en el acompañamiento de este que es un tema que no es exclusivamente electoral, pero que sin lugar a dudas, preocupa cuando alcanza el ámbito electoral.
Agradezco también a la doctora Silvia Giorguli la invitación a este espacio de diálogo, no solo el de este evento, sino en general en El Colegio de México, en su conjunto, que es un lugar de reflexión intelectual que siempre ha sido respetuoso de la pluralidad de ideas, la discusión cuidadosa de fenómenos sociales, soportada en evidencia y no solamente en opiniones o mucho menos en subjetividades, y la promoción de la deliberación abierta para mejorar la comprensión de los asuntos que afectan la realidad mexicana y más allá de nuestras fronteras.
Estos son los espacios de privilegio en el sentido de las grandes conquistas, y no en el sentido denigratorio que algunos quieren estigmatizarlos, de espacios de privilegio con los que cuenta el país y que debemos y es responsabilidad colectiva cuidar y procurar.
Por supuesto, saludo también la presencia de la Presidenta y el Presidente de los institutos electorales del Estado de México y Coahuila, por cierto, si no me equivoco, ambos resultaron, Amalia, Rodrigo, de un proceso de selección en el que el Consejo General los designó, pero cuya criba, en cuya criba estuvo involucrado precisamente el COLMEX; es decir, en el diagnóstico y elaboración, revisión de los propios ensayos, que son una de las etapas de selección. Así que pues aquí hay dos buenos testimonios de lo que significa la colaboración interinstitucional que el INE y el COLMEX han venido trabajando conjuntamente.
Me da mucho gusto pues compartir esta mesa ahora con ustedes en el ámbito de sus serias y graves, se dice, responsabilidades de las que, en buena medida, dependemos todas y todos en la recreación de las elecciones como un espacio de reiteración de la democracia como la forma de convivencia pacífica.
También saludo, aprecio y valoro mucho la participación y presencia del Secretario de Seguridad del gobierno del Estado de México, el maestro Rodrigo Sigfrid, muchas gracias por lo que nos toca señor Secretario, a la colaboración en la construcción del proceso electoral local más grande de la historia, hasta ahora que es justamente el de la renovación de la gubernatura en el Estado de México.
Las recomendaciones en materia de seguridad de candidatas y candidatos a cargos de elección popular en las elecciones de Coahuila y el Estado de México, que hoy estamos presentando y el estudio que les da soporte, son importantes, me parece, por partida doble.
Por un lado, porque son el resultado de un trabajo académico y de investigación elaborados con rigor y profundidad que garantiza el trabajo del equipo coordinado por el doctor Sergio Aguayo, así como de la institución a la cual pertenecen, El Colegio de México.
El hecho de que éste sea un estudio realizado por quien lo realiza y en el contexto, en la institución en la que se realiza, es una garantía, insisto, de seriedad, de rigor y de calidad académica.
Por otro lado, las recomendaciones abordan uno de los temas más importantes, de mayor urgencia, para la vida pública democrática en la actualidad. Me refiero, por supuesto, al tema de la inseguridad y de la violencia criminal.
Un primer asunto que me importa subrayar es que estos fenómenos sociales que padecen quienes buscan el sufragio popular para alcanzar una posición de responsabilidad pública, no son exclusivos de este sector de la población. Es decir, de quienes aspiran a un cargo público y compiten en comicios por él.
Por el contrario, sus afectaciones se enmarcan en un contexto mucho más amplio de inseguridad y violencia que impacta a amplias capas de la sociedad mexicana, a toda ella, aunque de diferentes maneras y que ha venido erosionando la convivencia cívica desde hace varias décadas, diluyendo el tejido social que es indispensable para toda convivencia democrática y esto está presente en distintos niveles y con distintos énfasis, incluso antes de que iniciáramos en México el proceso de transición a la democracia.
Me importa señalar que el fenómeno que hoy nos ocupa, violencia y elecciones, no es un fenómeno derivado el uno del otro. No es que necesariamente la violencia sea un fenómeno provocado por las elecciones, sino más bien que la violencia es un fenómeno social en donde las elecciones como parte de la recreación de la vida democrática, inevitablemente se circunscriben.
Es decir, el fenómeno de la violencia, si bien puede tener énfasis particulares como el estudio revela en el ámbito electoral, es un fenómeno de mucho mayor alcance y que tiene que ser enfrentado con una estrategia literalmente de Estado y no solamente centrada por los operadores electorales o los responsables de garantizar la seguridad exclusivamente durante los procesos electorales.
En efecto, uno de los anhelos y promesas más ambiciosas de la apuesta por la democracia que México inició hace más de tres décadas fue precisamente la solución a una serie de problemas, incluidos entre ellos, problemas sociales, incluidos entre ellos, por supuesto, el de la inseguridad, las violencias y la construcción de la paz.
Sin embargo, quizá una de las paradojas de nuestra transición sea que no hemos, con el tránsito a la democracia, logrado atender este grave y lacerante problema, a pesar de que hemos alcanzado, desde hace varios años ya, una vida democrática plena en el ámbito electoral, en la que la alternancia, por ejemplo, es parte de la normalidad, algo cotidiano en nuestros ciclos políticos y en donde la única incertidumbre hoy que tenemos es la única que se vale en democracia.
Al menos, en el ámbito de las elecciones, quién va a ganar las elecciones, a diferencia de lo que ocurría hace apenas 35 años, cuando la certeza era quién iba a ganarlas antes de que las elecciones incluso se realizaran, por supuesto, hace que la autoridad electoral, la noche de la Jornada, de los comicios declara los resultados preliminares, primero, y unos días después los definitivos.
Un contexto en el que, un ámbito en el que, en los pasados nueve años, por cierto, desde que se creó el sistema nacional de elecciones, hemos logrado tener cero conflictos postelectorales en los 330 comicios que se han alcanzado, que se han realizado; es decir y aquí hay una paradoja, tenemos el periodo de estabilidad política y paz y gobernabilidad democrática más largo de nuestra historia en un contexto en el que el incremento de la violencia preocupa, por el impacto en todos los ámbitos, incluyendo éste también.
A pesar de haber logrado esto, en efecto, la paradoja, es que aún no se ha logrado construir, como sociedad toda, las condiciones necesarias para la paz, para controlar la violencia criminal y la inseguridad.
Desde esta óptica, luego de analizar el conjunto de recomendaciones que nos presentan las y los investigadores del Seminario de violencia y paz, del COLMEX, es inevitable concluir que la democracia es, sin duda, mucho más que elecciones. Pero también es cierto que, sin elecciones libres y auténticas, la democracia es impensable.
En este contexto, la democracia peligra seriamente cuando las elecciones y sus actores centrales, la ciudadanía, las candidaturas y los partidos, se ven amenazados por la violencia y la inseguridad.
De hecho, como ya lo decía la doctora Giorguli, por definición la convivencia democrática supone la negación de la violencia, la democracia, así, es la única forma de gobierno en la que la disputa por el poder político de una sociedad transcurre por vías pacíficas y, en ese sentido, la democracia misma constituye una conquista civilizatoria.
Si bien este clima social adverso no controla, afortunadamente aún, la vida política del país, sí hay síntomas preocupantes que, si los dejamos pasar, ponen en riesgo a la democracia, a la libre expresión de las ideas y puede ahuyentar la participación de las personas en las elecciones, que son procesos definitorios del presente y futuro de nuestra nación.
Hay un número amplio y detallado de recomendaciones que nos presentan las y los autores de esta investigación. Cada una de estas recomendaciones, me parece, merece su debida valoración y análisis, pero permítanme mencionar ahora, en este momento, sólo algunas de las que me parecen más destacables.
En primer lugar, quiero subrayar que el conjunto de recomendaciones aluden a diferentes instituciones, se dirigen a diferentes instituciones y actores políticos, actores públicos. Se refieren a candidaturas, partidos, gobiernos y autoridades de seguridad en el ámbito federal y estatal, a los medios de comunicación, a las organizaciones cívicas, a la academia y, por supuesto, a las autoridades electorales.
En otras palabras, lo que el estudio nos transmite claramente es que el problema de la inseguridad y la violencia criminal en contextos electorales sólo se puede enfrentar y resolver desde la corresponsabilidad de los distintos entes involucrados, atendiendo al ámbito de competencia particular de cada actor e institución, y a partir, eso sí, de la coordinación efectiva entre autoridades y en comunicación estrecha con todos los actores relevantes.
Desde esta perspectiva, una primera recomendación del estudio que es necesario enfatizar, es el papel central que tienen los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y la academia, para visibilizar, dar seguimiento y contribuir al contexto de exigencia indispensable en relación a la situación de inseguridad y violencia criminal en el país.
Su trabajo es vital para mejorar la comprensión de las dinámicas de la violencia, entender sus variaciones locales y para, respecto de los diferentes cargos de elección popular, como ya mencionaba Manuel, así como para encontrar la forma de incorporar las auténticas políticas públicas.
Por otro lado, una recomendación pertinente que conviene explorar es el registro puntual de casos y experiencias de evidencia, inseguridad de candidatas y candidatos que los partidos podrían recoger y reportar a las autoridades electorales, pero con el único fin de que estás, compartan a su vez información con las autoridades federales y locales pertinentes.
Y serán estas autoridades las responsables de la seguridad pública en cada orden de gobierno, las que evalúen la información, y en consecuencia, puedan tomar las medidas más adecuadas para proteger a las y los candidatos.
Resultan interesantes también las recomendaciones dirigidas a los partidos políticos y perdón, y esto me importa subrayarlo, porque es muy frecuente durante los procesos electorales, que a los titulares de los órganos encargados de la organización de los comicios, nos digan, y qué van a hacer para blindarse, brindar seguridad a los candidatos. ¿Y qué van a hacer para brindar seguridad a los ciudadanos en las mesas de votación? La respuesta que uno siempre dice es que eso no nos toca a nosotros, pero tampoco podemos ser omisos frente a un fenómeno que inevitablemente es lacerante y debe preocuparnos a todos.
Resultan interesantes, también decía, las recomendaciones dirigidas a los partidos políticos respecto del análisis de riesgo, sondeo y filtrado que podrían llevar a cabo de sus aspirantes y el registro interno de candidaturas, con el fin de identificar casos y factores de riesgo.
Hay veces que se le pide a la autoridad electoral, oigan, hagan test, donde, incluso se ha llegado a proponer, no es cierto, “hagan polígrafos antes de registrar las candidaturas”. Espéreme tantito, si los que postulan a los candidatos son los partidos, la primera criba en ese sentido debería venir precisamente de los propios partidos políticos, a partir de, insisto, sin números, sin numerosas fuentes de diversas fuentes de información que les permitan tomar las decisiones más convenientes, es decir, al final del día, que un candidato que tenga algún tipo de vínculo criminal, por ejemplo, pues no es una responsabilidad de la autoridad electoral, es una responsabilidad en primera instancia de quien lo postula.
Dicho eso, no es lavarse las manos, es deslindar responsabilidades y entender que este es un fenómeno que solamente se puede enfrentar de manera colectiva, como justamente el estudio señala.
Pero de llevarse a cabo estas medidas, es fundamental garantizar que no se conviertan, y este es la otra contraparte, el arma del doble filo que esto supone, que no se conviertan en recursos para la discriminación o para el control antidemocrático de los procesos de participación política interna dentro de los mismos partidos, bajo el argumento de contribuir a la protección, la seguridad y la prevención de la violencia criminal. Es decir, cuidado con los controles que se tienen que instrumentar, indudable.
Del mismo modo que habría que decir, cuidado con la utilización por parte de los órganos encargados de la seguridad, de no utilizar su actuación para tratar de incidir en la contienda política, ni al interior de los partidos, descalificando o cribando candidatos, ni en la competencia electoral misma; interponiendo denuncias, como ya ha ocurrido y muchos protestamos públicamente por el que es tal vez el caso más abusivo de nuestra historia de un uso de la justicia penal para inhibir o tratar de incidir en una contienda política.
Ése por el que muchos, hace ya casi 20 años, marchamos en la calle para protestar y evitar que ocurriera el caso del desafuero. Así que cuidado con eso, es un arma de doble filo. Aunque por supuesto la gravedad del problema que enfrentamos nos invoque a en este tema, actuar con celeridad y firmeza, pero siempre tratando de evitar que generen nuevos problemas al tratar de solucionar otros.
Es decir, para decirlo con claridad, el combate a la violencia en política, en una democracia debe ser en consecuencia lo menos intrusivo y lesivo con los propios derechos que están en juego y no pueden convertirse en un pretexto para alterar la lógica del funcionamiento mismo de la democracia.
Coincido plenamente con la recomendación de que es indispensable moderar la belicosidad de los discursos políticos y que el estudio hace.
En efecto, la polarización y las agresiones verbales agravadas hoy por graves dosis de intolerancia de las que se nutre la discusión pública crean un contexto que favorece o incluso hace más propicia la violencia electoral y no es un asunto menor.
La historia de la democracia ha evidenciado, o de las regresiones democráticas ha evidenciado cómo la violencia verbal es la antesala de la violencia física, y la violencia física es la negación de la democracia misma.
Luego hay quien dice lo que quiere en aras de la libertad de expresión. Está bien, pero cuando se tiene, estamos hablando del discurso público hay que hacerlo con responsabilidad y tomando conciencia de que la violencia verbal puede tener consecuencias concretas en la recreación de la convivencia democrática.
Sólo agregaría que esta recomendación dirigida en el estudio especialmente a los partidos políticos debe ser ampliada también a otros actores que de una u otra forma, participan e inciden en la vida política. Es decir, debe incluirse también a los gobiernos y a los medios de información.
El problema de la violencia es un problema integral y, por lo tanto, no hay un único responsable, pero al ser muchos los responsables, tampoco ninguno de ellos puede lavarse las manos.
En esta lógica tiene mucho sentido la propuesta que se hace en el estudio, de firmar pactos públicos de civilidad suscritos por partidos y candidaturas en el marco de los procesos electorales.
Y, aunque pueden parecer inocuos, los pactos políticos, el pacto político en contra de la violencia adquiere, en el contexto actual del país, el carácter de un auténtico contrato social. De hecho, debo decir que este tipo de pactos o acuerdos de civilidad es algo que ya venimos haciendo, aunque desde una racionalidad algo diferente, enfocándonos más bien hasta ahora al compromiso público con el cumplimiento de las reglas del juego democrático.
En efecto, desde el año pasado en conjunto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cada entidad donde hay procesos electorales, convocamos a todos los partidos políticos y a los gobiernos estatales a firmar un acuerdo por la integridad electoral.
Para las elecciones de este año, ya firmamos el acuerdo respectivo en el Estado de México el pasado 19 de enero y haremos lo mismo para la elección del Coahuila, el próximo 13 de febrero.
Por último, secundo, sin dudarlo, la recomendación que se hace en el estudio de que las autoridades electorales no deben involucrarse en la elaboración de mapas de riesgo y su actualización, aunque a veces haya sentencia del Tribunal que nos obligan a hacerlo.
Como bien se afirma en la investigación, esta es una actividad que puede poner en riesgo a quienes hacen el trabajo en campo en la organización de las elecciones. Nuestra gente cuando va a tocar puertas para invitar a ciudadanos a participar como funcionarios de casilla, cuando los capacitamos en sus domicilios, cuando nuestro personal acude a los lugares más recónditos del país, incluso en lugares en donde ni siquiera las fuerzas de seguridad pueden entrar para brindar el servicio de atención, de credencialización, por ejemplo, hace un trabajo estrictamente electoral, no hace un trabajo de inteligencia criminal o anticriminal.
Y eso hay que entenderlo y cuidarlo, aquí debo señalar, en consecuencia, que no sólo las y los candidatos a los cargos públicos son víctimas de la inseguridad, como ETELLEKT ha venido alertando proceso tras proceso, entre otras organizaciones.
Nuestros capacitadores electorales, quienes recorren el país en cada elección para visitar, invitar y luego capacitar a las y los ciudadanos que después serán funcionarios de casilla, también han sufrido violencia e inseguridad y tratar de minimizar el riesgo, al que están expuestos, a los que están expuestos en su trabajo, es fundamental en este sentido.
Ése es desafortunadamente el contexto en el que vivimos en el país y los órganos electorales somos responsables no de la seguridad, sino de instalar mesas de votación y recibir y contar los votos de las y los ciudadanos en todos los rincones del territorio nacional, haya o no, estén a quejados o no por fenómenos de violencia.
Así que pedirle a las autoridades electorales que, como nosotros conocemos el campo, le digamos a los partidos dónde se pueden meter o no, qué pueden hacer o que no pueden hacer, quién puede participar o no puede participar, pues acaba convirtiendo a las autoridades electorales en entes que ya hacemos muchas cosas que deberían hacer otros órganos del Estado.
Siempre me he preguntado, Sergio, por qué el INE es el órgano que tiene que monitorear todas las señales de radio y televisión, bueno, poque no había IFT, cuando se estableció esta obligación.
Bueno, cuando se creó IFT me acuerdo que le dije al primer Presidente, oye te transferimos todo el sistema de monitoreo, ustedes háganse cargo y a nosotros nos brindan servicio y pagamos por ello si hay necesidad; la respuesta fue no, muchas gracias, ¿por qué?, pues porque ustedes ya se confrontaron con los concesionarios, entonces mejor sigan ustedes en ese papel. Somos el único órgano electoral del mundo que monitorea las estaciones de radio y televisión, no nos pidan ahora que seamos los responsables de la seguridad en los procesos electorales, porque no solamente no tenemos herramientas y facultades, sino porque nuestra función y naturaleza es otra distinta.
Si a todo lo que ocurre en el país le agregamos la elaboración de mapas de riesgo en el territorio, pondríamos en muy serios aprietos, para decirlo de manera muy ligera, o más bien, en una auténtica zona de vulnerabilidad y de desprotección a todo el personal del Instituto, de los institutos, además, en el INE no contamos con el conocimiento técnico, ni con las capacidades institucionales para hacer labores de seguridad.
No seríamos, por ello, ni siquiera, aunque se quisiera, los más indicados para elaborar esos mapas de riesgo y para el caso, tampoco lo es ninguna otra institución electoral del país, así que coincido plenamente con esta recomendación que el estudio hace.
Concluyo recordando algo que, si bien es obvio, no por ello es menos importante.
Aunque la inseguridad criminal y la violencia parecen acrecentarse en tiempos de elecciones las autoridades electorales no pueden, no deben, hacerse cargo de ninguna tarea que suponga labores de protección o de seguridad pública, incluso, si involucra a las y los aspirantes en una contienda electoral.
Las autoridades electorales han sido creadas para organizar elecciones y deben hacerlo con los más altos estándares de calidad.
Le compete a las autoridades de materia de seguridad la protección de la integridad de las personas de todas, incluidas sin duda, y especialmente durante las elecciones, de candidatas y candidatos, dada la vulnerabilidad en la que estas y estos se encuentra según lo muestra la evidencia de este estudio.
Reitero lo que mencionaba antes, la única forma de entender y resolver el problema de la violencia y la inseguridad que padecen las candidaturas en las elecciones es partiendo de la corresponsabilidad de todas las instituciones y de todos los actores, pero siempre respetuosos de las atribuciones y funciones que tiene cada uno de ellos.
Eso sí, no se trata de lavarse las manos, se trata de asumir que tenemos un problema, que es un problema grave, que es un problema que si se sigue menospreciando puede acabarnos desbordando, y volver nuestra convivencia democrática en una quimera, en un mero membrete, pero, eso no, no hay que lavarse las manos, pero eso no supone que los órganos trasciendan, u ocupen, o jueguen, un papel que no les corresponde para superar esta situación.
La comunicación, pues, entre los distintos órganos tiene que ser fluida y permanente, pero sin excesos, pero sin defectos.
En la necesaria corresponsabilidad de todos los actores y en la obligada coordinación entre autoridades electorales y de seguridad, cada una en su ámbito, es en donde encontraremos mejores oportunidades para enfrentar el que hoy por hoy es uno de los problemas más serios y complejos que tenemos ante nosotros como sistema democrático.
La democracia, en este sentido, está en juego, por muchas razones, pero por ésta en particular, y por lo mismo, no hay, me parece, excusa que valga, para no avanzar conjuntamente en encontrar soluciones para éste que es un problema gravísimo que enfrentamos en nuestros días.
Muchísimas gracias.
(SEGUNDA INTERVENCIÓN)
Muchas gracias, Sergio.
No, mil gracias, y gracias por las preguntas.
A ver, trato de agruparlas, con alguna reflexión si se quiere más más general, pero, qué puede hacer el INE en materia de seguridad, pregunta Erika.
Bueno, hemos venido haciendo, no estamos, o sea, el tema la violencia tampoco es un tema novedoso para nosotros, hemos tenido que hacer elecciones en un contexto de violencia pues desde antes de que el IFE se convirtiera en INE, punto.
O sea, este es un fenómeno que tiene 15 años y que ha tenido una presencia, no solamente durante las elecciones, aunque evidentemente, como decíamos, es un fenómeno social y no solamente un fenómeno electoral, y esto ha implicado que tengamos una buena experiencia acumulada que hoy se encuentra también está salida de retroalimentación con el trabajo desde la academia, cosa que agradecemos muchísimo, con Sergio, nos planteó la alianza con el Seminario de violencia y paz, dijimos sí de inmediato.
Lamentablemente, entre otras cosas, por la falta de espacios, de multiplicidad de espacios como este.
Así que experiencia en el campo hay mucha, y justamente esa experiencia se ha venido traduciendo, ahora ya incluso por mandato del Tribunal de madera normativa, en la expedición en diciembre pasado, el 14 diciembre pasado, de un protocolo, que en realidad no inventa el agua tibia, si no lo que hacen es recoger y sistematizar, en un ordenamiento normativo del propio Instituto, la experiencia, los procedimientos, lo cual no está mal, de cara a los cambios que vendrán en el propio Consejo General, pues porque no, esta es una materia en la que no, digo, se pueden modificar, poner énfasis, pero digamos, la experiencia institucional en este tema es fundamental que no se pierda.
Así que este protocolo al que me remito lo pueden consultar en la página es, me parece un punto de referencia sobre lo que hay que hacer.
Qué es lo que hay qué hacer Erica, pues bueno, lo primero es asumir que este es un tema que nos involucra, digo, así que el negacionismo aquí no vale para un órgano electoral, al contrario.
Segundo, asumir cuáles son los límites.
Tercero, como se decía y como el propia estudio y las recomendaciones que hoy comentamos sugieren o plantean, pues es un trabajo de muchísima coordinación y comunicación, así que cada vez que tenemos, más allá de lo que está mandatado por ley para el INE: la relación con Las Fuerzas Armadas, con La Marina, con El Ejército, digamos, establecer esto que ha sido muy funcional y que es práctica recurrente.
Rodrigo y Amalia, como parte de, lo que comentan ahora, también lo que decía Rodrigo, en fin, cuando hay procesos electorales hay reuniones a las que los órganos electorales en materia de seguridad tenemos que asistir para enterarnos de lo que tenemos que enterarnos, no para lo que no tenemos que enterarnos y hay momentos en los que tenemos que salirnos.
Pero esa coordinación que le permite a las instancias de seguridad saber cuáles son los pasos que tenemos que ir siguiendo, cuáles son las zonas de riesgo como ese Rodrigo, para nosotros es un momento delicadísimo en términos de la operación electoral, entiéndase el regreso de los paquetes a nuestras bodegas, lo que son la noche la elección y son los momentos en los que la tensión y la pasión política se desborda son claves.
Y dependiendo de la zona, que tampoco se puede decir, este protocolo generaliza, pero cada, algo que hemos aprendido es que, déjenme ahora, yo siempre he dicho que no hay un mapa, que nosotros no hacemos un mapa de la violencia, pero la presencia de la violencia nos obliga a tener medidas y a adoptar medidas para proteger a nuestra gente y para conseguir también a los propios candidatos distintas, de lugar en lugar.
Lo pongo con un ejemplo que me gusta, que evidencia pues la complejidad de operar en un contexto de violencia tan diverso como el del país, que puede cambiar no solamente de estado en estado, sino de municipio en municipio.
Uno de los lugares para operar elecciones más complicado es en el Estado de México, Ecatepec. Pero ¿por qué? Pues porque tenemos nuestro personal en campo, esa es la zona del país en donde más robos sufre, entre otras cosas, porque desde que los dotamos de un teléfono celular a los operadores del INE para poder nutrir a partir de estos mecanismos tecnológicos de información nuestros sistemas y demás, pues vaya, en Ecatepec los capacitadores nunca van ya, prácticamente lo hacen así, nunca van con el chaleco del INE, porque eso significa que son blanco de la delincuencia en el sentido de robo.
¿Por qué? Porque saben que traen su celular y además traen el celular del Instituto. Y nos ha pasado que a la misma, al mismo funcionario lo asaltan dos veces la misma semana y uno dirá pero por qué, qué mala suerte. No, pues es que claro que cuando le roban el celular pues para seguir operando, tenemos que reponérselo de inmediato y en Ecatepec nuestro personal de campo no usa el chaleco del INE.
Hay otros lugares del país en los que usar el chaleco del INE como distintivo es fundamental para poder entrar en algunas zonas. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un fenómeno sumamente complejo, así que decir, y para nosotros qué hacemos, bueno para nosotros poder operar elecciones significa rápidamente aprender de lo que está ocurriendo en un escenario que es absolutamente cambiante.
En una elección tenemos una gran, por ejemplo, Ciudad Juárez, de elección en elección ha pasado a ser un lugar probablemente de los más complicados para operar el campo a, dependiendo de los cambios de gobierno, de las políticas, del mapa de la criminalidad, no lo hacemos nosotros, vuelvo a insistir, en la siguiente elección Ciudad Juárez es uno de los lugares más tranquilos para operar.
Nunca es tranquilo Ciudad Juárez, pero no como el anterior y el siguiente ciclo lo mismo.
Lo que se mencionaba por ejemplo, en Guerrero. En Guerrero en 2015, a pesar del contexto de violencia y de crispación social, pues en el municipio de Chilapa para nosotros fue un lugar en el que pudimos operar sin problemas. En el siguiente ciclo electoral, de 2018, nos mataron incluso a un par de funcionarios electorales, además que mataron a no sé cuántos candidatos y demás.
Es decir, lo que quiero decir es que la capacidad de adaptación que tenemos que desarrollar las autoridades electorales, igual que las autoridades de seguridad pública, es fundamental.
Y este protocolo describe muy bien lo que hay que hacer o lo que tiene que hacer el INE: instalar mesas de comunicación permanente, cuándo tiene que hacerse, si llegamos a pretender establecer mecanismos con las instancias de seguridad durante las campañas electorales, se nos fue el tren. Esto arranca desde el momento mismo en el que hay que empezar la operación electoral.
Y las instancias de seguridad deben saber cuáles son nuestros calendarios, nuestras actividades en campo para poder brindar la protección, para poder alertarnos y viceversa.
O sea, para nosotros es fundamental saber pues dónde no hay que meterse, en qué momento no hay que meterse y eventualmente el problema de nosotros es cómo recuperamos el tiempo perdido para que haya elecciones como debe de haber ahí.
Entonces, digamos, yo lo primero que diría es pues eso. Qué bueno que haya un protocolo, ese protocolo son las reglas básicas, como todas reglas hay excepciones que la propia circunstancia va poniendo sobre la mesa.
¿Qué más puede hacer el INE en materia de seguridad? Pues la comunicación permanente con las instancias de seguridad y aunque uno de los temas de este estudio es la protección de candidatos, ser muy enfáticos en una cosa, el INE es un punto de comunicación entre los partidos y las candidaturas y las instancias que brindan seguridad y, es más, las que diagnostican si hay necesidad de seguridad.
Nos han llegado algunos candidatos, así ha pasado, omito nombres que de repente nos dicen “uy, necesitamos, pido seguridad y necesito vehículos blindados, escoltas”. Y cuando se turna a las instancias de seguridad, pues es que no necesitan absolutamente nada, pero pues aprovechó la candidatura para decir pues ahora estoy más tranquilo.
Es decir, lo que quiero decir es que nosotros no hacemos el diagnóstico, nosotros somos, como lo dice la ley, un punto de entrada para recibir estas solicitudes; tenemos que turnarlas a las autoridades competentes, las federales o las locales si es el caso y ellos son los que determinan si el diagnóstico del esquema de riesgo, el diagnóstico respecto de las eventuales medidas de protección y, por supuesto, proveer dichas medidas.
Entonces, yo diría esencialmente eso y mucha comunicación y mucha retroalimentación. Voy a decir también algo más delante de lo que creo que hay que hacer, pero no solamente las autoridades electorales, sino el Estado.
Segundo, los temas de género, de violencia de género.
Bueno este es un estudio que está centrado, ya lo decía Sergio, sobre todo en la violencia criminal y, si atendemos los datos que tenemos nosotros, por cierto, ETELLEKT tiene su propia metodología y demás, nosotros lo que tenemos y lo que hemos siempre puesto a disposición es los datos de los registros que tenemos.
Ante el INE, por las cuestiones de fiscalización, sabemos que se tienen que registrar todas las precandidaturas a todos los cargos de elección popular del país y todas las candidaturas, porque nosotros fiscalizamos, pero hasta ahí y muchas veces se decía, es que ETELLEKT ya dice que van más de 100 políticos, políticos, ¿qué quiere decir eso?, o sea, nosotros damos y hemos puesto sobre la mesa las cifras de los que han sido candidatos o candidatas, precandidatos o precandidatas que han sido registrados.
Y lo que nos evidencian esas cifras es que la violencia criminal no distingue por cuestiones de género, en cuanto tal, es más, si vas hacia atrás probablemente haya más candidatos que han sido violentados que candidatas, pero eso también obedece a una cosa, Sara, al hecho de que el tema de la paridad es un tema bastante reciente, entonces el volumen de candidatos respecto al de candidatas hoy se ha equilibrado porque lo ha mandatado la ley y las acciones afirmativas que hemos tomado los órganos electorales, pero es un fenómeno que no lleva más de seis años y el de la violencia lleva más.
Segundo, lo que sí es cierto y eso sí lo digo aunque no es objeto de este estudio, pero la pregunta de la compañera y la tuya misma, Sara, es el hecho de que México vive una paradoja que es dramática: a la par de que hemos avanzado de manera significativa y hay que estar muy orgullosos de ello en medidas que nos han permitido pasar de la paridad en las candidaturas, como lo mandata la Constitución, a la paridad en la representación.
Por cierto, el ámbito municipal es el ámbito en donde sí seguimos teniendo todavía un déficit en esta materia, en el ámbito legislativo, tanto a nivel federal como local eso está ya resuelto; tenemos un Congreso absolutamente paritario y hemos tenido congresos locales en los que como en el estado de Morelos en la Legislatura pasada llegamos a un 70 por ciento de legisladoras, en el ámbito municipal, no.
Es más, la tendencia es decreciente, en las elecciones de 2021 bajamos o estamos todavía lejos de lo que se conoce como masa crítica, 23 por ciento, si mal no recuerdo de alcaldesas, de titulares de poderes ejecutivos a nivel municipal, con una disminución respecto de la elección del 18, donde llegamos al 29 por ciento, son casi siete puntos, seis puntos porcentuales menos.
Entonces, ahí tenemos, pero la paradoja a la que quiero hacer referencia es que, a pesar de lo que se ha avanzado, también hoy tenemos un nuevo fenómeno, el de la violencia política de las mujeres se ha incrementado a la par, en contra de las mujeres, se ha incrementado a la par de la participación política de las mujeres.
Y eso es un fenómeno que hay que tomar en cuenta, no necesariamente vinculado con el tema criminal, pero aquí todos los temas de violencia se entrecruzan y se retroalimentan entre sí y, evidentemente, el tomar medidas de protección en términos, digamos, frente a la criminalidad organizada, pues hoy tiene una nueva frontera y un nuevo reto: hay que proteger a los candidatos y a las candidatas en particular, ya no solamente frente al crimen organizado, sino ante fenómenos como éste, digámoslo así, que tienen múltiples vertientes, incluido el de la criminalidad organizada, como, pues probablemente de manera muy emblemática el caso aquel de Valle de Bravo evidenciado por la revista Proceso, pues nos llevó a dimensionar.
Joy, a ver, creo que también a partir de este registro yo te diría que lo que sí sabemos es que es mayor la violencia criminal en contra de quienes aspiran un cargo público en la etapa de precampañas que en la etapa de campañas.
No sabría decir si esto es producto de que las campañas son mucho más visibles, en términos de la, digamos, eso, de la visibilidad pública, las campañas, las precampañas suelen ser, sobre todo, digamos, no en el caso del Estado de México donde todo mundo está atento a ver qué va a pasar, y quiénes serán las candidatas, sino en el ámbito de los municipios, con listas de regidurías, sindicaturas, etcétera.
Pero, sí, lo que tenemos registrado es que eso es un punto vulnerable, tal vez por la, digámoslo así, la menor visibilidad en la que los procesos internos suelen realizarse, ¿no?
Y si nos metemos con tema de género también ahí la violencia de género en contra de las mujeres se multiplica en el ámbito de la dimensión interna, y lo que mencionaban, Sara, y tú, colega, también es cierto. Hay una frontera todavía muy lejana por alcanzar en esta materia.
No quiero extenderme, solamente diría un par de cosas adicionales, lo primero un comentario, tres cosas si me permiten, tres cosas para ser puntual. Muy puntuales.
Lo primero, Cristian, el gran problema es la impunidad, es decir, este es el gran problema, en este tema y en cualquier otro, digamos, en términos del Estado de Derecho el gran problema que tiene este país se llama impunidad.
Y, por supuesto, que, en esta materia, miren, nosotros no somos instancia de seguridad, pero damos seguimiento y tenemos conocimiento, y la cantidad de casos de violencia contra actores políticos, candidatos, candidatas, precandidatos, precandidatas, que no han sido resueltos es verdaderamente preocupante.
Y eso, incluso para nosotros, no sólo como estudiosos, sino como autoridades electorales, representa un problema, porque no sabes realmente cuáles son las causas que están detrás de ello.
No sabes si hay una causa política, querían echarse al candidato de enfrente; no sabes si hay una causa criminal, porque también eso hemos visto, o sea, candidatos que de repente, pues éste estaba vinculado con no sé quién, bueno, pues eso es un arreglo que no tiene nada que ver con la contienda electoral per se, es decir, no es una violencia provocada, es una violencia política sin duda contra un actor político, pero provocada por razones políticas.
O incluso, nos han tocado casos que al final del día parece que, parece que resultan que son asuntos hasta pasionales.
¿Qué es lo grave de esta historia? la propia impunidad lo que nos genera es que no podamos hacer un diagnóstico absolutamente preciso de cuáles son los alcances y cuáles son las implicaciones que hay detrás de todo esto.
Y eso me lleva al tema de lo que decía Joy, tu preocupación, a propósito de la violencia a corto plazo, sin lugar a dudas, y vinculado con la pregunta de Janet, a ver, el problema que estamos teniendo, y que nos ha preocupado a nosotros, es ver, percibir, pero datos y evidencia lamentablemente no la hay, a pesar, más allá de subjetividades, dichos, suposiciones, y qué sé yo, hablo de evidencia empírica, de que la criminalidad organizada, y aquí hablo de ese tipo, de la violencia, de la criminalidad organizad, no necesariamente de la violencia de género, esté mutando sus patrones de comportamiento respecto de las elecciones.
Es decir, tampoco es que hubiera mucha evidencia, pero bueno, en Morelos tú tienes caso lamentabilísimos de alcaldes, alcaldesas, que fueron asesinados luego de haber sido electos bajo esa lógica coloquialmente llamada “plata-plomo”. O sea, tú eres electo, llegan y te ofrecen soborno o convivencia o coordinación con la criminalidad organizada y si no, atente a las consecuencias.
Y eso sabíamos que ocurría de alguna manera, en algún grado. Hoy la verdad y eso es muy complicado y ése es un gran problema, como Estado no sé si alguien a ciencia cierta pueda decir si fenómenos como el del caso éste, mencionaba, de Valle de Bravo porque fue muy, se le pusieron los reflectores encima producto de este reportaje.
O los dichos, hablando de Sinaloa, es que ahí, es decir, que hoy tengamos una actitud de la criminalidad organizada, pasiva respecto a los procesos electorales, porque para qué te metes en broncas en un proceso electoral o de plano, o sea mejor espérate a que se resuelvan las cosas y luego vas con el que ganó y tan, tan.
O de plano hay una intencionalidad de interferir en el desarrollo mismo de los procesos electorales. No me refiero a lo que le toca al INE, poner casillas, porque ésa las podemos poner, algunas veces no hay ni que preguntar cómo le hacemos para, al personal de campo, para llegar y poner casillas en ciertos lados.
Nosotros, nuestra tarea es poner casillas y que haya un centro de votación con las boletas disponibles para los electores que tienen que votar ahí, sino más bien me refiero a la interferencia con el ánimo de propiciar ciertos resultados electorales. Es decir, de incidir en la contienda electoral. Esto, que se habla sin que sepamos hoy como Estado cuáles son las reales dimensiones.
Bandas del crimen organizado que secuestran operadores electorales o que secuestran o se inhibe la realización de campañas. Es decir, ésta aquí ya es una actitud mucho más proactiva y distinta hasta la que ahora había sido, digámoslo así, la regla que uno suponía había venido sosteniendo la criminalidad organizada y cuál es la preocupación que yo digo y reitero, de alguna manera Janeth esto lo menciono.
Después de 2021, hemos planteado la necesidad de que se haga un análisis de Estado en esta materia, porque las autoridades electorales no lo vamos a saber, ahí necesitas a los partidos políticos que te digan qué es lo que está ocurriendo. Las autoridades electorales intervenimos si hay alguna denuncia, no somos una instancia de investigación.
Las instancias de seguridad e inteligencia son las que te tienen que decir qué es lo que está ocurriendo.
Las autoridades financieras son las que te tienen que, hay colaboración. Nosotros fiscalizamos para efectos electorales.
O sea y por supuesto, es decir, las instancias de seguridad pública en cuan total.
Es decir, esta es una tarea de Estado y creo que como sociedad, como entes públicos, todavía nos debemos un diagnóstico de cuál es el estado de cosas real en esta materia. Y lo digo y lo he dicho siempre, la disposición del INE a colaborar con las instancias competentes para que esto pueda hacerse.
Por cierto, un diagnóstico que va a ser indispensable hasta para que las autoridades en el futuro puedan seguir trabajando y haciendo su trabajo, pero que no podemos ser ni los únicos responsables, porque no tenemos los insumos, ni tampoco podemos ser ajenos, porque también somos, tenemos una visión que creo, digamos, datos, diagnósticos, preocupaciones que deben ponerse sobre la mesa.
Pero sí falta una estrategia del Estado mexicano que genere, por un lado, diagnósticos precisos de este tema, que nos van a permitir saber si las especulaciones, lo que hoy es una especulación, tiene o no fundamento y qué grado de preocupación debe implicar, porque hasta ahora son más cosas de dichos, me contaron, se sabe que, así no puedes hacer una estrategia de Estado que sea eficaz para combatir la impunidad y que sea eficaz para generar condiciones de seguridad en las elecciones.
Y termino, Janet, la coordinación con instancias de seguridad cómo va, bien, avanzando conforme a los tiempos.
Ahora tenemos, se nos atravesó una elección que no es sencilla y que no teníamos contemplada, yo pensé que iba a terminar mi mandato con un número cerrado de 330 procesos electorales organizados como INE, este, bajo mi coordinación como Presidente, pero van a ser 331 porque vamos a hacer la elección extraordinaria, en dos semanas, el 19 de este mes, de senador en el estado de Tamaulipas, hablando de estados con (inaudible).
Y, bueno, eso ha implicado ya que se haya detonado, lo que dice el protocolo, no sólo los acercamientos, sino la conformación de los grupos de trabajo con las instancias de seguridad, tanto federales como a nivel estatal.
Y, bueno, ya se mencionaba por parte de Rodrigo, además, en el Estado de México y en Coahuila esto ya está avanzando conforme, hasta ahora, (inaudible).
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